Las autoridades de la isla dejaron en libertad a la profesora Alina Bárbara López Hernández y al activista Leonardo Romero Negrín, tras varias horas de detención en la provincia de Matanzas. La liberación ocurrió después de que familiares denunciaran intentos de la policía política por fabricar cargos contra ambos opositores durante interrogatorios donde se les prohibió el acceso a asistencia legal.
La hija de la académica, Cecilia Borroto, confirmó a través de redes sociales el regreso a casa de ambos activistas, agradeciendo la solidaridad ciudadana que se generó ante la alerta de desaparición. López Hernández había sido arrestada al salir de su vivienda para ejecutar su protesta pacífica mensual, una acción cívica que realiza sistemáticamente cada día 18. Durante su encierro, familiares alertaron que la dictadura intentaba instruir cargos penales de forma arbitraria, en un claro patrón de hostigamiento judicial.
Represión y dilación judicial contra la disidencia pacífica
Este nuevo episodio represivo se suma a la larga lista de acosos sistemáticos contra la profesora y otros miembros de la sociedad civil. A finales de enero, el Tribunal Municipal de Matanzas suspendió de manera sorpresiva y sin ofrecer explicaciones el juicio oral contra López Hernández y la también activista Jenny Pantoja. Ambas enfrentan acusaciones por el delito de atentado, derivado de un episodio de violencia policial sufrido en junio de 2024 durante una acción cívica pacífica.
La suspensión del proceso judicial evidenció graves irregularidades jurídicas. Mientras que Pantoja recibió una citación en su domicilio en La Habana, ni la académica ni su abogada defensora, residentes en la misma jurisdicción del tribunal, fueron notificadas formalmente. Las activistas han denunciado que el régimen de La Habana dilata el expediente de forma indefinida, manteniendo vigentes medidas cautelares que restringen injustamente sus libertades de movimiento y participación pública.
El acoso contra intelectuales y opositores es una táctica recurrente del gobierno cubano para desmovilizar a la sociedad civil en medio de una profunda crisis estructural. Ante el colapso económico, la hiperinflación, el desabastecimiento y el éxodo migratorio masivo, el aparato estatal prioriza la vigilancia y el amedrentamiento de voces críticas por encima de la resolución de las urgencias sociales que agobian a la población.
La liberación de López Hernández y Romero Negrín representa un alivio temporal para sus familiares, pero no exime a la dictadura cubana de su responsabilidad en el deterioro del estado de derecho en la isla. La persistencia de procesos judiciales viciados y detenciones arbitrarias refleja la criminalización de la disidencia pacífica, un foco de preocupación constante para las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional que monitorean la situación en el país.
