ENTRADILLA: El régimen de La Habana ha vuelto a exhibir su habitual retórica victimista en los foros internacionales, denunciando un supuesto «bloqueo» que asfixia a la isla. Sin embargo, las acciones internas del gobierno cubano desmienten sus propios discursos, evidenciando una profunda contradicción: mientras clama por un levantamiento de sanciones en la ONU, capta y administra millonarios fondos de cooperación internacional provenientes de Europa y de agencias multilaterales, dejando al descubierto la falacia de su narrativa y la profunda ineficiencia de su modelo económico centralizado.
La maquinaria propagandística del castrismo opera bajo un guion repetido que, pese al desgaste y al creciente escepticismo de la población, sigue siendo su principal escudo para justificar el desastre económico. Recientemente, el régimen acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas para solicitar un debate de carácter urgente, acusando a Washington de desplegar un «cerco energético», actos de «genocidio» y «castigo colectivo». En este escenario, el canciller cubano desplegó un relato dramático sobre la asfixia del país, ignorando convenientemente que las verdaderas causas de la escasez de combustible residen en el incumplimiento sistemático de los compromisos de suministro por parte de Venezuela y en la nula solvencia crediticia del gobierno cubano para operar en los mercados internacionales.
La ironía de este espectáculo diplomático se hace evidente al observar lo que ocurre en paralelo dentro de la isla. Mientras la prensa estatal, carente de independencia y subordinada al poder desde hace más de seis décadas, satura sus páginas con quejas sobre el embargo, el propio régimen se prepara para gestionar una generosa inyección de capital extranjero. Esta financiación llega a través del proyecto NAE (Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible), una iniciativa que seleccionó 63 propuestas locales de un total de 393 presentadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo agroalimentario, las energías renovables y las tecnologías de la información.
Lo más revelador de este proyecto no es solo su existencia, sino su origen y estructura. El NAE está financiado por la Unión Europea y se ejecuta mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto a la Cooperación Francesa. Resulta profundamente paradójico que el mismo foro internacional utilizado por el régimen para arremeter contra Estados Unidos sea, a través de sus agencias, el que inyecte dinero fresco a la élite gobernante cubana. Si el «cerco» fuera tan asfixiante e implacable como describen en sus discursos, esta cooperación financiera sería simplemente imposible de ejecutar.
Aunque los destinatarios teóricos del proyecto son actores no estatales —como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local—, el control absoluto recae en la nomenclatura del Partido Comunista. La gestión, validación y ejecución de estos fondos están supervisados por una pléyade de ministerios e instituciones estatales, incluyendo el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), el Ministerio de Educación Superior (MES), el Banco Central de Cuba (BCC) y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).
Esta estructura burocrática demuestra que la tan publicitada apertura económica en Cuba es solo una fachada para captar recursos. El gobierno cubano no permite el libre desarrollo del sector privado; lo subordina a la tutela asfixiante del Estado. Los fondos internacionales destinados a fomentar el tejido económico local terminan siendo administrados por la misma burocracia ineficaz que ha llevado al país a la ruina productiva. Además, la transparencia en la asignación y ejecución de estos recursos es prácticamente nula, alimentando la fundada sospecha de que gran parte de la cooperación internacional termina engrosando las arcas del aparato estatal o beneficiando a los círculos de poder del régimen.
El argumento central del régimen sobre una supuesta obstaculización de la ayuda humanitaria choca frontalmente con la realidad jurídica y comercial. La legislación del embargo estadounidense permite explícitamente la venta de alimentos y medicamentos a la isla, con la única condición de que las transacciones se paguen al contado. La incapacidad crónica del régimen para adquirir estos bienes básicos no se debe a una prohibición externa, sino a la falta de divisas, derivada de un modelo productivo fracasado, del desvío de recursos hacia empresas militares y de la negativa histórica del gobierno cubano a honrar sus deudas con los proveedores internacionales.
La narrativa de la «nación sitiada» se desmorona definitivamente ante la evidencia empírica. Cuba mantiene relaciones comerciales con la inmensa mayoría de los países del mundo, recibe inversión extranjera directa y es destino de turistas de todas las latitudes. La verdadera «asfixia» que sufren los cubanos no proviene del exterior, sino del bloqueo interno impuesto por la dictadura: la prohibición de la libre empresa sin interferencias estatales, la confiscación de los frutos del trabajo, el control cambiario y la represión sistemática contra cualquier manifestación de descontento social o demanda de libertades democráticas fundamentales.
Contexto histórico y la instrumentalización de la pobreza
Desde hace más de seis décadas, la dictadura cubana ha convertido el enfrentamiento con Estados Unidos en su principal fuente de legitimidad política. La ausencia de una prensa libre en la isla ha facilitado la construcción de un discurso monolítico donde el embargo es el chivo expiatorio de todos los males: desde los apagones diarios que superan las diez horas en algunas provincias, hasta la deficiente atención médica, la crisis educativa y la escasez alimentaria. Sin embargo, la población cubana, sumida en una emergencia estructural que ha provocado un éxodo masivo sin precedentes, desconfía cada vez más de esta explicación oficial y exige responsabilidades a sus gobernantes.
La creación de las Mipymes en los últimos años fue presentada como un paso audaz hacia la flexibilización económica, pero en la práctica ha servido para que el régimen mantenga el control sobre los nuevos actores económicos sin perder su hegemonía. Las empresas privadas emergentes operan en un entorno hostil, limitadas por la regulación estatal, la inestabilidad cambiaria y la imposibilidad de importar libremente insumos. En este contexto, proyectos como el NAE funcionan como válvulas de oxígeno que el régimen utiliza para inyectar capital en sectores estratégicos sin tener que ceder el control político o democratizar la economía nacional.
Cierre y perspectivas
El espectáculo ofrecido por el régimen de La Habana en la ONU y la simultánea recepción de fondos europeos y de agencias de la ONU evidencian una política de doble moral que la comunidad internacional debería comenzar a cuestionar con mayor firmeza. El castrismo busca en los foros multilaterales la conmiseración internacional para ocultar su incompetencia administrativa y su naturaleza represiva, mientras que en la sombra negocia y acepta ayuda financiera que, lejos de aliviar la situación del pueblo, refuerza las estructuras de poder de la dictadura y prolonga su agonía.
La cooperación internacional, particularmente la proveniente de la Unión Europea, debe replantearse el alcance y las condiciones de su ayuda al gobierno cubano. Inyectar capital en proyectos controlados por ministerios que responden a un régimen autoritario no fomenta el desarrollo real ni mejora las condiciones de vida de los ciudadanos; simplemente actúa como una transfusión de sangre para un sistema moribundo. Mientras persista el bloqueo interno contra las libertades económicas, políticas y de prensa en Cuba, ninguna cantidad de financiación externa logrará resolver la profunda crisis que asola a la nación.
