El régimen de La Habana despliega una manipulación táctica del servicio eléctrico para neutralizar las protestas civiles, evidenciando que el verdadero proyecto utópico no es el socialismo, sino esperar que una sociedad exhausta y castigada logre articular una respuesta contundente frente a la decadencia sistémica.
El concepto de «utopía» ha adquirido un tinte trágico y casi sarcástico en el actual panorama cubano. Cuando las altas figuras del gobierno cubano invocan la necesidad de soportar las privaciones actuales en aras de un futuro idealizado, la sociedad responde con una mezcla de indignación y choteo, ese mecanismo de defensa tan arraigado en la idiosincrasia nacional. Sin embargo, detrás de la avalancha de memes y burlas en redes sociales subyace una realidad mucho más sombría: la constatación de que, tras más de seis décadas de promesas incumplidas, la población continúa siendo el combustible de un proyecto inviable que ha conducido al país al pozo de la miseria estructural.
La reciente convocatoria a un cacerolazo nacional puso de manifiesto la maquiavélica capacidad del régimen de La Habana para gestionar la insatisfacción popular a través del control de los recursos más básicos. Horas antes de la protesta convocada, la Empresa Eléctrica ejecutó una maniobra selectiva, reconectando circuitos en la capital para garantizar que los habaneros tuvieran acceso a la energía. Esta decisión no respondió a una mejora en el Sistema Electroenergético Nacional, sino a una estrategia calculada para apaciguar los ánimos. Ante la inesperada bonanza de cinco a siete horas de corriente, la prioridad de los ciudadanos no fue la protesta cívica, sino la supervivencia: lavar la ropa acumulada, cocinar, bombear agua y disfrutar de unas horas de sueño bajo el aire acondicionado.
Este fenómeno psicológico y material revela la profundidad de la crisis humanitaria. Cuando el acceso a un megavatio de electricidad se convierte en el evento más trascendental del mes para una familia, el ejercicio de los derechos civiles y políticos queda relegado a un segundo plano. El gobierno cubano lo sabe y explota esta vulnerabilidad de manera cínica. La población, atrapada en la encrucijada de la «cucarachita Martina», se ve obligada a elegir entre la dignidad de la protesta y la necesidad imperiosa de normalizar, aunque sea por unas horas, las condiciones más elementales de la vida doméstica.
El contraste social y territorial fue evidente en las jornadas posteriores. Durante las conmemoraciones del aniversario del asalto al cuartel Moncada, los circuitos cercanos a los centros de poder político disfrutaron de suministro ininterrumpido, escenificando una normalidad inexistente para el resto del archipiélago. En los barrios periféricos, el apagón, el calor asfixiante y el hambre arreciaron, empujando a la desesperación a sectores de la población que ya no encuentran cómo sostener el ritmo de una vida que parece negarse a funcionar.
Fue en este contexto de asfixia que cuatro mujeres decidieron cerrar la Calzada de Diez de Octubre en La Habana, en un acto de desobediencia civil ante las deplorables condiciones de vida. La respuesta de la dictadura fue inmediata y desproporcionada. Un operativo represivo de enormes dimensiones se desplegó para sofocar la protesta, enviando un mensaje claro: aunque las sanciones internacionales y la ineficiencia administrativa hayan colapsado la economía, la maquinaria de represión y control social se mantiene intacta y plenamente operativa. Mientras tanto, una ciudadanía pasiva o agotada observaba la escena desde las aceras, reflejando la fractura y la parálisis social.
La magnitud del desastre cubano se dimensiona al comparar la isla con naciones que atraviesan conflictos bélicos abiertos. Incluso bajo el asedio militar y los bombardeos, países como Ucrania logran mantener un grado de estabilidad en sus infraestructuras que en Cuba resulta inalcanzable. Que el funcionamiento constante de la red eléctrica, el abastecimiento de agua o las telecomunicaciones sean considerados una «utopía» en un país de Occidente que no sufre una guerra convencional, expone la magnitud del fracaso del modelo impuesto por el régimen.
