Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba experimentaron un notable aumento en marzo, alcanzando los 8,7 millones de dólares autorizados para el sector privado, mientras el régimen de La Habana mantiene su narrativa de culpar a la política estadounidense por la profunda crisis energética que sufre la isla.
De acuerdo con cifras oficiales divulgadas por Washington, el salto en los envíos de derivados del petróleo es significativo si se compara con los 2,5 millones de dólares exportados entre enero y febrero. Esta dinámica se da bajo la excepción \»Support for the Cuban People\» (SCP), un mecanismo que permite la venta de gasolina y fueloil a individuos y empresas privadas, siempre que las operaciones no generen ingresos para el Estado cubano ni beneficien a sus estructuras militares o de inteligencia.
Mecanismos de excepción y endurecimiento financiero
El combustible llega principalmente en tanques ISO con capacidad aproximada de 21.600 litros; hasta finales de febrero se habían descargado en territorio cubano cerca de 200 contenedores, mayormente diésel. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había flexibilizado ciertas licencias para la reventa de petróleo de origen venezolano, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) suspendió el 4 de marzo el uso de la excepción SCP para depósitos en bancos estatales, argumentando un \»riesgo inaceptable\» de que el gobierno cubano capte estos recursos.
El incremento de estos envíos contrasta con el discurso oficial de las autoridades de la isla, que sistemáticamente atribuyen los apagones recurrentes y la escasez de recursos al embargo estadounidense. Sin embargo, la realidad demuestra que Washington mantiene canales viables para el abastecimiento del sector no estatal. La crisis energética que padece la población responde más bien a la ineficiencia estructural, la falta de inversión en el parque termoeléctrico y la desidia que caracteriza a la dictadura cubana en la gestión de recursos.
El colapso de la generación eléctrica continúa afectando dramáticamente la vida cotidiana, exacerbando la inflación, el desabastecimiento de alimentos y el éxodo migratorio masivo. Mientras el ejecutivo cubano prioriza el control político y la represión social sobre la búsqueda de soluciones reales, los intentos de la comunidad internacional por aliviar la crisis mediante el apoyo al sector privado chocan con una maquinaria estatal diseñada para asfixiar cualquier autonomía económica y perpetuar su hegemonía sobre la sociedad.
