La activista cubana Ruhama Fernández, refugiada y exprisionera política, confrontó públicamente a la congresista demócrata Ilhan Omar por el viaje a la isla de su hija, Isra Hirsi, como parte de un convoy de solidaridad. Fernández acusó a la legisladora estadounidense de ignorar la represión del régimen de La Habana y de contribuir a blanquear una dictadura que oprime a los cubanos desde hace más de seis décadas.
A través de la red social X, Fernández respondió a un mensaje de la legisladora por Minnesota, en el que esta expresaba su orgullo por la gestión de su hija al transportar toneladas de ayuda a Cuba. La refugiada, quien sufrió acoso policial, citaciones arbitrarias y negación de pasaporte en su país según informes de Human Rights Watch, fue tajante al afirmar que los recursos donados no llegan a la ciudadanía de a pie. En su lugar, advirtió, estos bienes terminan siendo comercializados en las tiendas en dólares administradas por el gobierno cubano.
Por su parte, Omar —también refugiada antes de llegar al Congreso de Estados Unidos— defendió la iniciativa y elogió el papel internacional del régimen de La Habana, destacando la formación de médicos y la exportación de servicios de salud. El viaje de su hija y de cientos de delegados de 33 países se enmarca en el \»Convoy Nuestra América\», una iniciativa impulsada por la Internacional Progresista. La caravana transportó alrededor de 20 toneladas de suministros, incluyendo alimentos, medicamentos y paneles solares, contando además con la participación de figuras políticas de la izquierda internacional como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias.
Contexto de crisis y control estatal
El intercambio evidencia la compleja realidad de la isla, donde la severa escasez de productos básicos, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos coexisten con un férreo monopolio estatal sobre el comercio. Aunque las iniciativas de solidaridad internacional buscan mitigar la profunda crisis humanitaria, el fracaso estructural del modelo económico y la ausencia de libertades perpetúan la precariedad de la población. Mientras las autoridades de la isla se benefician de la propaganda que generan estos convoyes, la ciudadanía continúa enfrentando el desabastecimiento y la represión sistemática contra cualquier voz disidente.
La denuncia de la exprisionera política subraya cómo las acciones internacionales, incluso aquellas con fines humanitarios, pueden ser instrumentalizadas por la dictadura cubana para legitimarse en el escenario global. Para la comunidad de exiliados, la omisión de las violaciones a los derechos humanos en la isla sigue siendo un punto de fricción insalvable con figuras políticas del exterior. El episodio reabre el debate sobre la verdadera eficacia de enviar ayuda sin exigir transparencia ni garantías democráticas en una nación sumida en una crisis prolongada y un éxodo migratorio sin precedentes.
