La Habana.- “Detrás de un ciudadano enfurecido hay una negligencia gubernamental”. Con esta lapidaria frase, la doctora Yumilia Casadevall, médico del Hospital Pediátrico Universitario William Soler, resume el calvario que vive junto a cuatro familias más en un edificio de San Salvador esquina San Anselmo, en el Cerro, cuya estructura amenaza con desplomarse de forma inminente. A través de una valiente y detallada denuncia en su perfil de Facebook, Casadevall no solo muestra la cruda realidad de su vivienda, sino que señala directamente a los funcionarios que, según su testimonio, han perpetuado la desidia.

La doctora relata un patrón que se repite con una precisión insultante. Tras una denuncia pública en redes sociales, un presupuesto para la demolición y reparación del inmueble aparece “milagrosamente”. Sin embargo, las obras comienzan de forma superficial para luego ser detenidas bajo pretextos burocráticos. El ciclo se cierra el 31 de diciembre de cada año, cuando, según le han informado, los fondos asignados «se pierden», volviendo todo al punto de partida, pero con un edificio aún más deteriorado.




En su texto, la doctora Casadevall se pregunta lo que miles de cubanos se cuestionan a diario: «¿A dónde va a parar el famoso presupuesto que se da para las obras de demolición y reparación?». La pregunta no es retórica, pues asegura que su edificio ha sido reportado como obra «terminada» en ocasiones anteriores sin que se haya movido un solo ladrillo. Esto sugiere un posible desvío de recursos que nunca llegan a su destino final.
Harta del laberinto burocrático y de las promesas vacías, la galena ha decidido nombrar a los implicados en lo que califica como una «mala gestión». Menciona a Ileana Forcadez, expresidenta de la asamblea del Cerro, a quien acusa de «entorpecer el proceso por problemas personales»; a Elena, la actual intendente, con quien afirma haber hablado sin obtener resultados; a Hennessy, la actual presidenta de la asamblea, quien hizo una breve aparición y «nunca más volvió»; y a Yenía Leblanch Savón, actual directora de vivienda, quien, según la doctora, «siempre está ausente».
La denuncia también revela actos de intimidación. Casadevall cuenta que tras su primera publicación, hace un año, el jefe de sector se presentó en su puerta «como si yo hubiese cometido un grave delito». En su nuevo texto, advierte que no quiere visitas de la policía ni de la Seguridad del Estado, pues su único objetivo es defender su derecho a una vivienda segura, un derecho que también le pertenece a los niños y ancianos encamados que residen en el inmueble en peligro.
La doctora concluye su escrito con una realidad que golpea a la mayoría de los profesionales en la isla: no tiene a dónde ir. «No me da el salario para comer, mucho menos para ahorrar e irme», confiesa, desmintiendo a quienes puedan sugerirle una solución individual a un problema evidentemente estatal y sistémico. Su testimonio es un reflejo de la impotencia y el abandono que sienten los ciudadanos, obligados a exponerse públicamente para exigir lo que por ley les corresponde.
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Dejamos estas preguntas para abrir el debate:
- Al señalar directamente a los funcionarios, ¿crees que la doctora Casadevall logrará una solución o se expone a mayores represalias?
- ¿Debería existir un mecanismo ciudadano independiente para auditar el uso de los presupuestos destinados a vivienda y otras obras públicas en Cuba?
- ¿Qué dice del estado cubano que sus médicos, pilar de su propaganda internacional, vivan en condiciones tan precarias e inseguras?