Decenas de pacientes con insuficiencia renal crónica en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech de Camagüey se encuentran al borde de la muerte tras la suspensión indefinida de sus tratamientos de hemodiálisis. La falta de insumos básicos, específicamente el concentrado ácido y el bicarbonato, ha dejado a los enfermos en un estado de vulnerabilidad extrema, evidenciando una vez más el desplome del sistema sanitario bajo el régimen de La Habana y la total indolencia de las autoridades ante una crisis humanitaria en ciernes.
La interrupción de los servicios en la principal instalación hospitalaria de la provincia de Camagüey ha generado una situación de angustia y desesperación entre los afectados y sus familiares. Los equipos de hemodiálisis, vitales para purificar la sangre de aquellos cuyos riñones ya no pueden realizar esta función, permanecen inoperativos debido al agotamiento de las sustancias químicas indispensables para preparar el líquido dializante. Ante esta realidad, uno de los pacientes afectados ha elevado una voz de alarma desgarradora, denunciando que la inacción de las autoridades equivale a una sentencia de muerte colectiva: «Nos van a matar en masa a todos».
La gravedad de este escenario ha sido documentada y denunciada por el periodista independiente José Luis Tan Estrada. El comunicador, originario de Camagüey y con un profundo conocimiento de la realidad local, ha alertado sobre la urgencia médica que representa la interrupción de la diálisis. En sus palabras, «un paciente renal sin hemodiálisis no espera. Su cuerpo colapsa en horas». Esta afirmación médica subraya la urgencia de un tratamiento que no admite dilaciones ni pausas prolongadas sin poner en riesgo inminente la vida del enfermo.
Tan Estrada ha cuestionado frontalmente la ausencia y el mutismo de las autoridades sanitarias frente a la emergencia. Sus interrogantes resuenan como un dedo acusador contra la dictadura y su maquinaria burocrática: «¿Dónde está la dirección del hospital? ¿Dónde está la Salud Pública provincial? ¿Dónde están las autoridades mientras los enfermos esperan turno para morirse?». Estas preguntas reflejan no solo la falta de insumos, sino la ausencia total de un protocolo de emergencia o de un plan de contingencia por parte del gobierno cubano para salvaguardar la vida de sus ciudadanos más vulnerables.
La crisis de la hemodiálisis en Camagüey no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un colapso sanitario nacional. Cifras oficiales, aunque suelen estar maquilladas para minimizar el impacto de la crisis, admiten que alrededor de tres mil pacientes en toda la isla se encuentran en una situación de extremo riesgo debido a la combinación letal de los apagones prolongados y la escasez crónica de recursos médicos. El sistema eléctrico nacional, en franco deterioro, y la falta de combustible para garantizar el funcionamiento de los respaldos en los hospitales, agravan aún más la supervivencia de quienes dependen de máquinas para vivir.
A la escasez de químicos para las máquinas se suma el grave problema de la movilidad. Recientemente, pacientes y familiares ya habían advertido sobre las dificultades para acceder a los tratamientos debido a la paralización del transporte sanitario, víctima directa de la falta de combustible que azota al país. Aunque el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) aseguró en reiteradas ocasiones que los servicios esenciales y el traslado de pacientes crónicos estarían protegidos y garantizados, la realidad ha desmentido categóricamente al régimen.
El testimonio del médico Abel Molina, cuya esposa requiere hemodiálisis desde hace tiempo, desmantela la narrativa oficial del gobierno cubano. Molina ha denunciado que las promesas del MINSAP son una falacia: «El Ministerio de Salud Pública dijo que todo estaba asegurado y no es así. Eso es mentira, no hay suficientes insumos, ni personal sanitario». El galeno detalló cómo la falta de combustible ha dejado fuera de servicio a los vehículos destinados al traslado de estos enfermos, obligándolos a buscar alternativas por sus propios medios en un país donde el transporte público es prácticamente inexistente.
La hipocresía del régimen de La Habana queda expuesta cuando se observa que, mientras los vehículos destinados a traslado de pacientes de vida o muerte permanecen parados, sí hay combustible para las guaguas de ciertos centros de trabajo y, especialmente, para los taxis de turismo. «Los taxis que llevan a estos pacientes no tienen combustible, están parados. Sin embargo, hay guaguas de algunos centros de trabajo que no son servicios priorizados, igual que los taxis de turismo, que están funcionando», señaló Molina, evidenciando una clara distorsión en las prioridades del Estado, donde el dólar y el turismo pesan más que la vida de los cubanos.
