Un grupo de reclusos de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, se amotinó esta mañana en protesta contra la violencia carcelaria, la falta de atención médica y las deplorables condiciones de reclusión. Durante el motín, los presos corearon consignas contra el régimen de La Habana y exigieron la liberación de activistas políticos, evidenciando el nivel de tensión dentro del sistema penitenciario cubano.
La protesta fue denunciada a través de redes sociales por el opositor José Daniel Ferrer, quien compartió audios y videos desde el interior del penal. En las grabaciones se escuchan a los reclusos realizando cacerolazos y gritando consignas como \»Libertad\», \»Patria y Vida\» y \»Abajo Díaz-Canel\». Las autoridades del penal se vieron obligadas a utilizar equipos de soldadura para forzar la apertura de una reja que los manifestantes habían bloqueado para restringir el acceso del personal penitenciario a una de las zonas de la instalación.
Armando Labrador, miembro fundador del movimiento Cuba Primero, confirmó que integrantes de esta organización se encuentran entre los amotinados. Los reclusos desplegaron carteles hechos con sábanas para visibilizar sus demandas, destacando la exigencia de liberación de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, jóvenes del proyecto audiovisual El4tico, encarcelados recientemente por la policía política de la dictadura cubana. Labrador también difundió los rostros de los carceleros presuntamente responsables de las golpizas sistemáticas contra los presos políticos en Canaleta.
Represión y aislamiento en el sistema penitenciario
El estallido en Canaleta no es un hecho aislado, sino el resultado del colapso estructural del sistema carcelario en la isla, agravado por la crisis económica y el desabastecimiento generalizado. El hacinamiento, la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y la violencia institucionalizada son constantes que enfrentan los reclusos a diario. La dictadura cubana ha utilizado tradicionalmente las prisiones como centros de castigo extrajudicial, donde las condiciones infrahumanas se emplean como método de tortura y escarmiento, especialmente para quienes disienten del modelo oficial.
Tras el corte de las comunicaciones, persiste la incertidumbre sobre la integridad física de los amotinados, ante el temor fundado de que estén siendo sometidos a brutales palizas y torturas por parte de los guardias. Este episodio pone de manifiesto que la exigencia de derechos y libertades trasciende los muros de los penales y exige una mirada urgente de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos. La falta de rendición de cuentas del ejecutivo cubano frente a estos abusos perpetúa un ciclo de impunidad que agrava la crisis de derechos fundamentales en el país.
