El gobierno cubano ha decretado un aumento cercano al 64 % en el precio oficial del cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilogramos, elevando su costo de 213 a 350 pesos cubanos. Esta medida, que se suma a la dolarización forzada de accesorios y al colapso del Sistema Eléctrico Nacional, convierte el simple acto de cocinar en un privilegio inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos, quienes ven cómo su capacidad adquisitiva se desploma frente a una inflación galopante y una profunda crisis de seguridad alimentaria.
La reciente notificación del incremento tarifario ha generado una ola de indignación y preocupación entre la población, que ya se encuentra al límite de su resistencia económica. El observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) ha emitido una alerta severa, señalando que el encarecimiento del combustible doméstico no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de la crisis alimentaria que asfixia a la Isla. Para millones de cubanos, calentar un plato de comida se ha convertido en un desafío diario que implica lidiar con la escasez, los cortes de energía y, ahora, un tarifazo que devora buena parte de sus magros ingresos.
La decisión del régimen de La Habana no se limita al ajuste en pesos cubanos. Las autoridades han anunciado que la comercialización de determinados cilindros y accesorios relacionados con el servicio comenzará a realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses. Esta estrategia de dolarización parcial, impulsada de manera recurrente por el gobierno cubano, amplía la brecha de desigualdad y erige una barrera insalvable para aquellos que dependen exclusivamente de salarios y pensiones pagados en moneda nacional. De este modo, se consolida un sistema de apartheid financiero donde el acceso a bienes esenciales está condicionado al acceso a divisas extranjeras, algo inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores del sector estatal y pensionados.
Históricamente, el GLP ha sido la fuente de energía predilecta para la cocción de alimentos en los hogares cubanos. Sin embargo, la ineficiencia en la distribución estatal y las constantes interrupciones en el suministro han obligado a numerosas familias a buscar alternativas, como los equipos eléctricos. Esta supuesta solución choca de frente con la realidad de un país sumido en apagones prolongados y con un Sistema Eléctrico Nacional al borde del colapso permanente. La falta de alternativas viables golpea con especial crudeza a las zonas urbanas, donde la posibilidad de cocinar con leña o carbón resulta prácticamente nula debido a las características de la vivienda y la escasez de estos materiales.
El impacto de esta crisis energética y alimentaria se traduce en un deterioro tangible de la calidad de vida. Según datos revelados por FMP, más del 60 % de las familias monitoreadas han tenido que modificar drásticamente sus dietas y rutinas alimentarias, llegando algunas a la extrema decisión de eliminar una de las comidas diarias. La seguridad alimentaria, como bien recuerdan los expertos, no se limita a la disponibilidad de productos en los mercados, sino que abarca la capacidad real de los ciudadanos para conservar, preparar y cocinar esos alimentos en condiciones mínimas de salubridad y confort.
Las estadísticas sobre el hambre en la Isla son alarmantes y reflejan el fracaso absoluto del modelo económico impuesto por la dictadura. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, citada por el observatorio, uno de cada tres hogares cubanos ha experimentado hambre recientemente. A la imposibilidad de adquirir alimentos por sus elevados precios en el mercado informal y estatal, se suman ahora los apagones sistemáticos, la falta de agua potable y la imposibilidad de pagar el combustible necesario para prepararlos. Es una crisis multidimensional que el régimen intenta maquillar con discursos triunfalistas, mientras la población se debate entre la desnutrición y la desesperación.
El abismo entre los ingresos y el costo de la canasta básica es la prueba más contundente de la inviabilidad económica del país. Cálculos recientes de Food Monitor Program indican que dos adultos residentes en La Habana necesitan aproximadamente 41.735 pesos cubanos mensuales para mantener una dieta apenas suficiente. Esta cifra, que no incluye el gasto en combustible para cocinar ni el pago de otros servicios básicos, equivale a casi 20 salarios mínimos vigentes. El nuevo precio del cilindro de gas, fijado en 350 CUP, representa cerca del 17 % de un salario mínimo de 2.100 pesos, un porcentaje demoledor cuando se suma a una cadena de gastos esenciales que ya consume la totalidad de los ingresos familiares.
