Por: Redacción Reporte Cuba Ya
En lo que constituye un revés diplomático y económico significativo para el régimen de La Habana, el gobierno de Antigua y Barbuda canceló este fin de semana, de manera definitiva, el convenio de colaboración de salud que mantenía con Cuba desde hace un cuarto de siglo. La medida implica el despido inmediato y el retorno del personal sanitario cubano que laboraba en esa nación caribeña, marcando un punto de inflexión en las relaciones regionales bajo la atenta mirada de Estados Unidos.
Este giro de 180 grados en la política exterior de Antigua y Barbuda no es casualidad. El primer ministro laborista, Gaston Browne, quien históricamente había sido uno de los defensores más vocales de las llamadas «misiones médicas» —llegando a calificarlas como el núcleo del sistema de salud de su país—, ha tenido que ceder ante la realidad geopolítica. La decisión se precipita luego de que la administración del presidente Donald Trump incluyera a la pequeña nación en una lista negra que impone severas restricciones de visado y entrada a Estados Unidos para sus ciudadanos.
El mensaje desde Washington ha sido contundente y el gobierno de Browne ha acusado el recibo. Junto a Antigua y Barbuda, otros países como Angola, Dominica y Zimbabue han sido señalados en prohibiciones similares. La estrategia estadounidense busca asfixiar una de las principales fuentes de divisas del castrismo, denunciando que el esquema de contratación estatal viola los derechos humanos fundamentales. Ante la amenaza de quedar aislados, el gobierno laborista anunció que el vacío dejado por los cubanos será cubierto por 120 profesionales provenientes de Ghana.
La ruptura ha generado reacciones mixtas dentro del país caribeño. Mientras el gobierno intenta minimizar el impacto político, el Partido Progresista Unido (PPU), actualmente en la oposición, emitió un comunicado agradeciendo los servicios prestados por los galenos cubanos y lamentando el abrupto final de la asociación. Sin embargo, detrás de la diplomacia se esconde una realidad más oscura que organismos internacionales llevan años señalando.
La exportación de servicios médicos es la columna vertebral financiera del régimen cubano, superando incluso al turismo en ingresos. Sin embargo, el Estado se apropia de entre el 50 y el 80 por ciento del salario que pagan los países receptores por cada médico. Organizaciones como Archivo Cuba y el Departamento de Estado de EE.UU. han calificado este sistema como una forma de esclavitud moderna, donde los profesionales son sometidos a estricta vigilancia, retirada de pasaportes y coacción política.
La presión estadounidense ha escalado significativamente en los últimos meses. En febrero, el Departamento de Estado advirtió que revocaría visas a funcionarios extranjeros que facilitaran este tipo de contratación. Más recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Jamaica, fue tajante al reiterar que las brigadas operan bajo esquemas de trabajo forzoso, reafirmando que la Casa Blanca no tolerará que se financie a la dictadura cubana a costa de la explotación de sus profesionales.
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