El preso político Ediolvis Marín Mora fue sometido a maltratos físicos y amenazas por parte de las autoridades carcelarias tras solicitar asistencia religiosa en la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8. La denuncia evidencia una vez más el patrón de violaciones a los derechos fundamentales y el ensañamiento institucional dentro del sistema penitenciario controlado por la dictadura cubana.
De acuerdo con el testimonio del activista, un sacerdote católico se presentó en el penal para brindarle apoyo espiritual a él y al también prisionero político Jorge Luis Caballero. Sin embargo, el nuevo director del recinto, el mayor Leonardo Suárez Rey, prohibió el encuentro. Como represalia por la petición, ambos reclusos fueron esposados, trasladados a un cubículo en el área de cadena perpetua, desnudados y sometidos a un prolongado cacheo, permaneciendo encadenados durante varias horas.
Durante el incidente, el funcionario carcelario interrogó a Marín Mora sobre si era él quien realizaba las denuncias públicas desde el interior del penal. Ante su silencio, un agente de la Seguridad del Estado identificado como \»Ramón\» profirió amenazas directas asegurando: \»Tú vas a saber quiénes somos nosotros\». Marín Mora, quien es practicante católico, ha solicitado en reiteradas ocasiones asistencia religiosa sin éxito, siendole incluso vetado el derecho a poseer una Biblia en su celda por parte de las autoridades de la isla.
Encarcelamiento por exigir derechos básicos
Marín Mora, de 39 años y residente en el reparto La Gloria, en Nuevitas, fue arrestado el 6 de septiembre de 2022 tras un allanamiento en su domicilio. Su único delito fue participar en las protestas pacíficas de agosto de ese año, originadas por los constantes apagones en la provincia. Tras pasar un mes en los calabozos de la Seguridad del Estado y más de dos años en la prisión Cerámica Roja a la espera de juicio, el régimen de La Habana lo condenó a 13 años de privación de libertad bajo los cargos de sabotaje y sedición.
El caso de Marín Mora, debidamente registrado por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la maquinaria de represión sistemática que utiliza el gobierno cubano para silenciar el descontento social surgido tras el colapso de los servicios públicos y la agudización de la crisis económica. La criminalización de la protesta ciudadana y la negación de garantías mínimas, como la libertad de culto, reflejan la vulnerabilidad de los cientos de cubanos que permanecen tras las rejas por motivos políticos. Esta situación mantiene la exigencia de un escrutinio constante por parte de la comunidad internacional frente a las prácticas de tortura psicológica y física que impunemente ejecuta la dictadura en sus prisiones.
