Las periodistas Camila Acosta y Anay Remón García, del medio independiente CubaNet, han sido objeto de un nuevo episodio de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado en La Habana. Mientras Acosta permanece bajo vigilancia policial frente a su domicilio, su colega fue citada este lunes por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en una nueva maniobra de intimidación que forma parte de la política represiva del régimen contra la prensa libre.
Acosta denunció a través de sus redes sociales que este lunes se mantuvo un operativo de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda. La reportera señaló que desconoce los motivos de este cerco, aunque subrayó que las autoridades de la isla no requieren justificación legal para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, Remón García fue convocada para comparecer en una unidad policial, una diligencia que finalmente no se materializó porque el oficial encargado alegó haber sufrido una avería en su motocicleta. Esta táctica de citaciones frustradas es recurrentemente utilizada por el aparato represivo para desgastar psicológicamente a los comunicadores independientes.
Un patrón sistemático de represión
El acoso contra Acosta no es un hecho aislado, sino la continuidad de una estrategia de vigilancia y restricción de movimientos documentada en los últimos meses por organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (ICLEP) registró un episodio similar el pasado mayo, cuando una patrulla de la PNR y un agente de la Seguridad del Estado se estacionaron cerca de su casa sin mediar orden judicial alguna. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) también han alertado sobre operativos similares en marzo, cuando la dictadura cubana desplegó agentes para impedirle cubrir protestas estudiantiles y concentraciones públicas derivadas de la crisis energética.
El caso de Remón García sigue una trayectoria similar de hostigamiento. La reportera fue sometida a interrogatorios en 2022, donde agentes amenazaron con encarcelarla por su labor periodística. Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha incluido tanto a García como a Acosta en la lista de comunicadores a quienes el régimen de La Habana les ha impuesto una prohibición de salida del país. Estas medidas se suman a la detención que sufrió Acosta en julio de 2021, tras cubrir las protestas antigubernamentales del 11J, lo que evidencia un patrón ininterrumpido de criminalización del ejercicio periodístico.
Estas acciones se inscriben en el contexto de crisis estructural que atraviesa la isla, donde el colapso de los servicios públicos, los apagones prolongados y la inflación han generado un creciente descontento social. Ante la incapacidad de gestionar la crisis, el gobierno cubano ha optado por blindar el control informativo, utilizando el acoso policial, las citaciones arbitrarias y los arrestos domiciliarios de facto como formas de censura previa. El objetivo es impedir que la ciudadanía y la comunidad internacional conozcan la verdadera dimensión de la emergencia nacional y la respuesta represiva del Estado.
La persistencia de estas tácticas coercitivas contra la prensa independiente augura un endurecimiento del clima de represión en Cuba. Mientras la dictadura mantenga su política de asfixia mediática, el trabajo de los reporteros se volverá cada vez más precario y peligroso. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen el reto de exigir al ejecutivo cubano el cese de la persecución política y el respeto a la libertad de expresión, un compromiso incumplido que sigue condenando a la isla al aislamiento informativo y a la violación sistemática de los derechos civiles.
