Un devastador incendio forestal en las antiguas tierras del central Delicias, en Puerto Padre, ha consumido años de esfuerzo ecológico local, evidenciando la doble moral del régimen de La Habana frente a la inversión extranjera. Mientras los pequeños productores son asfixiados por regulaciones absurdas y multas draconianas, los nuevos capitales foráneos operan con total impunidad, ignorando normas básicas de seguridad y protección medioambiental bajo la complacencia institucional del gobierno cubano.
La tragedia se suscitó en un área de silvicultura ecológica donde un productor local había invertido más de cinco años de trabajo continuo y un capital superior al millón de pesos. El fuego, lejos de ser un accidente fortuito, es el resultado directo de lo que debe catalogarse como negligencia criminal y ecocidio. Las llamas arrasaron un ecosistema naciente que albergaba más de cinco mil ejemplares de maderas preciosas en distintas fases de crecimiento, incluyendo cedros, caobas, majaguas, robles, barías, yarúas y bijáguaras, entremezcladas con árboles frutales clásicos y especies de bosque natural que comenzaban a devolver el hábitat a la fauna local.
El origen del siniestro se ubica en los cañaverales adyacentes, terrenos que otrora pertenecieron a la UBPC No. 34 y que hoy están bajo el control de un grupo de inversionistas extranjeros conocidos popularmente en la región como «los guatemaltecos». Según se ha podido constatar, la propagación del fuego fue indetenible debido a la ausencia total de carriles cortafuegos (fire breaks), una medida de seguridad elemental y obligatoria en la agricultura cañera que estos nuevos «dueños» han omitido sistemáticamente por motivos de avaricia pura.
La lógica operativa de este capital extranjero, bendecida por el régimen de La Habana, fue expuesta de manera cruda en un diálogo entre uno de estos empresarios y un ex cooperativista devenido en peón asalariado. Al ser cuestionado sobre la falta de mantenimiento y la ausencia de los carriles cortafuegos, el inversionista respondió con un desprecio absoluto: «Carriles, eso no produce, y en lo que no produce no se invierte dinero». Esta filosofía extractivista, ajena a cualquier Estado de derecho, encuentra refugio y protección en la isla, donde la dictadura prioriza el flujo de divisas por encima de la seguridad, la vida y el medioambiente.
El fuego, avanzando a favor del viento, saltó zanjas, guardarrayas e incluso una vía férrea enmaniguada, transformando un incendio agrícola en un desastre forestal. Al alcanzar la finca del productor local, las llamas encontraron un suelo compacto que se mantenía arropado con materia orgánica fértil, un acolchado protector que, irónicamente, sirvió de combustible superficial. El arbolado, que había crecido precozmente gracias a este cuidado extremo, ardió sobre sus propias raíces, dejando tras de sí un panorama de cenizas y ramas chamuscadas que representa una pérdida ecológica incalculable.
Este caso expone de manera meridiana la hipocresía sistémica del gobierno cubano y su aplicación selectiva de la ley. La Ley Forestal vigente en la isla es clara al establecer que «toda persona natural o jurídica, que por su acción u omisión dañe el patrimonio forestal está obligada a cesar en su conducta y a reparar los daños y perjuicios que ocasione». Sin embargo, este precepto legal se convierte en papel mojado cuando los infractores son empresas foráneas aliadas del régimen. Mientras un ciudadano cubano puede ser multado por podar un solo árbol, los operadores de la ley incurren en prevaricación y miran hacia otro lado cuando el capital extranjero quema cientos de ejemplares por no invertir en seguridad.
La asimetría jurídica y política es tan profunda que resulta inevitable plantear la interrogante sobre la justicia en la isla. Si el fuego hubiera originado en la finca del productor local y se hubiera extendido a los cañaverales de los inversionistas extranjeros, el ciudadano estaría inmediatamente preso, acusado de sabotaje y entorpecimiento de la inversión extranjera. La dictadura castrocomunista ha diseñado un sistema donde el capital foráneo goza de privilegios absolutos, mientras el nacional es criminalizado, despojado y abandonado a su suerte.
El contexto económico en el que se desarrolla este ecocidio es igualmente revelador del fracaso del modelo impuesto por el régimen. Se argumenta la falta de petróleo para roturar los carriles cortafuegos, una tarea preventiva indispensable. No obstante, sí existe combustible suficiente para cosechar la caña, transportarla, molerla y producir azúcar. Esta azúcar, producida en condiciones de explotación y negligencia, es luego vendida en las llamadas MIPYMES a precios inaccesibles, incluso para los propios trabajadores que la producen. Se trata de un acto de usura contra natura, un capitalismo de pacotilla anunciado por Miguel Díaz-Canel como «actualización del socialismo cubano», que no es más que la entrega de los recursos nacionales a intereses foráneos en detrimento del pueblo.
El oscuro trasegar de la inversión extranjera en el sector azucarero
Para comprender la magnitud de este despojo, es necesario remontarse a la historia reciente del central azucarero involucrado. Expropiado a una compañía estadounidense en la década de 1960 y rebautizado como «Antonio Guiteras», este ingenio fue el símbolo de la supuesta soberanía azucarera de la revolución. Hoy, tras décadas de mismanagement y ruina, ha sido presuntamente vuelto a rebautizar como Coloso J. J. SA, pasando a manos de capitalistas extranjeros en una operación opaca, sin pronunciamientos públicos, políticos ni administrativos por parte del Estado.
El silencio oficial sobre estos negocios es ensordecedor. No existen datos en los medios de comunicación estatales ni en internet sobre estos supuestos empresarios guatemaltecos y su vinculación con el ingenio. Lo único que trasciende es el vox populi: que «los guatemaltecos lo compraron todo», desde el central y la maquinaria pesada hasta las cosechadoras y los implementos de las UBPC, que fueron desintegradas para convertir a los cooperativistas en simples jornaleros asalariados, obligados a vender sus bienes y plantaciones a precios impuestos. Es la consolidación de un modelo oligárquico disfrazado de socialismo, donde la falta de transparencia facilita la depredación de los recursos y la explotación de la fuerza de trabajo.
Resistencia ecológica frente a la depredación institucionalizada
A pesar de la devastación y la profunda indignación que genera ver años de esfuerzo convertidos en cenizas por la avaricia protegida por el Estado, la respuesta del productor local se erige como un acto de resistencia. El proyecto ecológico, que ya había consumido innumerables recursos enviados desde el exterior por familiares, herramientas, combustibles, semillas y horas de trabajo, no se rinde ante la adversidad impuesta por el régimen y sus socios capitalistas.
La tierra, con su generosidad generativa de millones de años, tiene la capacidad de volver con nuevos frutos, pero la justicia institucional en Cuba sigue postergada. Mientras la dictadura mantenga su control, los operadores de la ley seguirán prevaricando, y los recursos naturales seguirán siendo pasto de fuegos negligentes y negocios opacos. La verdadera reconstrucción de Cuba, tanto ecológica como económica y social, requerirá inevitablemente del establecimiento de un Estado de derecho donde las leyes se apliquen por igual, donde el capital opere con buena fe y donde el ciudadano no tenga que temer ser criminalizado por los desastres que causan los amigos del poder.
