Redacción Reporte Cuba Ya 9 de noviembre de 2025
Después de 20 meses de especulaciones y un hermetismo absoluto desde su destitución en febrero de 2024, el destino del ex viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, parece estar sellado. La Fiscalía General de la República de Cuba ha solicitado una sentencia de 30 años de privación de libertad, imputándole una sorprendente decena de delitos graves que van mucho más allá de la corrupción que el pueblo especulaba.
Según informes de medios independientes, la lista de acusaciones formales incluye espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y falsificación de documentos. Gil, quien ha permanecido en prisión provisional todo este tiempo, enfrenta ahora un escenario judicial que recuerda a las purgas más severas del régimen, como la Causa 1 de 1989. Junto a él, serán procesados otros altos cargos, aunque sus identidades no han sido reveladas.
Mientras el aparato de propaganda estatal intenta centrar la narrativa en la «traición» de un individuo, la familia de Gil ha roto el silencio, contradiciendo la versión oficial. Su hija ha exigido públicamente un juicio transparente y abierto, denunciando una campaña de ataques en su contra por defender la legalidad del proceso. Según sus declaraciones, el exministro se mantiene «firme en su defensa» y ha asegurado que «no reconocerá, bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le impute y que no se le sea debidamente verificado».
Este reclamo de transparencia familiar alimenta la hipótesis que resuena en las calles: Alejandro Gil es el chivo expiatorio de un sistema fallido. Fue la cara visible del catastrófico «Ordenamiento Monetario», una política que pulverizó el poder adquisitivo del cubano, pero cuyas directrices fueron aprobadas al más alto nivel. La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién dio las órdenes que llevaron al país a la hiperinflación actual?
El análisis de la situación apunta directamente al conglomerado militar que controla la economía cubana: GAESA. Fuentes y análisis de la época de su gestión sugieren que las Mipymes, una de las pocas «reformas» que Gil impulsó, se convirtieron en un competidor directo del monopolio de importación de las empresas militares. Al permitir un sector privado (aunque controlado) que competía por las escasas divisas, Gil pudo haber afectado intereses intocables dentro de la cúpula militar.
La acusación de «espionaje», en particular, resulta llamativa. Es un cargo habitualmente reservado para disidentes o casos de alta traición política, y su uso en este contexto parece diseñado para anular por completo la imagen pública de Gil y justificar una condena ejemplarizante. Se busca culparlo no solo del fracaso económico, sino de ser un «enemigo» del Estado, desviando la atención de la junta militar que aprueba cada ley y que ha sumido al país en su peor crisis.
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- ¿Es Alejandro Gil el cerebro del desastre o simplemente el fusible que saltó para proteger al verdadero poder (GAESA)?
- ¿Por qué el régimen esperó más de un año y medio para acusarlo de algo tan grave como «espionaje»?
- ¿Crees que un juicio público, como exige la familia, revelaría verdades inconvenientes para la cúpula del poder en Cuba?
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