El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció un recrudecimiento de la represión en Cuba al registrar 1.188 violaciones contra la libertad de prensa y expresión durante 2025. Este balance representa un incremento del 54,7 % respecto al año anterior y confirma la deriva autoritaria del régimen de La Habana frente a la disidencia y la sociedad civil.
De acuerdo con el reporte presentado por la organización, el año registró 995 violaciones vinculadas a la libertad de expresión y 193 relacionadas con la libertad de prensa. Esta proporción refleja no solo la ampliación del aparato represivo hacia sectores cada vez más diversos de la sociedad, sino también la drástica reducción del número de periodistas independientes que aún logran ejercer su profesión dentro de la isla. El estudio identifica a la Seguridad del Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria como las principales instituciones responsables de estos hechos.
El análisis detalla que el promedio mensual alcanzó las 99 agresiones, con un pico crítico en el mes de julio, cuando se documentaron 184 incidentes. Este aumento coincidió con los operativos desplegados para impedir manifestaciones o conmemoraciones durante el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Las amenazas, citaciones y vigilancias constituyeron el mecanismo más frecuente (435 casos), pero el informe subraya un preocupante incremento de las detenciones arbitrarias por parte de la dictadura cubana, que escalaron de 150 casos en 2024 a 386 en el último año, lo que significa que casi una de cada tres violaciones documentadas fue una privación ilegítima de libertad.
Represión extendida frente a la crisis estructural
El reporte evidencia que la persecución ha trascendido los círculos de activistas y opositores políticos. Las autoridades de la isla han incrementado el uso de procedimientos judiciales y administrativos contra ciudadanos sin militancia que utilizan las redes sociales para denunciar la profunda crisis estructural del país, tales como los apagones prolongados, la inflación galopante y el desabastecimiento crónico. El informe también recoge denuncias de malos tratos contra el opositor José Daniel Ferrer en prisión, además de agresiones a comunicadores independientes y condenas por difundir contenidos considerados incómodos para el poder.
El director general del ICLEP, Normando Hernández, concluyó que los patrones observados muestran una transformación en los mecanismos del Estado: \»2025 no fue simplemente un año con más represión, sino con una represión cualitativamente distinta: más dependiente de la detención arbitraria\». La organización advirtió que las cifras documentadas, concentradas mayoritariamente en La Habana, Matanzas y Villa Clara, representan solo el piso de la realidad debido al miedo, la autocensura y el aislamiento informativo en otras provincias. Este escenario proyecta un horizonte aún más restrictivo para la ciudadanía cubana, en medio de la falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos en la isla.
