Ante la presión de las recientes sanciones internacionales y una profunda crisis interna sin precedentes, el gobierno cubano ha salido en defensa del conglomerado militar GAESA. A través de la prensa oficial, la dictadura intenta desmentir la naturaleza opaca de la corporación castrense y la presenta como un pilar benéfico para la población. Sin embargo, la cruda realidad de los apagones diarios, la escasez estructural y el déficit habitacional desmienten el relato de un régimen empeñado en proteger su principal máquina de enriquecimiento elitista.
Frente al escrutinio internacional y el endurecimiento de la política de Washington, el régimen de La Habana ha desplegado una intensa campaña propagandística para blindar al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Mediante un extenso artículo publicado en portales oficialistas, las autoridades castristas han rechazado de tajo las acusaciones que señalan a esta corporación militar como una estructura paralela al Estado, diseñada para el lucro de la cúpula castrense. En su lugar, el gobierno cubano ha intentado reformular la imagen de GAESA, presentándola como una tabla de salvación frente al cerco económico estadounidense y un motor fundamental para el sostenimiento de la economía nacional durante las últimas tres décadas.
Esta inusual salida pública del régimen para defender a una de sus entidades más herméticas no es casualidad. Se produce en un escenario de creciente asfixia financiera tras la firma de una orden ejecutiva por parte del gobierno estadounidense que amplía las sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato de seguridad y militar de la Isla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha establecido plazos perentorios para que empresas extranjeras cesen sus operaciones con GAESA o cualquier compañía bajo su paraguas. El impacto de estas medidas ha sido inmediato y contundente en el ámbito empresarial, obligando a gigantes internacionales a replegarse del mercado cubano por miedo a represalias financieras.
El éxodo corporativo ya ha comenzado a mostrar sus primeros y severos efectos. Compañías de la talla de la minera canadiense Sherritt International, las navieras transnacionales Hapag-Lloyd y CMA CGM, así como la influyente cadena hotelera española Iberostar, han anunciado cambios sustanciales o la suspensión directa de sus operaciones en la Isla para acatar la normativa estadounidense. Este retraimiento de la inversión y el comercio exterior amenaza con desmantelar gran parte del flujo de divisas que sostiene a la dictadura, lo que explica la desesperada respuesta comunicacional del gobierno cubano, que acusa a Washington de intentar «desacreditar a la Revolución» y construir pretextos para dañar a las instituciones del país.
En su afán por lavar la imagen del conglomerado, la narrativa oficial sostiene que GAESA surgió durante la crisis económica de décadas pasadas con el noble fin de captar divisas y financiar programas estatales. El texto oficial llega al extremo de atribuirle a la corporación militar la construcción de más de diez mil viviendas en diversas provincias, la creación de campamentos vacacionales para la infancia, inversiones en la central termoeléctrica de Felton y el desarrollo de proyectos hidráulicos de envergadura. Asimismo, se jactan de que esta estructura fue la responsable de sostener la economía cubana durante los años más duros de la pandemia de COVID-19.
No obstante, los argumentos esgrimidos por el régimen chocan de frente con la realidad que viven millones de cubanos y con los propios indicadores oficiales. La supuesta beneficencia de GAESA en el sector de la vivienda contrasta con un déficit habitacional que asciende a cientos de miles de inmuebles, con planes anuales de construcción que registran incumplimientos sistemáticos y viviendas que se derrumban a diario. De igual manera, durante la crisis sanitaria de la pandemia, las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) evidenciaron una priorización aberrante de los recursos hacia la construcción hotelera —mayoritariamente en manos de GAESA— en detrimento de un sistema de salud colapsado y carente de insumos básicos.
La defensa gubernamental también intenta acallar una de las críticas más persistentes y fundamentadas de economistas y opositores: la absoluta falta de transparencia. El régimen afirma que el GAE no es una estructura opaca ni paralela al Estado, sino una «respuesta articulada de probada eficiencia». Sin embargo, la declaración omite por completo detalles sobre los montos reales invertidos, los márgenes de ganancia o los mecanismos de auditoría pública de una entidad que controla de manera monopolica el turismo, el comercio minorista en divisas, la construcción, los servicios financieros, la administración de remesas y gran parte del comercio exterior de la Isla. La opacidad no es un accidente, sino la garantía de impunidad para la cúpula militar.
