LA HABANA.- En un despliegue de organización y propaganda, el gobierno cubano, con el presidente Miguel Díaz-Canel a la cabeza, ha vuelto a tomar las calles de la capital y otras ciudades del país. El motivo: una nueva jornada de «solidaridad» con la causa palestina. Convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones de masas, miles de personas, incluyendo trabajadores estatales y estudiantes, marcharon para condenar las acciones de Israel en Gaza. Sin embargo, este fervor por la política internacional contrasta dolorosamente con la indiferencia oficial ante la grave crisis humanitaria que asfixia a los cubanos.
Mientras las cámaras de la prensa estatal enfocaban las consignas y las banderas en la Tribuna Antiimperialista, a pocas cuadras de allí la realidad era otra. Familias lidiando con apagones de más de 12 horas, ancianos buscando medicamentos que no existen y una inflación galopante que convierte el acto de comer en un lujo diario. La crisis, lejos de aliviarse, se agudiza. Informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, junto a reportes de la prensa independiente, documentan un colapso progresivo de los servicios públicos, especialmente en la salud, donde se ha reportado la pérdida de más de 77,000 trabajadores, en su mayoría médicos, desde 2021.
La ironía es flagrante. El mismo régimen que encarcela a ciudadanos por manifestarse pacíficamente para pedir comida y libertad, como ocurrió en marzo de este año tras masivos cortes de luz, ahora organiza y promueve marchas multitudinarias por un conflicto a miles de kilómetros de distancia. Esta selectividad en el derecho a la protesta evidencia su uso como herramienta de control y propaganda, no como un derecho ciudadano. Las manifestaciones permitidas son aquellas que sirven a la agenda geopolítica del Partido Comunista, nunca las que canalizan el descontento popular.
El discurso oficial, que habla de «genocidio» y clama por un «cese al fuego inmediato» en Gaza, se queda mudo ante las propias emergencias. No hay marchas convocadas por el gobierno para exigir soluciones a la escasez de alimentos, para protestar por la falta de ambulancias o por el estado deplorable de los hospitales. La solidaridad, para el régimen cubano, parece ser una política de exportación que no aplica para sus propios ciudadanos, quienes enfrentan un éxodo sin precedentes, una pérdida alarmante de capital humano y la erosión total de sus salarios y calidad de vida.
Este enfoque en la política exterior mientras el país se desmorona sirve a un doble propósito: desviar la atención de los problemas internos y reforzar una narrativa de liderazgo antiimperialista en el escenario global para buscar aliados. Sin embargo, para el cubano de a pie, la prioridad no es Gaza, sino la mesa vacía, la falta de medicinas y la incertidumbre de un futuro sin esperanza bajo el mismo sistema que hoy les pide marchar por otros.
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Preguntas para el debate:
- ¿Es legítimo que un gobierno exija derechos para otros pueblos mientras viola sistemáticamente los de sus propios ciudadanos?
- ¿Consideras que estas manifestaciones son un acto genuino de solidaridad o una estrategia política del régimen?
- ¿Qué sentirías si te obligaran a marchar por una causa extranjera mientras tu familia pasa necesidades?
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