El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, refutó este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes la existencia de un bloqueo naval sobre Cuba, calificando la narrativa de «propaganda» del régimen de La Habana. Durante una tensa comparecencia, el diplomático defendió la política de presión estadounidense y confrontó a legisladores demócratas que recientemente visitaron la isla, señalando las contradicciones entre el discurso de victimización del gobierno cubano y la represión interna.
El intercambio ocurrió durante una audiencia en la que también declaró Jeff Bartos, representante estadounidense ante la ONU para asuntos de gestión y reforma. Aunque el testimonio escrito de Waltz se centró en el presupuesto y funcionamiento de la organización multilateral, los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela dominaron la ronda de preguntas, evidenciando las profundas divisiones en Washington respecto a la política hacia el hemisferio.
El congresista demócrata Mark Pocan cuestionó a Waltz sobre el impacto de las sanciones, llegando a afirmar que existía un «bloqueo naval alrededor de la Isla» y preguntando si 65 años de embargo habían acercado a Cuba a la democracia. Waltz fue categórico en su respuesta: «No tenemos un bloqueo naval. Eso es propaganda cubana». El embajador explicó que un bloqueo implicaría un anillo de buques militares rodeando el país, algo inexistente, y subrayó que las autoridades de la isla pueden adquirir combustible y mercancías de cualquier parte del mundo, incluidos aliados como Venezuela, Rusia o China.
Pocan citó una votación reciente en la Asamblea General de la ONU donde 136 países apoyaron la petición cubana, nueve votaron en contra y 30 se abstuvieron, para cuestionar la eficacia de la política de aislamiento. Sin embargo, dicha cifra correspondía a una votación procesal para celebrar un debate adicional sobre el embargo durante el mismo período de sesiones, no a la aprobación vinculante de una resolución para levantar las medidas. Waltz defendió que la presión estadounidense ha tenido un «efecto significativo» al impedir que el régimen cubano expandiera su modelo comunista y su política antiestadounidense por la región.
Waltz: Cuba usa la ONU para su propaganda
El debate sobre la crisis energética y la responsabilidad del régimen
El legislador de Wisconsin relató su reciente viaje a Cuba, donde presenció apagones de hasta 42 horas y cirugías terminadas con la luz de teléfonos celulares, comparando la situación con una «Gaza silenciosa». Pocan argumentó que las restricciones energéticas recaían directamente sobre la población civil. En respuesta, Waltz contraatacó preguntándole si durante su recorrido había visitado alguna de las islas privadas o los aviones de lujo utilizados por el entorno del liderazgo cubano, poniendo sobre la mesa la profunda desigualdad y corrupción que caracteriza al ejecutivo cubano.
La delegación demócrata, integrada también por las congresistas Teresa Leger-Fernández, Maxine Dexter y Delia C. Ramírez, se había reunido días antes con Miguel Díaz-Canel, ministros y profesionales de la salud. A su regreso, los legisladores reconocieron que su visita no había generado conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos, pero se mantuvieron críticos con las sanciones energéticas de la actual administración estadounidense.
Aunque la negativa de Waltz se centró en desmentir el cerco militar, lo cierto es que Estados Unidos mantiene un amplio sistema de sanciones económicas. Una orden ejecutiva firmada el 29 de enero estableció un mecanismo para imponer aranceles a productos de países que suministraran petróleo a Cuba. Posteriormente, la Casa Blanca dejó sin efecto el 20 de febrero los aranceles adicionales adoptados bajo esa y otras órdenes, pero conservó la emergencia nacional y las medidas no arancelarias. El 1 de mayo, una nueva orden autorizó sanciones contra personas y empresas extranjeras vinculadas a sectores estratégicos cubanos, y en junio el Departamento de Estado sancionó a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET).
La crisis estructural y el uso de la ONU como pantalla
El debate en el Congreso refleja una realidad más profunda sobre la crisis cubana. Si bien las sanciones estadounidenses complican el acceso a financiamiento internacional, el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y los apagones prolongados son consecuencia directa de décadas de mala gestión, falta de mantenimiento, corrupción y desinversión por parte del gobierno cubano. El régimen de La Habana ha optado históricamente por culpar al embargo de sus fracasos económicos, evitando asumir responsabilidad por la ineficiencia de su modelo centralizado y la priorización del sector militar-turístico sobre la infraestructura básica del país.
En este contexto, la diplomacia internacional de la isla funciona como una herramienta de supervivencia. Durante la audiencia, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar agradeció la postura de Washington y Waltz arremetió contra la estrategia multilateral de La Habana: «El régimen cubano ha utilizado a las Naciones Unidas durante demasiado tiempo para su propaganda». El diplomático reprochó a la delegación demócrata que no se hubiera reunido con presos políticos ni hubiera mencionado las protestas del 11 de julio de 2021, momento en el que la dictadura cubana desplegó su aparato represivo para encarcelar, exiliar y silenciar a miles de ciudadanos que exigían libertades.
El uso de la ONU para lavar la imagen internacional contrasta frontalmente con la realidad interna, donde la falta de libertades de expresión, asociación y prensa es absoluta. La dictadura ha perfeccionado un mecanismo de lobby internacional para obtener condenas diplomáticas al embargo, mientras simultáneamente impide cualquier tipo de escrutinio interno sobre sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta dualidad permite al régimen obtener apoyo en foros multilaterales sin tener que rendir cuentas ante su propia población.
Implicaciones regionales y panorama futuro
La comparecencia también abordó la situación en otros países de la región. Sobre Nicaragua, Waltz afirmó que Daniel Ortega está recurriendo al «manual de Maduro» para consolidar su autoritarismo, y señaló que el ejecutivo estadounidense evalúa acciones conjuntas con los departamentos del Tesoro, Comercio y Estado. Respecto a Venezuela, el embajador indicó que existe cierta colaboración con Washington y se avanza hacia una transición política que calificó de «inmensa y positiva», aunque los detalles de este proceso siguen siendo inciertos.
El intercambio en el Capitolio evidencia que la política hacia Cuba seguirá siendo un punto de fricción interna en Estados Unidos. Mientras algunos sectores abogan por el levantamiento de las sanciones argumentando un impacto humanitario, otros mantienen que la presión es el único mecanismo para limitar el poder de la dictadura y forzar una apertura democrática. Lo que resulta innegable es que la crisis estructural de la isla, marcada por un éxodo migratorio histórico, hiperinflación, desabastecimiento y colapso de servicios, no se resolverá únicamente con cambios en la política exterior de Washington, sino que requiere una transformación profunda del modelo político y económico impuesto por las autoridades de la isla desde hace más de seis décadas.
El futuro de las relaciones bilaterales y el bienestar de la ciudadanía cubana dependerán, en gran medida, de si la comunidad internacional comienza a exigir reformas democráticas reales al gobierno cubano, en lugar de aceptar pasivamente la narrativa de victimización que la dictadura ha instaurado en los foros multilaterales. La presión diplomática debe ir acompañada de un reclamo firme por el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, condiciones indispensables para cualquier acercamiento o alivio económico que beneficie realmente a la población y no a la cúpula en el poder.
