Medios oficiales de la isla reconocieron recientemente que el sostenimiento de la actividad agrícola en Cuba descansa sobre miles de trabajadores informales que operan sin contratos, sin seguridad social y cobrando en efectivo. La admisión expone la profunda crisis estructural del campo y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar condiciones dignas en un sector clave para la seguridad alimentaria.
Un reportaje difundido por el diario oficialista Trabajadores y replicado por Cubadebate puso de manifiesto las distorsiones del sistema agroindustrial. El propio texto reconoce que las autoridades de la isla carecen de estadísticas precisas sobre la cantidad de trabajadores temporales que sostienen las cosechas. Productores y funcionarios citados admiten que esta fuerza laboral itinerante es imprescindible para evitar el colapso total de la producción, resumiendo la dinámica con la frase de que \»sin ellos no avanzamos\».
Los testimonios recogidos en provincias como Artemisa y Villa Clara ilustran la lógica de supervivencia que impera en el campo. Jornaleros consultados aseguraron preferir pagos inmediatos en efectivo —que oscilan entre 1.500 y 3.000 pesos por jornada— antes que formalizar su situación laboral. Esta preferencia responde a las graves deficiencias del sistema bancario rural y a la ausencia de incentivos reales para cotizar, lo que deja a los obreros sin cobertura ante accidentes laborales ni aportes para la jubilación.
El colapso agrícola y la informalidad como mecanismo de supervivencia
El reconocimiento de estos medios de comunicación llega en un contexto de deterioro persistente de la producción agrícola, marcado por bajos rendimientos, escasez crítica de insumos y una creciente incapacidad para atraer mano de obra formal. La informalidad se ha consolidado como una herramienta de subsistencia tanto para campesinos como para obreros, evidenciando la falta de políticas efectivas por parte del ejecutivo cubano para flexibilizar y dignificar las relaciones laborales en el agro.
Esta admisión oficial demuestra que la seguridad alimentaria del país continúa anclada en esquemas precarios e improvisados, mientras la escasez de productos básicos persiste en los mercados y en las mesas de las familias. La dependencia de un modelo agrícola sin protección social no solo profundiza la vulnerabilidad de los trabajadores, sino que reafirma la responsabilidad de la dictadura cubana en el fracaso de las políticas económicas que mantienen sumida a la población en la incertidumbre y el desabastecimiento crónico.