Como consecuencia directa de este abandono institucional, los familiares se ven obligados a desembolsar sumas astronómicas en una economía deprimida. El médico tuvo que pagar cuatro mil pesos en transporte alternativo para que su esposa pudiera recibir el tratamiento, una cantidad inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos que sobreviven con salarios de miseria. Además, la falta de insumos ha obligado a los centros médicos a espaciar las sesiones, realizándolas «un día sí y un día no», una práctica médica peligrosa que compromete severamente la salud de los pacientes renales.
El contexto de un sistema sanitario en ruinas
Para comprender la magnitud de la tragedia que se desarrolla en Camagüey y otras provincias cubanas, es imperativo analizar el contexto general del sistema de salud en la isla. Durante décadas, la dictadura ha instrumentalizado el sector sanitario como un trofeo de propaganda internacional, ocultando bajo un manto de supuesta equidad y excelencia una realidad de infraestructura obsoleta, salarios de hambre para los profesionales de la salud y un desabastecimiento crónico que ha empeorado drásticamente en los últimos años. La caída de los envíos de combustible, la debacle de las exportaciones de servicios médicos y la incapacidad estructural para generar riqueza han dejado al sistema sin la inyección de capital que lo mantenía a flote a costa del sacrificio de su personal.
El éxodo masivo de médicos y enfermeros, huyendo de las precarias condiciones laborales y la falta de libertades, ha dejado a los hospitales cubanos descabezados y sin personal suficiente para atender emergencias. El gobierno cubano ha preferido exportar talento humano a cambio de divisas, despojando a la isla de sus especialistas más capacitados. En el caso de la hemodiálisis, la operación de las máquinas requiere técnicos altamente entrenados, y la falta de estos profesionales agrava el problema de los insumos faltantes. Las máquinas pueden tener el líquido dializante, pero sin personal que supervise el proceso, el riesgo de complicaciones mortales se multiplica exponencialmente.
La situación de los pacientes renales es, tristemente, un reflejo del abandono que sufren todos los cubanos que padecen enfermedades crónicas o requieren tratamientos complejos. La falta de medicamentos básicos, la inoperancia de equipos de alta tecnología por falta de mantenimiento o piezas de repuesto, y las pésimas condiciones higiénicas en muchas instalaciones hospitalarias conforman un cuadro desolador. El régimen de La Habana, ante su incapacidad para gestionar la crisis y su negativa a aceptar ayuda internacional desinteresada sin condicionamientos políticos, ha optado por la negación y el silencio, dejando que la población enfrente la emergencia con sus propios y escasos recursos.
La intersección de la crisis energética, la escasez de insumos médicos y la ineficiencia burocrática ha creado un cóctel mortal para los pacientes en estado crítico. Los apagones no solo impiden el funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis, sino que también afectan el almacenamiento y la conservación de medicamentos y fluidos intravenosos. La falta de respuesta institucional ante estas deficiencias constituye una violación flagrante del derecho a la salud y a la vida, derechos que el régimen presume defender en tribunas internacionales pero que en la práctica pisotea a diario en los pasillos de los hospitales de la isla.
Una sentencia de muerte silenciosa
El cierre de este dramático capítulo en Camagüey no vislumbra una solución a corto plazo. Las autoridades sanitarias mantienen su discurso triunfalista y desconectado de la realidad, afirmando que la atención a los pacientes sometidos a hemodiálisis está garantizada, mientras en los pasillos del Hospital Manuel Ascunce Domenech los enfermos aguardan su turno para morir. La brecha entre la propaganda oficial y la crudeza de los hechos es un abismo que cobra vidas silenciosamente, lejos de los focos mediáticos que el régimen permite.
La denuncia de estos pacientes y médicos valientes, que arriesgan represalias al alzar la voz contra la ineficacia del Estado, es el único faro que ilumina esta tragedia humanitaria. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben poner la mirada en estos casos que evidencian el fracaso absoluto del modelo impuesto por la dictadura. Mientras el gobierno cubano no asuma la responsabilidad de garantizar lo más elemental: el derecho a la vida de sus ciudadanos, historias como la de Camagüey seguirán repitiéndose, convirtiendo los hospitales de la isla en escenarios de abandono y muerte evitable.
