Cuatro ciudadanos cubanos, entre ellos dos profesionales de la salud y un niño de ocho años, fueron hallados sin vida en una vivienda del municipio de Texcoco, Estado de México, debido a una presunta fuga de gas. El suceso, que ha conmocionado a la comunidad migratoria, deja al descubierto la precaria situación de cientos de isleños varados en territorio mexicano tras los cambios en la política migratoria de Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron en la localidad de San Diego, donde bomberos y elementos de Protección Civil acudieron tras recibir reportes de un fuerte olor a gas en la calle Del Recreo. Al ingresar a la vivienda, los rescatistas encontraron a cuatro personas inconscientes y sin signos vitales. Las autoridades locales apuntan a un mal funcionamiento en un calentador de agua como el origen de la fuga de gas LP que provocó la tragedia, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado las investigaciones periciales correspondientes.
Las víctimas fueron identificadas como los médicos Illieth Ramírez Saldiñas, de 36 años, y David Martínez Guerrero, de 34, así como un individuo de nombre Osmani y el pequeño Abraham. Según relataron conocidos de los fallecidos, los profesionales de la salud habían rentado un departamento en la zona y ofrecían consultas médicas en farmacias locales por montos que apenas superaban los tres dólares, evidenciando las difíciles condiciones económicas que enfrentan los migrantes cubanos en su tránsito hacia la frontera sur de Estados Unidos.
El costo humano del éxodo cubano
La tragedia cobra mayor relevancia al conocerse que este grupo permanecía varado en México a raíz de los cambios en la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la presidencia. El cese de permisos y otras medidas restrictivas dejaron a cientos de cubanos en una situación de limbo legal y vulnerabilidad extrema. Este hecho puntual es una consecuencia directa del colapso estructural que sufre la isla, donde la inflación galopante, el desabastecimiento y la falta de oportunidades empujan a ciudadanos de todas las edades y profesiones a emprender rutas migratorias peligrosas.
Ante la tragedia, allegados a las víctimas han solicitado apoyo para la repatriación de los cuerpos, rechazando tajantemente cualquier tipo de asistencia por parte del régimen de La Habana. Testigos en el lugar señalaron directamente al gobierno cubano como responsable indirecto de estas muertes, argumentando que la dictadura obliga a profesionales y niños a arriesgar sus vidas huyendo de la crisis. Este lamentable suceso subraya la urgente necesidad de que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos presten atención a la crisis migratoria cubana, que sigue cobrando víctimas en la región mientras el ejecutivo cubano mantiene su política de inacción y control interno.