Mientras la crisis material se profundiza, el debate público se ve frecuentemente secuestrado por polémicas que, si bien relevantes, distraen del colapso estructural. Las recientes declaraciones del artista Luis Manuel Otero Alcántara tras su salida de Cuba han dividido opiniones, generando un cruce de acusaciones que inunda las redes sociales. En medio de esta ebullición digital, problemas acuciantes como el pésimo servicio de la empresa de telecomunicaciones ETECSA pasan a un segundo plano, a pesar de que las comunidades se ven obligadas a financiar colectivamente, con el dinero de vecinos y emigrados, infraestructuras básicas como una radiobase para no quedar incomunicadas.
La desigualdad impuesta por el sistema es otro de los elementos que nutre la indignación silenciosa. Es escandaloso observar cómo un funcionario, cuya principal labor radica en la delación y el voto unánime en asambleas formales, dispone de vehículo y cuota de combustible, mientras que un médico intensivista, pieza vital en un sistema de salud en ruinas, es «premiado» con una bicicleta para que se desplace en plena crisis de transporte y calor extremo. Estas imágenes sintetizan la inversión de valores y prioridades que sostiene al régimen.
El ciclo de manipulación parece no tener fin. La termoeléctrica Antonio Guiteras, símbolo de la fragilidad energética nacional, vuelve a presentar averías tras la puesta en escena del 26 de julio. Es previsible que, ante fechas simbólicas para el régimen, como el centenario del natalicio de Fidel Castro, el gobierno cubano realice milagros temporales para reconectar la planta y lanzar una «tormenta de megawatts» destinada a calmar la calle. La ciudadanía, agradecida por el respiro, volverá a dedicarse al baldeo, a la cocina y al sueño, normalizando la anormalidad y postergando la exigencia de un cambio real.
El contexto de un colapso sistémico
Para comprender la parálisis de la sociedad cubana, es indispensable observar el deterioro progresivo del Estado como entidad garante de los derechos fundamentales. El Sistema Electroenergético Nacional ha sufrido décadas de falta de inversión, mantenimiento deficiente y una dependencia errática del combustible importado, a menudo sujeta a los vaivenes geopolíticos de los aliados de La Habana. La infraestructura nacional, desde los acueductos hasta las redes de transmisión de datos, ha envejecido sin un plan de modernización viable, sumiendo a la población en una vulnerabilidad constante que el régimen utiliza como herramienta de control.
En este escenario, la diáspora ha adquirido un rol protagónico en la supervivencia de los que permanecen en la isla. Las remesas y el financiamiento comunitario desde el exterior sostienen la economía informal y suplen las deficiencias del Estado, creando una paradoja: el mismo sistema que demoniza el capitalismo y el exilio depende de este para evitar un estallido social total. Sin embargo, esta dependencia también fragmenta a la sociedad, generando brechas de desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen de un salario en moneda nacional que no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
El desafío de romper el ciclo de la normalización
La manipulación gubernamental se sustenta en la capacidad de mantener a la población en un estado de supervivencia constante. La disociación que provoca el choteo, aunque es un rasgo identitario, actúa en esta etapa como un anestésico que ralentiza la reacción colectiva frente a los abusos y el desplome del país. Las vidas de los cubanos continúan ensartadas en una rueda que avanza hacia un destino que retrocede, atrapados en una persecución perpetua donde el objetivo inmediato es conseguir comida y luz, perdiendo de vista la necesidad de un cambio estructural.
La normalización de la miseria es el mayor triunfo del régimen. Cuando la sociedad acepta que tener 24 horas de corriente eléctrica es un acontecimiento extraordinario, el umbral de exigencia ha tocado fondo. La verdadera utopía, como bien se intuye en el sentir colectivo, no es el proyecto socialista que Díaz-Canel pide soportar, sino la esperanza de que el pueblo cubano logre romper este ciclo de conformidad y manipulación. Que una sociedad agotada, castigada por la dictadura y dispersa por la emigración, logre articular una respuesta cívica que ponga fin a más de seis décadas de sacrificio inútil, sigue siendo el desafío más grande y urgente de la Cuba contemporánea.
