La Habana. Este martes, a las 9:30 a.m., dio inicio el juicio oral contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en una sesión marcada por el secretismo absoluto y desarrollada en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP). Este blindaje procesal, según fuentes cercanas y analistas independientes, evidencia la intención del régimen de convertir el proceso en una farsa judicial diseñada para proteger a los más altos escalafones del poder político cubano.
El Tribunal Supremo Popular confirmó la realización del proceso a puertas cerradas, citando las ambiguas «razones de seguridad nacional». Este pretexto no solo impide el acceso a la prensa y al público, sino que ha bloqueado la asistencia de la propia familia del exfuncionario. Como prueba de la manipulación estatal, la hija de Gil, Laura María Gil González, denunció en la víspera que su cuenta de WhatsApp fue restringida y su conexión a internet saboteada, una acción que ella interpreta como una táctica de la tiranía para silenciar su demanda pública por un juicio transparente.
Gil Fernández enfrenta una multiplicidad de graves cargos, incluyendo espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y otros actos en perjuicio de la actividad económica. Para el cargo de espionaje, el más grave imputado, la Fiscalía ha solicitado la pena máxima: la cadena perpetua. Este extremo fue revelado por su hermana, María Victoria Gil Fernández, a un medio independiente, citando una «fuente cercana a la investigación».
Sin embargo, la teoría dominante entre los círculos disidentes y la propia familia descarta la traición a la patria por espionaje a un gobierno extranjero. La acusación, de acuerdo con la información en circulación, se centraría en una compleja red de espionaje industrial o económico. El exministro habría filtrado información confidencial a la MIPYME Agroindustrial Media Luna, con sede en Ciego de Ávila, cuyo propietario, Fernando Javier Albán, fue detenido poco después que Gil. Esto sugiere que el proceso busca condenar una trama de corrupción interna que compromete a la élite gobernante y no un acto de traición internacional.
El proceso judicial contra Alejandro Gil, destituido inicialmente en febrero de 2024 tras la nota escueta firmada por Miguel Díaz-Canel que lo acusaba de «graves errores», es visto por la oposición como una operación política. Su objetivo principal no sería buscar justicia, sino encontrar un «chivo expiatorio» que cargue con la responsabilidad del fracaso de la desastrosa Tarea Ordenamiento y la crítica situación económica del país. Gil, debido a su posición, posee información sensible sobre la corrupción dentro del Consejo de Ministros y el Politburó. Un juicio secreto y una condena severa sirven al régimen para silenciarlo de forma permanente, preservando así la estructura criminal que continúa en el poder. La justicia en Cuba, una vez más, se expone como un simple show para proteger a los tiranos.
Preguntas para generar debate y opinión:
- Considerando el hermetismo y los sabotajes denunciados, ¿cree que este juicio busca verdaderamente hacer justicia o es una estrategia del régimen para eliminar a un testigo incómodo que conoce la corrupción de la cúpula, incluido Díaz-Canel?
- Si la condena es cadena perpetua, ¿sería una sanción por espiar a un país extranjero o por el delito de corrupción y espionaje interno para beneficiar a intereses privados en la isla?
- ¿Podrá este juicio, incluso siendo secreto, generar una fractura interna en la élite gobernante y exponer a otros funcionarios involucrados en casos de corrupción?
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