Las autoridades de la isla ratificaron este martes la sentencia de dos años de privación de libertad contra Wendolín Campuzano Almaguer, quien deberá cumplir el castigo en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana. La joven, hija del periodista deportivo Armando Campuzano Guyón, enfrenta lo que su familia denuncia como una represalia política orquestada por el régimen de La Habana en respuesta a las críticas de su padre desde el exilio.
El comunicador, radicado en Canadá, confirmó la decisión judicial tras recibir una breve llamada telefónica de su hija. El juicio, celebrado el pasado 15 de abril, fue calificado por Campuzano como un proceso amañado. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente seis años de prisión y la amenaza de retirar la custodia de sus tres hijos menores, la condena final se basó en supuestos cargos de \»atentado\» contra un oficial de la Policía, acusaciones que la defensa asegura son infundadas y que estuvieron plagadas de contradicciones en los testimonios de los testigos presentados por la acusación.
Represalia y criminalización de la protesta
El caso de Wendolín no se limita a un conflicto aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostigamiento sistemático. Su padre vinculó la persecución con la publicación de su libro \»Cuba, el Titanic del Caribe\» y con el activismo previo de su hija, quien en 2021 colgó una sábana con la consigna \»Patria y Vida\», símbolo de la disidencia en la isla. Aunque el expediente inicial incluía estos elementos políticos, el gobierno cubano optó por encausarla bajo figuras penales comunes, una táctica recurrente para maquillar la represión política. Antes de ser trasladada a El Guatao, la joven advirtió a su familia su intención de iniciar una huelga de hambre.
Esta condena se produce en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa el país, caracterizada por un éxodo migratorio sin precedentes, el colapso de los servicios públicos y un endurecimiento de la represión social. La dictadura cubana ha intensificado su maquinaria judicial para silenciar cualquier atisbo de disidencia, utilizando el sistema penal como herramienta de control. Organizaciones como Prisoners Defenders han documentado al menos 1.260 prisioneros políticos y de conciencia en la isla, incluyendo 142 mujeres y 35 menores de edad, lo que evidencia el carácter masivo y arbitrario de la persecución estatal.
La ratificación de esta sentencia envía un mensaje intimidatorio a los familiares de opositores y periodistas exiliados, demostrando que la dictadura cubana está dispuesta a utilizar a los familiares residentes en la isla como rehenes para acallar las denuncias en el exterior. La comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, continúan alertando sobre el uso de cargos prefabricados para criminalizar la protesta pacífica, mientras la situación de vulnerabilidad de los presos políticos y sus familias se agrava sin una respuesta contundente que frene la impunidad del ejecutivo cubano.
