La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció este martes la detención del activista Vladimir Martín Castellanos en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, poco antes de una visita programada del jefe de misión, Mike Hammer. El gobierno cubano orquestó operativos similares contra otros ciudadanos que intentaban conversar con el diplomático, evidenciando una vez más el cerco impuesto a la sociedad civil en la isla.
Según informó la sede diplomática, Martín Castellanos fue liberado únicamente después de que Hammer abandonó la localidad. El propio diplomático compartió un video donde conversa con residentes en la calle, quienes le confirman que las personas que buscaba habían sido arrestadas. El funcionario reiteró su compromiso de continuar con estos recorridos, argumentando que conocer la realidad del país y reportarla a Washington es parte esencial de su labor.
El régimen de La Habana ha desplegado una estrategia sistemática para sabotear los encuentros entre el representante estadounidense y los miembros de la sociedad civil. El año pasado, un operativo policial rodeó la vivienda de Martín Castellanos, resultando en la detención e incomunicación del activista y su esposa. Recientemente, en la provincia de Camagüey, las autoridades de la isla movilizaron a grupos para ejecutar actos de repudio frente al hospedaje de Hammer, replicando consignas oficialistas con tono beligerante.
Respuesta internacional y advertencia de Washington
Ante estos hechos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó la hostilidad contra el diplomático. El ente gubernamental exigió a la dictadura cubana que cese de inmediato las tácticas de intimidación y la interferencia con la labor diplomática, subrayando que los representantes estadounidenses continuarán interactuando directamente con la población. En mayo pasado, la Cancillería de la isla ya había emitido una advertencia verbal a Hammer por sus recorridos, calificándolos de \»intervencionistas\».
Contexto de represión y crisis estructural
Desde su llegada a La Habana en 2023, Mike Hammer ha mantenido una postura firme a favor de las libertades fundamentales, denunciando la criminalización de la disidencia y el asedio a periodistas independientes. Esta hostilidad hacia la diplomacia extranjera se enmarca en el endurecimiento del control social por parte del ejecutivo cubano, que ante la profunda crisis económica y el creciente éxodo migratorio, recurre a la vigilancia y la represión selectiva para evitar cualquier viso de organización ciudadana.
La persistencia de estos operativos policiales para aislar a diplomáticos de la oposición no solo vulnera las normas de la Convención de Viena, sino que ahonda el aislamiento internacional del régimen. El temor del poder ante el escrutinio externo y el contacto directo con la ciudadanía refleja la fragilidad de un sistema que prioriza el control absoluto sobre el respeto a los derechos humanos, dejando a la población en un estado de indefensión permanente frente a la arbitrariedad estatal.
