La paradoja del sector energético y forestal en Cuba refleja el colapso estructural del país: mientras el gobierno cubano prioriza la exportación de carbón vegetal a Europa para obtener divisas, los ciudadanos en el interior de la Isla dependen de un mercado informal inflacionario y clandestino para poder preparar sus alimentos, ante la ausencia de gas licuado y los apagones diarios de más de 20 horas.
En el reparto Condado de Santa Clara, el acceso al carbón se ha convertido en una odisea diaria para las familias. Por un laberinto de callejones se encuentra Israel, un maestro de secundaria de 56 años que se ha convertido en el único vendedor local que fracciona el producto. Ofrece pequeñas jabas de nailon con seis o diez trozos a 500 pesos cada una, una alternativa frente al precio de un saco completo, que oscila entre los 4.000 y 5.000 pesos. Esta zona periférica ha sido históricamente un epicentro del mercado clandestino, donde los cubanos buscan lo que el Estado no garantiza.
La estrategia de Israel de vender el carbón por porciones responde a la precariedad salarial impuesta por el sistema económico de la Isla. Aunque a primera vista parece un favor, ocho de estas bolsas equivalen al precio de un saco en otros puntos de venta. El maestro explica que muchos clientes, como ancianos que venden cigarros o recogen latas, reúnen el dinero día a día. Su reflexión es directa: ningún trabajador del Estado en Cuba puede pagar de un solo golpe un saco de carbón, lo que evidencia la desconexión total entre los salarios oficiales y el costo real de la supervivencia.
Desde mediados de junio, el mercado informal ha registrado un aumento abrupto en el precio del carbón vegetal en casi todas las provincias. Antes del período lluvioso, un saco de cinco latas costaba cerca de 2.000 pesos, pero en cuestión de semanas el valor se duplicó. Según denuncias en redes sociales, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas son las provincias más afectadas. En La Habana, la activista Yamilka Lafita, identificada en Facebook como Lara Crofs, reportó precios ligeramente menores, sobre los 3.200 pesos, aunque igualmente inaccesibles para la mayoría de la población.
Esta dependencia del carbón es consecuencia directa del colapso de los servicios públicos. En Santa Clara, hace más de un año que no se expende el gas licuado normado por núcleo. La situación se agrava con cortes de electricidad superiores a las 20 horas diarias, dejando a las familias con apenas dos o tres horas de energía. Un saco de carbón, si se usa para cocinar tres veces al día, apenas dura medio mes. Para extender su uso, muchos ciudadanos recurren a humedecer las brasas encendidas, una práctica desesperada para reavivarlas y evitar que se consuman por completo.
La vulnerabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) agrava la crisis de manera constante. Durante la desconexión ocurrida el pasado 10 de julio, Horacio Gutiérrez, un vendedor de la zona, agotó en horas 15 sacos que había traído desde Manajanabo en un carretón. La desesperación era tal que algunos clientes ofrecían pagar hasta 1.000 pesos extra por encima del precio para asegurar su reserva. Gutiérrez señala que en las zonas rurales se produce mucho carbón de forma informal, pero la falta de transporte adecuado impide trasladarlo eficientemente a las cabeceras municipales.
Vendedores consultados coinciden en que el encarecimiento no proviene de los fabricantes primarios, sino de la cadena de intermediación. Cuando el carbón pasa de la fuente a una segunda mano y luego a los transportistas, el precio se multiplica exponencialmente. Esta ineficiencia logística es un síntoma más del deterioro de la infraestructura nacional y la incapacidad de las autoridades de la isla para articular un mercado interno funcional que abastezca a la población.
Preparando café en una hornilla de carbón (Foto de la autora)
La crisis ha empujado a muchos cubanos a la producción clandestina, exponiéndose a la represión estatal. Julio, un joven de 23 años, fabrica carbón sin licencia en la periferia de la ciudad usando hornos artesanales o «cachimbitos» en descampados. Aprendió el oficio de su abuelo, pero vive con la incertidumbre de ser delatado. En Santiago de Cuba, residentes han usado maderos de árboles derribados por el huracán Melissa para saltarse las normas urbanas. La dictadura cubana, a través de la Ley Forestal 85/1998 y la Resolución 365/2024, impone un control estricto sobre la tala y el traslado de productos forestales, criminalizando la supervivencia de los ciudadanos ante la ineficacia estatal para proveer alternativas.
Las multas impuestas por el ejecutivo cubano superan con creces cualquier ganancia obtenida por estos trabajadores. Una mujer identificada en Facebook como «Gipsy Azucar Miel», residente en Sibanicú (Camagüey), defendió el oficio del carbonero, describiéndolo como un trabajo duro y peligroso. Quienes se dedican a esto enfrentan el corte de madera bajo el sol sin motosierras, noches enteras vigilando los hornos y el daño pulmonar por el polvo negro. A pesar de esta precariedad, las multas pueden superar los 30.000 pesos, una cifra que ahoga a estos trabajadores informales que solo buscan sostener a sus familias.
El contraste entre la exportación y el hambre interno
Mientras los ciudadanos destinan hasta el 70% de su salario para comprar carbón, muchas veces de mala calidad, el régimen prioriza la exportación del producto. El pasado 21 de junio, el portal del Gobierno provincial de Villa Clara publicó una felicitación a los trabajadores agroforestales, asegurando que el carbón se produce para el consumo nacional y la exportación. En los comentarios, decenas de cubanos cuestionaron la afirmación, preguntando dónde está ese carbón que supuestamente abastece al mercado interno.
Carbón a la venta, en Santa Clara (Foto de la autora)
Según un reportaje de el Toque, en 2024 existían en Cuba más de un centenar de mipymes privadas vinculadas a la producción de carbón vegetal y sus derivados. Estos productores con licencia venden a empresas estatales y privadas, y exportan a través de intermediarias del propio Estado. Los medios oficiales han elogiado el carbón de marabú como un combustible muy demandado en Europa, generando ingresos millonarios en divisas para el gobierno cubano. Sin embargo, esta riqueza no se traduce en mejoras para la población, que sigue sumida en la pobreza energética y obligada a cocinar con maderas de menor calidad, como la anacahuita o el palo blanco.
La situación del carbón es un espejo de la crisis estructural que atraviesa la Isla. La inflación galopante, la devaluación del salario, la falta de gas y los apagones prolongados son el resultado de décadas de mala gestión y de un modelo económico centralizado que ha fracasado. La necesidad de recurrir a métodos del siglo pasado, como cocinar con leña y carbón, ilustra el grado de retroceso en la calidad de vida de los cubanos. Ante este escenario, el éxodo migratorio se intensifica, mientras la dictadura cubana mantiene su discurso triunfalista y reprime cualquier intento de protesta social o producción independiente.
El futuro inmediato se presenta sombrío para las familias cubanas. Mientras el régimen de La Habana continúe priorizando la captación de divisas a través de la exportación, sin reinvertir en la infraestructura energética nacional ni en el bienestar de sus ciudadanos, la dependencia del mercado informal y la represión a los productores independientes seguirán en aumento. La comunidad internacional debe observar con atención cómo la falta de libertades y el colapso económico no solo son cifras macroeconómicas, sino realidades que se cocinan a fuego lento, con carbón clandestino, en los patios de las casas cubanas.