El mercado negro y la economía informal se han convertido en el salvavidas obligatorio para una población abandonada por el Estado. Cuando los recursos no están disponibles a través de las ineficientes vías estatales, los ciudadanos se ven obligados a adquirirlos en la clandestinidad, enfrentando precios considerablemente superiores y exponiéndose a la persecución de las autoridades. La inflación alimentaria, exacerbada por la crisis energética, encuentra en la falta de combustible un acelerador letal: limita las labores agrícolas, paraliza el transporte de mercancías, imposibilita la refrigeración de los alimentos perecederos y detiene el funcionamiento de las industrias procesadoras.
Contexto: El colapso del modelo centralizado y la dolarización forzada
La crisis del gas licuado y la inseguridad alimentaria no son fenómenos repentinos, sino la culminación de décadas de mala gestión, corrupción estructural y el agotamiento del modelo económico centralizado que caracteriza a la dictadura cubana. Desde la implosión del campo socialista en los años noventa, el régimen ha mantenido una economía de supervivencia subsidiada temporalmente por aliados internacionales y, más recientemente, dependiente del envío de remesas y el turismo. Sin embargo, la pandemia y la ineficiencia gubernamental evidenciaron la fragilidad del sistema. La llamada «Tarea Ordenamiento», implementada por el gobierno cubano, fue un fracaso económico que disparó la inflación y destruyó el poder adquisitivo del peso cubano. Ante la incapacidad de generar riqueza de manera autónoma, el régimen ha optado por la dolarización de la economía como mecanismo desesperado de captación de divisas, creando un mercado paralelo donde los productos básicos escapan al alcance de quienes solo poseen moneda nacional.
La venta de alimentos, electrodomésticos, combustible y accesorios en divisas extranjeras es una clara muestra de cómo el Estado abandona sus responsabilidades sociales para lucrarse de la necesidad ajena. Esta política no solo profundiza la desigualdad social, sino que criminaliza la pobreza, dejando a amplios sectores de la población al margen del acceso a derechos fundamentales. El deterioro simultáneo de los servicios básicos —agua, electricidad, transporte y ahora gas para cocinar— es el reflejo de una infraestructura nacional abandonada a su suerte, donde la inversión estatal brilla por su ausencia y el mantenimiento se realiza de manera improvisada, trasladando todos los costos de la ineficiencia directamente al bolsillo del ciudadano.
El costo de la supervivencia bajo el régimen de La Habana
Para millones de cubanos, este nuevo aumento en el precio del gas no es solo un ajuste tarifario, sino una condena adicional a una economía doméstica dedicada casi enteramente a la supervivencia. La dictadura ha logrado lo que décadas de ineficacia institucional no pudieron: desmantelar la capacidad de las familias para sustentarse con dignidad. Cocinar un plato de comida en la Cuba actual implica una logística compleja que requiere tener acceso a alimentos, disponer de combustible, electricidad o leña, y poseer el dinero suficiente para costear cada eslabón de esta cadena en un entorno de hiperinflación y salarios deprimidos.
El panorama es desolador. Con apagones diarios que duran horas o incluso días, dificultades extremas para acceder a agua potable, una inflación persistente que devora los salarios y una capacidad adquisitiva reducida a su mínima expresión, el régimen de La Habana sigue imponiendo cargas sobre los hombros de una ciudadanía exhausta. Mientras la cúpula del poder mantiene sus privilegios y llena sus alforjas a costa del sufrimiento popular, los cubanos comunes se ven obligados a reinventar sus vidas cada día, buscando alternativas precarias para llevar algo de comida caliente a la mesa. La pregunta que flota en el aire de cada hogar no es qué se comerá mañana, sino si habrá cómo cocinarlo y si el salario alcanzará para pagarlo.
