El gobierno cubano ha anunciado oficialmente el cese de la distribución universal de la canasta básica de alimentos, limitando el acceso a sectores considerados vulnerables. La medida, presentada por Miguel Díaz-Canel durante el Pleno del Partido Comunista, representa el reconocimiento tácito del fracaso del modelo económico centralizado y deja a millones de ciudadanos a la deriva en medio de una crisis estructural sin precedentes.
El régimen de La Habana ha dado un paso más en el desmantelamiento de su propio aparato de asistencia social con el anuncio de la eliminación del carácter universal de la libreta de racionamiento. Durante la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel confirmó que la cuota básica de alimentos solo estará garantizada para jubilados, familias con niños enfermos crónicos y otros sectores catalogados como vulnerables. Esta decisión marca un punto de inflexión en la historia económica de la Isla, al abandonar un esquema de subsidios que, durante más de seis décadas, fue vendido a la población como el gran logro de la equidad social revolucionaria.
En su intervención, Díaz-Canel intentó justificar la medida bajo el pretexto de la eficiencia y la modernización, argumentando que el país debe transitar de «subsidiar productos a subsidiar personas». Según la narrativa oficial, la justicia social no puede sostenerse sobre precios artificiales. Sin embargo, este discurso enmascara una realidad mucho más cruda: la incapacidad manifiesta del Estado cubano para abastecer a su población. La dictadura ha preferido recortar el ya magro sustento de los ciudadanos antes que admitir el colapso total de su sistema productivo y de importación, derivado de la falta de divisas y la ineficiencia crónica de la planificación central.
Aunque el gobernante reconoció que «algunas medidas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables», evitó ofrecer detalles precisos sobre la fecha exacta de implementación o los mecanismos burocráticos que se utilizarán para determinar quién es merecedor de la asistencia estatal. Esta opacidad genera una profunda incertidumbre en una población que ya vive bajo el yugo de la inflación, los apagones prolongados y la escasez endémica. La promesa de focalizar las ayudas choca con la falta de transparencia y fiabilidad de las instituciones cubanas, que históricamente han utilizado el control de los recursos como herramienta de represión y chantaje político.
La estrategia del gobierno cubano no solo implica recortar el subsidio universal, sino que también busca trasladar la carga de la asistencia social a otros actores. Díaz-Canel convocó a empresas estatales y al emergente sector privado a colaborar en el sostenimiento de comedores sociales, hogares de ancianos y centros para menores desamparados. Esta maniobra revela la hipocresía del régimen: por un lado, asfixia a los cuentapropistas con impuestos y regulaciones asfixiantes, y por el otro, les exige que asuman responsabilidades que son inherentes al Estado, lavándose las manos ante la miseria que ellos mismos han provocado.
El deterioro de un sistema que ya no protegía a nadie
Para el cubano de a pie, el anuncio del fin de la libreta universal no es más que la formalización de una realidad que sufre desde hace décadas. Instaurada en 1962, la libreta de racionamiento fue diseñada como un mecanismo de control y asignación de bienes esenciales a precios subsidiados. En sus primeros años, logró mitigar el hambre en un país sometido a un fuerte bloqueo interno por parte del propio Estado. No obstante, con el paso del tiempo y la profundización de la crisis económica tras la pérdida de los subsidios soviéticos, el sistema se fue vaciando de contenido.
En la actualidad, los productos que llegan a través de este canal son escasos, irregulares y de una calidad cuestionable. El arroz, el azúcar, los granos y la sal se distribuyen en cantidades que apenas alcanzan para unos pocos días al mes, mientras que otros alimentos básicos, como el café, el aceite o el pollo, han desaparecido por completo de los mercados estatales subsidiados o llegan de forma esporádica tras meses de espera. La libreta había dejado de ser una red de seguridad para convertirse en una burla cruel, un recordatorio mensual de la incapacidad del régimen para garantizar la subsistencia.
Incluso los programas diseñados para proteger a los grupos más vulnerables, como las embarazadas, los lactantes y los enfermos crónicos, han sufrido interrupciones constantes. Las madres cubanas han tenido que recurrir al mercado negro o a las remesas del extranjero para poder alimentar a sus hijos, mientras las promesas gubernamentales se acumulan en los discursos vacíos de los funcionarios. Eliminar la universalidad de un sistema que ya no entrega nada de forma universal es, en esencia, un acto de cinismo institucional.
Contexto: El fracaso rotundo del modelo económico castrista
La decisión de limitar la libreta de abastecimiento no puede entenderse sin analizar el contexto de crisis sistémica que atraviesa Cuba. La economía de la Isla se encuentra en estado de coma, estrangulada por una combinación de mala gestión, corrupción institucionalizada y el mantenimiento de un modelo colectivista que reprime la iniciativa privada y la propiedad individual. La falta de divisas, agravada por el descenso del turismo y la caída en la producción de azúcar y níquel, ha dejado al país sin capacidad para importar los alimentos que no puede producir.
A esto se suma una inflación descontrolada que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. El trabajador medio en Cuba no puede sobrevivir con su sueldo en pesos cubanos, obligado a depender de las remesas o de la informalidad. El régimen de La Habana ha intentado implementar reformas cosméticas, como la unificación monetaria o la apertura limitada a la pequeña y mediana empresa, pero estas medidas han fracasado por la falta de voluntad política para democratizar la economía y desmantelar el aparato de control estatal.
En este panorama desolador, el anuncio de Díaz-Canel se interpreta como un intento desesperado de oxigenar las finanzas públicas recortando el gasto social. Sin embargo, la dictadura no ofrece alternativas viables. Prometer que se «subsidiará a las personas» carece de sentido en un país donde la mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y donde el Estado no cuenta con los registros ni la honestidad necesaria para implementar una política de asistencia focalizada que no esté viciada por la corrupción o el favoritismo político.
Un futuro incierto y una población asfixiada
La eliminación de la libreta universal deja a millones de cubanos en un limbo legal y económico. Aquellos que no encajen en los restrictivos parámetros de «vulnerabilidad» definidos por el gobierno cubano tendrán que enfrentarse a un mercado libre dominado por la especulación y los precios en moneda libremente convertible, a los que solo tienen acceso quienes reciben remesas del exterior. Esto ahondará aún más las desigualdades sociales, creando una brecha insalvable entre los que tienen apoyo familiar internacional y los que dependen exclusivamente de su trabajo en el sector estatal.
Además, la promesa de modernizar el cobro de pensiones y acercar los servicios a los jubilados suena a más de lo mismo. Los ancianos en Cuba son uno de los sectores más desprotegidos, sobreviviendo con pensiones de miseria que no alcanzan para comprar ni un par de kilos de arroz en el mercado informal. Que el régimen pretenda que el sector privado sostenga los comedores sociales y hogares de ancianos es una abdicación de sus responsabilidades más básicas, una confesión de que el Estado comunista ha quebrado moral y materialmente.
En definitiva, el fin de la libreta de racionamiento universal no es una reforma económica, sino la lápida sobre uno de los pilares fundamentales del discurso castrista. La dictadura admite, sin decirlo explícitamente, que su modelo ha fracasado y que ya no puede sostener ni siquiera la ilusión de igualdad que tanto explotó a nivel propagandístico. Los cubanos quedan a merced de una crisis que se agrava día a día, con un régimen que los abandona a su suerte mientras se aferra al poder mediante la represión y el control absoluto de las instituciones.
