El gobierno cubano ha autorizado a compañías rusas a operar y administrar instalaciones industriales en la isla, una medida derivada de los acuerdos de la XXIII Comisión Intergubernamental bilateral. La decisión expone la creciente dependencia de Moscú por parte del ejecutivo cubano en un intento por paliar el fracaso productivo y la severa escasez de recursos que enfrenta el país.
La autorización trascendió tras la reunión en el Palacio de la Revolución entre el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov. En el marco de las consultas bilaterales en La Habana, el diplomático ruso ratificó el respaldo de Moscú a las autoridades de la isla, asegurando que su país comprende la \»complejidad del momento\» y se mantiene solidario con el gobierno local frente a la profunda crisis que atraviesa la nación caribeña.
Como parte de esta estrategia de cooperación, el viceministro ruso de Industria y Comercio, Román Chekushev, detalló que el objetivo de ceder la gestión a empresas foráneas es elevar el atractivo de Cuba para la inversión y abrir nuevas oportunidades de negocio. Entre los planes preliminares destaca el ensamblaje local de vehículos de las marcas GAZ y UAZ. Estos proyectos, copresididos por el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, y su par ruso, Dmitri Chernishenko, contemplan inversiones conjuntas que superan los 1.000 millones de dólares, en cumplimiento de compromisos previos entre Vladímir Putin y Díaz-Canel.
Dependencia externa y crisis energética
La entrega del control de activos industriales a capital ruso ocurre en un panorama nacional marcado por la crisis terminal del sistema energético. En los últimos meses, la obsoleta infraestructura eléctrica ha sufrido colapsos sistemáticos, sometiendo a la población a prolongados apagones. Ante esta emergencia, Díaz-Canel reconoció públicamente la dependencia del suministro ruso, admitiendo que el combustible recibido recientemente es el único que ha llegado al país en cuatro meses, un hecho que evidencia la incapacidad del régimen para garantizar la viabilidad energética y económica por sus propios medios.
Para la ciudadanía, esta política de cesión de soberanía productiva no representa una solución a la crisis estructural, sino un parche temporal que profundiza un modelo económico fracasado. Tras décadas de mala gestión, el Estado subsiste únicamente a través de la dependencia de potencias extranjeras, mientras la dictadura mantiene la represión social y el éxodo migratorio continúa marcando la realidad cotidiana de la isla. La apertura a la administración extranjera de sectores estratégicos es, en definitiva, una rendición ante la incapacidad de sostener la industria nacional sin el amparo de aliados geopolíticos.
