La crisis de seguridad y violencia machista en Cuba continúa cobrando víctimas femeninas en medio del más absoluto silencio institucional. Organizaciones de la sociedad civil independiente han confirmado dos feminicidios en la provincia de Sancti Spíritus y denuncian un tercer caso en Centro Habana, evidenciando la incapacidad y la falta de voluntad del régimen de La Habana para proteger a las mujeres y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha constatado el asesinato de dos mujeres a manos de sus exparejas en el territorio espirituano en un lapso de apenas unos días. Estos crímenes atroces se suman a una alarmante cadena de violencia que azota a la isla, donde la ineficacia del sistema judicial y la ausencia de políticas públicas preventivas dejan a las cubanas en un estado de vulnerabilidad extrema. La falta de protección estatal es una constante que la dictadura intenta invisibilizar a toda costa, pero que las plataformas ciudadanas logran documentar con un rigor que contrasta profundamente con la opacidad oficial.
Una de las víctimas confirmadas por OGAT es Zarahelga “Sarita” Pardo López, una joven de 29 años residente en el reparto Carlos Roloff, en la ciudad de Sancti Spíritus. La mujer fue asesinada de forma violenta por su expareja, quien además es el padre de sus hijos. Tras cometer el feminicidio, el agresor intentó atentar contra su propia vida, pero fracasó en el intento. Actualmente, permanece hospitalizado bajo estricta custodia policial, a la espera de enfrentar un proceso judicial por un hecho que truncó la vida de una joven madre y destruyó a una familia entera.
La organización civil ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de Zarahelga, haciendo especial énfasis en la crítica situación de los hijos menores que quedan tras la tragedia. OGAT ha urgido la provisión de atención psicológica especializada para los pequeños, quienes no solo pierden a su madre en un acto de brutalidad inusitada, sino que quedan en una posición de extrema fragilidad emocional y social. El Estado cubano, sin embargo, rara vez garantiza este tipo de apoyo integral a los huérfanos de la violencia machista, dejando que el trauma se profundice en el seno de una sociedad ya profundamente fracturada.
El segundo caso letal documentado en la misma provincia es el de Lidianni Luis González, cuya edad aún está siendo precisada por las autoridades y los activistas. Lidianni perdió la vida en la Carretera Central, en las inmediaciones del poblado de La Trinchera, mientras se trasladaba desde Guayos, la localidad donde residía. Su expareja es el responsable directo de este asesinato, un crimen que tiene un agravante institucional mayúsculo: la víctima había denunciado previamente a su agresor, lo que demuestra un fallo catastrófico y estructural del sistema de justicia cubano.
La plataforma NiO Reportando un Crimen había alertado previamente sobre este caso, identificando al presunto asesino como Dabier Valdivia Santana, de 45 años. Según la información recabada por la red ciudadana, este individuo se encontraba cumpliendo una sanción por amenazas y gozaba de libertad condicional en el momento en que decidió asesinar a Lidianni. Este detalle es una prueba contundente de la negligencia del gobierno cubano, que libera a individuos con antecedentes violentos sin asegurar la protección de las víctimas que los han denunciado, convirtiendo las medidas cautelares o las sanciones en meros formalidades legales sin ningún respaldo en la realidad cotidiana.
La violencia no se ha limitado a las provincias orientales o centrales. En Centro Habana, NiO Reportando un Crimen ha denunciado un posible nuevo feminicidio que marcaría el primer caso reportado este mes en la isla. La víctima habría sido Dayana Borges, originaria de Arroyo Naranjo y residente en el municipio habanero. Los hechos ocurrieron en la intersección de Campanario y Salud, cerca de la Iglesia de la Caridad, una zona de alto tránsito ciudadano que no fue obstáculo para que la pareja de la víctima, identificada como Yusuan Marrero, le quitara la vida en plena tarde.
Según la denuncia preliminar, el agresor se encontraba bajo los efectos de la droga conocida popularmente como «el químico», un estupefaciente sintético que ha invadido las calles cubanas ante la inacción y la corrupción de las autoridades. Tras asesinar a Dayana, Marrero se quitó la vida. Lo más conmovedor y trágico de este caso es que los dos hijos de la víctima presenciaron el crimen. Aunque este caso aún está en proceso de verificación por los observatorios, las características del hecho reflejan un nivel de brutalidad y descomposición social que el régimen de La Habana se niega a reconocer públicamente.
Contexto: Opacidad institucional y descomposición social en la isla
Los observatorios independientes llevan años insistiendo en que la denuncia ciudadana es el único mecanismo viable para documentar la violencia feminicida en Cuba. Esto se debe a la total ausencia de estadísticas oficiales transparentes por parte del gobierno cubano. La dictadura mantiene un hermetismo absoluto sobre los índices de criminalidad y violencia de género, impidiendo no solo el acceso a la información, sino también el diseño e implementación de políticas públicas efectivas que puedan prevenir estos crímenes. Mientras el régimen se jacta en foros internacionales de supuestos avances en materia de igualdad, las mujeres cubanas siguen siendo asesinadas con total impunidad y sin redes de apoyo estatal.
Las cifras manejadas por la sociedad civil hablan por sí solas y revelan una crisis de seguridad encubierta. OGAT ha contabilizado decenas de feminicidios en lo que va de año, junto a numerosos intentos de feminicidio y asesinatos de hombres por motivos de género. La organización también ha exigido acceso al informe de investigación del caso de Anais Tamayo Puente y continúa rastreando posibles crímenes no esclarecidos, una labor titánica que debería corresponder a las instituciones del Estado pero que recae sobre el cansancio, el riesgo y el coraje de activistas independientes que actúan sin ningún tipo de financiamiento o respaldo gubernamental.
La situación actual de Cuba es un caldo de cultivo ideal para la proliferación de la violencia: una crisis económica aguda que dura décadas, frustración social generalizada, consumo creciente de drogas sintéticas de bajo costo y un sistema judicial inoperante y corrupto. La dictadura ha desmantelado cualquier espacio de debate real sobre la violencia machista, cooptando organizaciones de mujeres para convertirlas en meras correas de transmisión del poder, y criminalizando o ignorando a las feministas independientes que intentan visibilizar el problema. Mientras tanto, el Estado continúa sin implementar protocolos de protección efectivos para mujeres denunciantes, las cuales quedan a merced de sus agresores, tal como ocurrió con Lidianni Luis González.
Una responsabilidad estatal ineludible
El asesinato de Zarahelga, Lidianni y la presunta víctima Dayana no son tragedias aisladas o simples «hechos delictivos» consecuencia de problemas pasionales. Son el resultado directo de un sistema autoritario que normaliza la violencia, abandona a sus ciudadanos a su suerte y no rinde cuentas por sus omisiones. El régimen de La Habana tiene la responsabilidad directa e ineludible en estas muertes, debido a su negación sistemática del problema, su opacidad estadística y su fracaso absoluto en la administración de justicia y prevención del delito.
Mientras la dictadura no asuma la crisis de seguridad y de género que azota a la isla, las mujeres cubanas seguirán cayendo de manera silenciosa pero constante. La historia y la sociedad civil las recordarán no solo como víctimas de sus agresores directos, sino también como víctimas colaterales de un Estado cómplice por omisión, que prefiere ocultar la sangre derramada antes que admitir su incapacidad para garantizar el más básico de los derechos humanos: el derecho a la vida.
