Las autoridades de la isla extendieron nuevamente el permiso para importar sin aranceles alimentos, artículos de aseo y medicamentos, una disposición que evidencia la incapacidad del gobierno cubano para garantizar la subsistencia básica de la población en medio de una profunda crisis estructural.
Mediante la Gaceta Oficial, el Ministerio de Finanzas y Precios publicó las resoluciones 9 y 10, acompañadas de normativas del Ministerio de Salud Pública y la Aduana General de la República. Estos documentos extienden la vigencia de los beneficios arancelarios con fecha efectiva a partir del 1 de febrero. La disposición establece que los envíos y el equipaje de pasajeros deben presentarse ante la aduana en bultos separados del resto de los productos para poder acogerse a la exención.
El ejecutivo cubano también autorizó de forma temporal y excepcional la importación de envases originales de medicamentos e insumos médicos sin carácter comercial. Esta concesión subraya el severo deterioro del sistema de salud pública, que obliga a los ciudadanos a depender de la importación informal y la solidaridad familiar desde el exterior para acceder a tratamientos básicos y mantener la higiene.
Una medida de emergencia ante el fracaso económico
La adopción de estas exenciones arancelarias no responde a una política de apertura, sino a una válvula de escape ante el descontento social. La dictadura cubana implementó esta medida por primera vez en 2021, apenas días después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando el malestar ciudadano amenazó con desbordar el control estatal. Desde entonces, la falta de capacidad productiva, la ineficiencia del modelo económico y la hiperinflación han convertido lo que era una solución de emergencia en una dependencia permanente.
La prolongación indefinida de estos beneficios confirma que el régimen de La Habana no cuenta con un plan viable para revertir la escasez de alimentos y el desabastecimiento farmacéutico. Mientras la ciudadanía se ve obligada a sobrevivir a través de remesas y maletas importadas, el colapso de los servicios públicos, la crisis energética y la constante represión social continúan profundizando la precariedad y limitando cualquier posibilidad de recuperación económica en el corto plazo.
