Decenas de pacientes con insuficiencia renal crónica en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech de Camagüey se encuentran al borde de la muerte tras la suspensión indefinida de sus tratamientos de hemodiálisis. La falta de insumos básicos, específicamente el concentrado ácido y el bicarbonato, ha dejado a los enfermos en un estado de vulnerabilidad extrema, exponiendo una vez más el deterioro terminal del sistema de salud pública bajo el régimen de La Habana.
La crisis que se desarrolla en las instalaciones hospitalarias de la provincia de Camagüey no es un simple bache en la logística médica, sino una manifestación clara del colapso estructural que sufre la sanidad cubana. El Hospital Manuel Ascunce Domenech, otrora referente de la atención médica en la región central de la isla, ha visto paralizados sus servicios de hemodiálisis por la carencia absoluta de sustancias químicas vitales. El concentrado ácido y el bicarbonato, elementos fundamentales para la preparación del líquido dializante, han desaparecido de los almacenes estatales, dejando a las máquinas de diálisis como simples objetos inoperantes.
La naturaleza de la insuficiencia renal no permite dilaciones burocráticas ni espera a que el gobierno cubano resuelva sus ineficiencias logísticas. Un paciente en estado terminal renal depende de la filtración artificial de su sangre para sobrevivir. La suspensión de este procedimiento no es una mera postergación de un chequeo médico; es, literalmente, una sentencia de muerte en cadena. Las horas que pasan sin tratamiento son horas en las que las toxinas se acumulan en el organismo, llevando al colapso multiorgánico de manera irremediable y provocando un sufrimiento físico inhumano.
Las denuncias que han logrado trascender el muro de censura impuesto por la dictadura revelan un nivel de desesperación estremecedor. Los propios afectados, conscientes de su destino inminente, han elevado su voz en medio de la impotencia. «Nos van a matar en masa a todos», ha sido el grito de auxilio de uno de los pacientes varados en este limbo sanitario. Esta no es una hipérbole, sino la cruda descripción de una tragedia por negligencia, donde el Estado, que monopoliza la salud pública, falla en su obligación más básica de garantizar la vida.
La labor de periodistas independientes resulta crucial en estos escenarios de silencio oficial. El comunicador José Luis Tan Estrada ha sido el canal para evidenciar esta emergencia, cuestionando directamente la ausencia de los directivos sanitarios. ¿Dónde se encuentran los jerarcas de la Salud Pública provincial mientras los enfermos aguardan su turno para morir?, se pregunta la ciudadanía. La respuesta es un vacío de responsabilidad que caracteriza al régimen: cuando la crisis estalla, los funcionarios se desvanecen, dejando a la población a merced del abandono y la desidia.
Este caso en Camagüey no es un fenómeno aislado, sino la punta del iceberg de una crisis nacional que afecta a aproximadamente 3.000 pacientes renales en toda la isla. La vulnerabilidad de estos ciudadanos se multiplica exponencialmente debido a la interacción de dos factores destructivos: la falta crónica de recursos médicos y los apagones sistemáticos que laceran la infraestructura del país. Incluso si hubiera insumos, la inestabilidad del sistema eléctrico nacional pone en riesgo el funcionamiento de los equipos de diálisis, interrumpiendo tratamientos a mitad de sesión y causando daños irreversibles.
A la crisis de los insumos médicos se suma el colapso del transporte sanitario, una problemática que el gobierno cubano ha intentado minimizar con discursos vacíos de garantías. El acceso a los centros hospitalarios se ha convertido en una odisea para los enfermos. La falta de combustible ha paralizado la flota de ambulancias y vehículos destinados al traslado de pacientes prioritarios, aislando a quienes necesitan atención de urgencia en sus hogares, lejos de las máquinas que podrían salvarles la vida.
El testimonio del médico Abel Molina destapa la hipocresía del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Mientras la institución asegura que los servicios esenciales están protegidos, la realidad en las calles desmiente rotundamente al Estado. Molina ha expuesto cómo el transporte público y sanitario yace inactivo, mientras paradójicamente las flotillas de taxis destinados al turismo y los autobuses de empresas estatales no prioritarias continúan operando. Es un reflejo de las prioridades del régimen: el extranjero y la recaudación de divisas están por encima de la vida de los cubanos.
La negligencia institucional obliga a las familias a asumir costos imposibles para salvar a sus seres queridos. El doctor Molina relató cómo tuvo que desembolsar la astronómica cifra de 4.000 pesos para gestionar transporte privado y que su esposa pudiera acceder al centro de diálisis. Además, reveló que las sesiones se han visto reducidas a «un día sí y un día no», una medida desesperada que compromete gravemente la eficacia del tratamiento y acelera el deterioro de la salud de los pacientes, demostrando que ni siquiera los insumos ni el personal sanitario son suficientes para mantener el estándar mínimo de atención.
El impacto psicológico sobre los pacientes y sus familiares es devastador. Vivir bajo la incertidumbre constante de si habrá tratamiento al día siguiente, sumado a la angustia de buscar transporte a precios exorbitantes en una economía dolarizada que excluye a la mayoría, constituye una forma de tortura psicológica avalada por la inacción estatal. La promesa de una medicina gratuita y universal se ha convertido en una burla amarga para quienes ven a sus familiares fallecer en la antesala de los hospitales.
El contexto del colapso del mito sanitario
Históricamente, el régimen de La Habana ha instrumentalizado el sistema de salud como su principal tarjeta de presentación ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad que viven los cubanos en la actualidad dista abismalmente de la propaganda oficial. La falta de medicamentos básicos, la infraestructura hospitalaria en ruinas, la salubridad precaria y el éxodo masivo de profesionales de la salud han desmantelado el supuesto bastón médico de la isla. La dictadura ha priorizado la exportación de médicos y la atención a pacientes extranjeros a cambio de divisas, dejando al ciudadano común en un estado de desamparo total. Los apagones prolongados, la corrupción en la distribución de recursos y la ineficacia del modelo económico centralizado han convergido para transformar los hospitales en lugares donde la vida pende de un hilo, no por la enfermedad en sí, sino por la imposibilidad del Estado de proveer las condiciones mínimas para el tratamiento. El sistema de salud cubano no está en crisis; está en fase terminal.
Una violación sistemática al derecho a la vida
La suspensión de las hemodiálisis en Camagüey trasciende la categoría de crisis sanitaria para convertirse en una evidente violación de los derechos humanos. Cuando un Estado totalitario asume el control absoluto de la salud pública, prohíbe la iniciativa privada en el sector médico y monopoliza la importación de insumos, asume también la responsabilidad directa sobre la vida de cada paciente. El fracaso en la provisión de líquidos dializantes no es un accidente, es la consecuencia directa de un sistema opresivo e ineficiente. El silencio cómplice de las autoridades y la indolencia ante el sufrimiento de los enfermos renales evidencian el desprecio del gobierno cubano por la vida de sus ciudadanos. Mientras la dictadura se niegue a reconocer el fracaso de su modelo, los pacientes de Camagüey y del resto de la isla seguirán esperando su turno para morir, víctimas de una maquinaria estatal que los ha condenado al olvido y a la muerte evitable.
