La directora de la organización jurídica Cubalex, Laritza Diversent, detalla los mecanismos necesarios para desmontar el aparato represivo en la isla, enfatizando que la liberación incondicional de los presos políticos es el primer paso insoslayable para avanzar hacia el Estado de derecho.
La abogada advierte que el fin de la arbitrariedad judicial en Cuba no será un proceso espontáneo, sino que exige una estrategia legal rigurosa. El punto de partida debe ser la excarcelación total de los presos políticos, prohibiendo expresamente el destierro, una práctica recurrente del régimen de La Habana que ha obligado a disidentes a salir directamente de la prisión hacia el aeropuerto. Para lograrlo, se requiere una ley de amnistía internacional que, a diferencia de modelos aplicados en otras latitudes como Venezuela, preserve los expedientes para evitar la destrucción de pruebas históricas y no se preste para garantizar la impunidad de los verdugos.
La jurista subraya que la aplicación de esta normativa no podría quedar en manos de los tribunales cubanos actuales, al ser instituciones totalmente subordinadas al poder político. Además de la liberación, el proceso debe incluir medidas de reparación integral para las víctimas. Muchos de los encarcelados han sufrido torturas y abusos sistemáticos bajo la custodia del Estado, por lo que necesitan no solo indemnización, sino también rehabilitación médica y psicológica. Asimismo, las familias de los perseguidos políticos deben ser partícipes de este proceso reparador, al haber sido víctimas colaterales de la maquinaria represiva.
Justicia transicional y el derecho a la verdad
Frente a décadas de violaciones a los derechos humanos documentadas, Diversent apunta a la creación de una Comisión de la Verdad como pilar de la justicia transicional. Este organismo tendría la tarea de esclarecer los hechos y satisfacer el derecho de la sociedad cubana a conocer la magnitud de la represión ejercida por la dictadura cubana. La experta insiste en la necesidad de evaluar experiencias internacionales —desde la antigua Unión Soviética hasta Sudáfrica— adaptando los modelos a la realidad nacional, pero manteniendo una premisa inquebrantable: la prohibición de amnistiar a quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos.
El desmontaje del sistema autoritario se enmarca en el profundo colapso estructural que atraviesa la isla, caracterizado por la crisis económica, el éxodo migratorio masivo y la asfixia de las libertades fundamentales. Establecer garantías de no repetición y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad se presenta como el único camino viable para lograr una reconciliación genuina. Sin estas bases institucionales, advierten los analistas, cualquier cambio de figuras en el ejecutivo cubano estaría condenado a reproducir los vicios y la opresión que han marcado la historia reciente de la nación.
