Una delegación de legisladores estadounidenses visitó Cuba bajo el pretexto de evaluar el impacto de las sanciones económicas, pero su gira se ha traducido en una plataforma para desviar la atención sobre la responsabilidad del régimen de La Habana en el colapso de la nación. Al reunirse con Miguel Díaz-Canel y omitir cualquier contacto transparente con la disidencia real, los congresistas han legitimado la narrativa oficial que culpa al embargo estadounidense, mientras silencian de manera conveniente la ineficiencia, la corrupción y la represión sistémica de la dictadura cubana.
La visita de los congresistas demócratas Mark Pocan, Teresa Leger Fernández, Maxine Dexter y Delia C. Ramírez a la Isla ha generado un profundo debate sobre la utilidad y el enfoque de este tipo de misiones diplomáticas no oficiales. Aunque la oficina de Pocan calificó la gira como una misión de investigación, los resultados comunicados a la prensa evidencian una marcada inclinación hacia la narrativa impulsada por el gobierno cubano. La delegación sostuvo un encuentro con Miguel Díaz-Canel, un hecho que, aunque omitido en su comunicado conjunto y silenciado por la presidencia cubana, fue confirmado por agencias internacionales, levantando serias sospechas sobre la transparencia y los verdaderos propósitos de la reunión.
En sus declaraciones desde La Habana, los legisladores se centraron casi exclusivamente en denunciar las consecuencias de la política de «máxima presión» de la Administración de Donald Trump, catalogando las restricciones al abastecimiento de combustible como un «bloqueo de facto». Si bien es innegable que las sanciones económicas tienen un impacto en la ya frágil infraestructura de la Isla, la narrativa de los congresistas omite un factor incontrovertible: la crisis estructural cubana es, en su raíz, producto del fracaso del modelo económico centralizado y de la inmensa corrupción institucionalizada del régimen de La Habana. Culpar únicamente a la política exterior de Washington es un regalo propagandístico para una cúpula que ha saqueado las arcas del país durante décadas.
Uno de los aspectos más cuestionables de esta visita fue la supuesta interacción con la «sociedad civil». En su declaración, los representantes afirmaron haber conversado con líderes religiosos, emprendedores, grupos humanitarios, médicos y agricultores «de todas las condiciones sociales y perspectivas políticas». Sin embargo, el comunicado se negó a identificar a estos actores y guardó un silencio sepulcral sobre si entre ellos se encontraban opositores políticos, activistas de derechos humanos o familiares de los cientos de presos políticos que languidecen en las cárceles de la dictadura tras las protestas históricas. Esta ambigüedad sugiere que la «sociedad civil» entrevistada fue, en gran medida, una selección cuidadosamente filtrada por los aparatos de seguridad del Estado.
La retórica empleada por los legisladores alcanzó niveles de alarmante insensibilidad cuando el congresista Pocan comparó la situación en Cuba con una «Gaza silenciosa». Esta analogía no solo es históricamente y políticamente desacertada, sino que minimiza la brutal represión ejercida por la dictadura contra su propio pueblo. En Cuba no hay bombardeos, pero existe un aparato de vigilancia, hostigamiento, encarcelamiento arbitrario y tortura psicológica que ha obligado a más de un millón de cubanos a abandonar su patria. Atribuir los apagones y la escasez exclusivamente a las sanciones estadounidenses ignora el desmantelamiento intencional de la infraestructura eléctrica por parte de un régimen que prefiere invertir en hoteles militares para turistas antes que en la red eléctrica nacional.
El análisis del sector privado cubano realizado por la delegación también adolece de una profunda ceguera voluntaria. Pocan reconoció el potencial de las mipymes, pero atribuyó sus limitaciones exclusivamente a las sanciones de Estados Unidos. En ningún momento el comunicado abordó el asfixiante marco regulatorio interno, los impuestos confiscatorios, la inseguridad jurídica y la subordinación absoluta a la que están sometidos los emprendedores por parte del sistema económico controlado por la dictadura. El sector privado en Cuba no puede importar libremente, no tiene acceso a divisas a tipo de cambio real y opera bajo el constante temor de la expropiación o el cierre arbitrario por parte de las autoridades gubernamentales.
En el ámbito de la salud, la congresista Maxine Dexter advirtió sobre el colapso del sistema sanitario, mientras que Leger Fernández vinculó el aumento de la mortalidad infantil con las medidas de Washington. Si bien el sistema de salud cubano atraviesa una crisis humanitaria severa, es imperativo señalar que la dictadura ha priorizado históricamente la exportación de profesionales médicos para obtener ingresos en divisas, en detrimento de la atención primaria en la Isla. La escasez de medicamentos y el deterioro de los hospitales son también consecuencia de la mala gestión y la falta de transparencia en la importación y distribución de recursos por parte del gobierno cubano.