El texto oficialista atribuye el bajo perfil de la organización a la labor de «guardianes discretos de los recursos del país» y niega que la entidad haya servido para enriquecer a unos pocos. Esta afirmación resulta profundamente cínica a la luz de las constantes investigaciones y filtraciones que demuestran los lujos y privilegios de la alta dirigencia de GAESA. Mientras la población hace colas interminables para conseguir alimentos básicos, la jefa del conglomerado y sus allegados disfrutan de departamentos de lujo en Panamá, viajes por el mundo y una vida ostentosa en el extranjero. Incluso familiares directos de estos líderes militares residen cómodamente en Florida, Estados Unidos, dedicadas a empresas de inversiones, evidenciando la doble moral y la corrupción inherente al sistema.
El impacto real de la «eficiencia» militar en la vida cotidiana
Los supuestos éxitos de GAESA en proyectos energéticos e hidráulicos se desvanecen ante la cotidianidad de los cubanos. Las inversiones en la termoeléctrica de Felton y los trasvases de agua no han logrado evitar que la Isla se sumerja en una crisis energética terminal. Millones de personas enfrentan cortes prolongados en el suministro de agua y apagones que duran horas, e incluso días, destruyendo la ya precaria calidad de vida y provocando un aumento exponencial de la tensión social. La ineficiencia y el saqueo de los recursos han dejado a la infraestructura nacional en estado de ruina, pese a que las corporaciones castrenses administran los sectores más lucrativos de la economía.
Esta profunda crisis de servicios básicos ha detonado protestas espontáneas en distintas provincias, elevando la conflictividad social a niveles difíciles de contener para la dictadura. Las manifestaciones de indignación en provincias como Artemisa y en la propia capital, La Habana, motivadas por los constantes apagones, son la respuesta directa a décadas de mala gestión, corrupción institucionalizada y priorización del enriquecimiento militar sobre el bienestar ciudadano. El régimen, acorralado por su propia incompetencia, recurre una vez más al embargo estadounidense como chivo expiatorio, intentando desviar la atención de la fallida política económica interna y del saqueo perpetrado por la cúpula de GAESA.
Contexto histórico del control militar en Cuba
Para comprender la magnitud del blindaje a GAESA, es necesario observar la arquitectura de poder en Cuba. Desde la debacle de la ayuda soviética, el régimen de La Habana reestructuró su modelo económico para garantizar la supervivencia de la élite castrense. La creación de empresas como GAESA permitió a los generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas tomar el control de los sectores estratégicos de la economía, monopolizando la entrada de divisas. Esta «militarización de la economía» creó un Estado paralelo donde los generales actúan como empresarios, acumulando inmensas riquezas mientras el sector estatal civil colapsa y la población civil es empujada a la pobreza extrema. La dictadura ha cimentado su estabilidad no en el apoyo popular, sino en el control financiero absoluto ejercido por la cúpula militar a través de este tipo de conglomerados.
Conclusión: Un relato que se desmorona
El intento desesperado del régimen por reivindicar a GAESA como una institución benefactora es el último recurso de una dictadura que ve amenazada su principal fuente de ingresos. La narrativa oficial, plagada de supuestos logros sociales, resulta insultante para una población que sobrevive en medio de la oscuridad y la escasez. Mientras las empresas extranjeras huyen ante el riesgo de sanciones y la inversión se evapora, el gobierno cubano se aferra a un discurso anacrónico e insostenible. La realidad aplasta la propaganda: GAESA no es la salvación del pueblo cubano, sino el mecanismo institucionalizado de explotación y enriquecimiento de la élite militar que ha mantenido a la Isla secuestrada y en la miseria durante décadas. La historia juzgará este periodo no por los campamentos pioneros que dicen haber construido, sino por el inmenso patrimonio nacional dilapidado en beneficio de unos pocos uniformados.
