La consolidación de estructuras de poder ajenas a la Constitución y a las leyes evidencia una característica inherente del régimen de La Habana: el desprecio absoluto por la institucionalidad. En Cuba, el voluntarismo de una élite y su maquinaria política han imperado sobre cualquier marco legal, dando lugar a entidades como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado militar que opera en la sombra y controla las riendas de la economía nacional en beneficio propio, mientras la población se hunde en la miseria.
La historia del sistema político cubano está marcada por la creación constante de organismos paralelos que eluden cualquier control estatal o popular. Desde los inicios del proceso revolucionario, el máximo líder demostró una aversión profunda hacia los mecanismos institucionales convencionales y el trabajo coordinado de los ministerios. La necesidad de concentrar el poder absoluto lo llevó a desplazar rápidamente a figuras moderadas y de probada filiación democrática que inicialmente formaron parte del gabinete, considerándolas obstáculos para sus planes de control totalitario.
Este desprecio por la legalidad se materializó tempranamente en la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Concebido como un ente suprapoderoso, el INRA funcionó como un gobierno paralelo que permitió ejecutar políticas de expropiación y control territorial al margen de las estructuras estatales formales. Bajo el mando de incondicionales del régimen, este organismo sentó las bases para la cultura del personalismo y la falta de rendición de cuentas que define a la dictadura hasta el día de hoy.
Décadas después, la misma lógica autoritaria volvió a imponerse con los proyectos faraónicos y económicamente desastrosos de la llamada «Batalla de Ideas» y la «Revolución Energética». Ante la ineficacia de la burocracia estatal para ejecutar las órdenes del líder, se conformó el «Grupo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe». Este selecto grupo de jóvenes cuadros operó sin ninguna ley que los limitara, respondiendo únicamente a la voluntad personal del mandatario y consolidando un esquema de toma de decisiones que ignoraba por completo a las instituciones de la República.
Con el colapso del campo socialista europeo y el advenimiento del Periodo Especial, la crisis amenazó con derrumbar el sistema. Ante este escenario, el gobierno cubano recurrió nuevamente a su manual de poderes paralelos, esta vez en el ámbito económico. Así nació GAESA, una vasta red empresarial diseñada y controlada por la cúpula militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El objetivo era claro: captar divisas, vincularse con capital extranjero y asegurar la supervivencia del régimen, aunque ello significara estrangular cualquier atisbo de economía civil.
La existencia de GAESA representa la mayor contradicción del supuesto sistema institucional cubano. El país cuenta con ministerios específicos, como el de Economía y Planificación o el de Finanzas y Precios, teóricamente capacitados para dirigir la política económica. Sin embargo, el régimen optó por marginar a estas estructuras para entregar el control de los sectores más lucrativos a un conglomerado empresarial que opera sin transparencia, sin control y sin fiscalización alguna.
La impunidad de GAESA es tal que ni siquiera la Contraloría General de la República tiene jurisdicción real sobre sus operaciones. Esta falta de auditoría ha permitido a la jerarquía militar y a la élite del régimen amasar enormes fortunas personales. Mientras la población civil se enfrenta a la escasez crónica, los apagones sistemáticos y una inflación incontrolable, los generales convertidos en empresarios gestionan hoteles, cadenas de tiendas, inmobiliarias, bancos y el comercio minorista en un marco de total secretismo.
El dominio de este ejército empresarial se extiende por casi toda la actividad económica de la Isla. Desde el turismo internacional hasta la logística de importación y el sector inmobiliario, GAESA ha monopolizado las fuentes de riqueza de Cuba. Esta concentración de capital en manos uniformadas no responde a un modelo de desarrollo nacional, sino a una estrategia de supervivencia de la dictadura, garantizando que los recursos financieros vitales no pasen por manos civiles que podrían cuestionar el statu quo.
Recientemente, la maquinaria propagandística del régimen se vio obligada a publicar un editorial en el periódico oficial Granma mencionando a esta entidad. Este inusual reconocimiento público ha destapado la caja de Pandora, exponiendo ante la población cubana los oscuros rejuegos económicos de la cúpula militar. La forzada visibilidad de GAESA es un síntoma de las profundas fracturas internas y de la imposibilidad de seguir ocultando que el verdadero poder en Cuba no reside en el parlamento, sino en los despachos de los generales-empresarios.
Contexto de la crisis estructural y el control militar
Cuba atraviesa la peor crisis estructural de sus últimas tres décadas, con un colapso generalizado de la producción nacional, una inflación desbordada y un deterioro sin precedentes del poder adquisitivo de los ciudadanos. En este contexto de miseria generalizada, la existencia de un ente paralelo como GAESA cobra una dimensión aún más cruel para la ciudadanía. La concentración de la riqueza nacional en una élite militar contrasta de manera obscena con la pobreza extrema que sufren millones de cubanos en su día a día, obligados a emigrar o a sobrevivir en la marginalidad.
El modelo económico impuesto por el gobierno cubano, centrado en el control absoluto del Estado, ha demostrado ser un fracaso rotundo. Las recientes medidas presentadas como reformas no han hecho más que transferir más poder a las estructuras militares empresariales, limitando aún más el espacio para el sector privado nacional. La falta de un marco legal que proteja la propiedad y la libre empresa mantiene al país en una situación de subdesarrollo crónico, del cual GAESA es principal beneficiario, guardián y promotor.
La evidencia de que un grupo de uniformados controle el destino económico de la nación, al margen de cualquier institucionalidad, despoja al régimen de La Habana de cualquier fachada democrática o socialista. La dictadura ha mutado hacia una forma de capitalismo de Estado militarizado, donde la represión política se combina con el saqueo sistemático de los recursos nacionales. Mientras el poder paralelo de GAESA continúe operando en las sombras, cualquier intento de democratización o recuperación económica en Cuba estará condenado al fracaso, pues el país permanecerá secuestrado por intereses que se benefician directamente del inmovilismo y la ruina nacional.