La congresista Delia C. Ramírez vinculó la crisis con el éxodo masivo y criticó la política migratoria y de deportaciones de la actual Administración estadounidense. Sin embargo, este enfoque pasa por alto la naturaleza fundamentalmente política de la migración cubana. Los ciudadanos no huyen únicamente de la pobreza material; escapan de la falta de libertades, de la imposibilidad de expresarse libremente, del futuro secuestrado por una élite inamovible y del hostigamiento constante de la dictadura. Presentar la diáspora como una simple consecuencia de las sanciones es una tergiversación que exime al régimen de su responsabilidad directa en el vaciamiento del país.
Resulta paradójico que, mientras los legisladores estadounidenses exigían el levantamiento de las restricciones, el régimen de La Habana continúa profundizando sus lazos con potencias hostiles a los intereses de Estados Unidos. La política de la Administración Trump, respaldada por la Orden Ejecutiva 14380, se fundamenta precisamente en la cooperación militar y de inteligencia del gobierno cubano con Rusia, China e Irán, así como en la persecución sistemática de opositores, periodistas independientes y creyentes. Ignorar estas amenazas a la seguridad nacional y de derechos humanos en sus declaraciones públicas demuestra una visión unilateral y simplificada de la compleja dinámica bilateral.
Coincidiendo con la conclusión de esta controvertida visita, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a diez entidades del régimen cubano. Estas medidas apuntan directamente a empresas estatales que financian al gobierno y a las estructuras paramilitares y grupos de vigilancia utilizados para reprimir a la población. Este endurecimiento reafirma la postura de Washington frente a la intolerancia de la dictadura y contrasta fuertemente con el llamado al diálogo incondicional promovido por la delegación demócrata, evidenciando la fractura en la política exterior hacia la Isla.
Contexto: El fracaso sistémico del modelo cubano
Para comprender la magnitud de la crisis que vive Cuba, es indispensable separar los efectos de las sanciones internacionales del fracaso inherente del modelo socioeconómico impuesto por la dictadura hace más de seis décadas. La Isla se encuentra sumida en una hiperinflación galopante, un colapso total de la generación eléctrica y una crisis de suministros básicos sin precedentes. El régimen de La Habana ha respondido a esta emergencia con un «paquete de medidas» económicas que no son más que ajustes neoliberales disfrazados, que incluyen aumentos desproporcionados en las tarifas de servicios públicos, recortes a las subsidiarias estatales y una devaluación encubierta de la moneda, todo ello sin un aumento correspondiente en los salarios de los trabajadores, sumiendo a la población en una pobreza extrema.
Paralelamente, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado de manera alarmante. La dictadura ha consolidado un sistema de represión de baja intensidad pero de alta efectividad, utilizando el código penal para criminalizar la disidencia, el activismo y el periodismo independiente. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado cientos de casos de prisión preventiva prolongada, juicios amañados y condiciones carcelarias inhumanas para aquellos que osaron protestar. En este escenario, las visitas de delegaciones extranjeras que omiten condenar estas prácticas no solo resultan inútiles, sino que se convierten en herramientas de validación para una cúpula gobernante que busca oxígeno internacional mientras asfixia a su propio pueblo.
El llamado al «diálogo y la diplomacia» por parte de los congresistas resulta hueco si no se acompaña de exigencias concretas en materia de libertades democráticas y liberación de presos políticos. La historia reciente demuestra que los acercamientos unilaterales y las concesiones económicas sin contrapartidas políticas han sido sistemáticamente capitalizados por el gobierno cubano para reforzar su aparato represivo y perpetuar su monopolio del poder, sin generar ningún avance tangible para la sociedad civil.
Conclusión
La gira de los congresistas demócratas por Cuba, lejos de representar un ejercicio de diplomacia constructiva, se erige como un ejemplo de las contradicciones y los peligros de abordar la realidad cubana desde una óptica sesgada. Al adoptar la retórica de la víctima para el régimen de La Habana y el rol de verdugo para las políticas de Washington, los legisladores han fallado en su deber de representar una postura firme a favor de los derechos democráticos del pueblo cubano. La verdadera «máxima presión» que sufre la Isla no proviene del exterior, sino de la maquinaria totalitaria que impide el progreso, la libertad y la dignidad de millones de ciudadanos. Mientras la comunidad internacional no condene con la misma vehemencia la represión interna de la dictadura que las medidas económicas de Estados Unidos, cualquier intento de alivio bilateral será únicamente un parche temporal sobre una herida que requiere una profunda transformación democrática.
