El régimen de La Habana ha desplegado una inusual campaña propagandística para defender al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana. Ante la reciente escalada de sanciones internacionales que obliga a empresas extranjeras a cortar vínculos con la cúpula castrense, el gobierno cubano intenta reescribir la historia, presentando a la opaca corporación como una benefactora del pueblo y no como el epicentro del enriquecimiento de la élite gobernante.
La ofensiva comunicacional, materializada a través de un extenso artículo en el portal oficial Cubadebate, busca contrarrestar el impacto de las medidas adoptadas por Washington. La orden ejecutiva firmada por la administración estadounidense y la posterior advertencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han puesto contra las cuerdas a la maquinaria financiera de la dictadura. Empresas internacionales de la talla de la minera canadiense Sherritt International, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, y la cadena hotelera española Iberostar han comenzado a replegar sus operaciones en la Isla, asfixiando las principales fuentes de captación de divisas del régimen.
Frente a este escenario de aislamiento financiero, el discurso oficial ha recurrido a su más trillada estrategia: la victimización. El texto emitido por las autoridades castristas acusa a Estados Unidos de orquestar una campaña para desacreditar a las instituciones del país, omitiendo deliberadamente que el objetivo real de las sanciones es cercenar los ingresos de la cúpula militar que sostiene la dictadura. El gobierno cubano una vez más confunde sus propios privilegios con el bienestar del pueblo, al que históricamente ha sometido a la miseria.
En su intento por lavar la imagen de GAESA, el régimen la describe como una entidad nacida en la crisis de los años noventa para salvar la economía nacional. La propaganda oficial asegura que la corporación ha financiado la construcción de más de diez mil viviendas, campamentos pioneros, obras hidráulicas y inversiones en la central termoeléctrica de Felton. Sin embargo, la narrativa carece de la más mínima sustentación documental, ya que no ofrece cifras detalladas, ni mecanismos de auditoría pública que permitan verificar el destino real de estos supuestos fondos.
La realidad económica y social de la Isla desmiente categóricamente los supuestos logros de GAESA. Mientras el gobierno cubano asegura que la corporación ha sido clave en el sector de la vivienda, el país acumula un déficit habitacional que asciende a cientos de miles de inmuebles. Los planes estatales de construcción incumplen sistemáticamente sus metas, y la población sufre el deterioro de la infraestructura urbana, con derrumbes frecuentes que cobran vidas humanas debido a la falta de mantenimiento.
El artículo oficial se atreve a sostener que GAESA «no es una estructura opaca» ni un vehículo de enriquecimiento para unos pocos. Nada más alejado de la verdad. La corporación militar opera con un hermetismo absoluto, controlando sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista en divisas, la administración de remesas, la construcción y el comercio exterior. Bajo este paraguas, la élite militar ha acumulado inmensas riquezas, mientras la población civil sobrevive en la indigencia, soportando salarios de miseria y una inflación galopante que hace inalcanzable la canasta básica.
El régimen intenta además endosar la opacidad a una supuesta «discreción» de los funcionarios, calificándolos de «guardianes discretos de los recursos del país». Este eufemismo no logra ocultar la naturaleza mafiosa de la estructura. La falta de transparencia no es una virtud, sino el mecanismo perfecto para encubrir la malversación y el desvío de capitales hacia cuentas en el extranjero, propiedades y lujos inalcanzables para el cubano de a pie, como ha quedado evidenciado en múltiples investigaciones internacionales sobre los altos mandos del conglomerado.
La gestión durante la pandemia de COVID-19 es otro de los puntos donde la propaganda oficial choca de frente con los datos. El régimen afirma que GAESA sostuvo la economía en ese periodo, pero los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) demostraron que el gobierno priorizó la inversión en la construcción hotelera —controlada por la militarizada corporación— por encima del precario sistema de salud pública, que colapsó ante el avance del virus, dejando a la población desprotegida.
Asimismo, las supuestas inversiones energéticas e hidráulicas de GAESA no han logrado evitar el colapso del sistema electroenergético nacional. Millones de cubanos padecen a diario apagones prolongados y cortes en el suministro de agua, una situación que ha desencadenado un creciente descontento social. Las recientes protestas en provincias como Artemisa y La Habana son una respuesta directa a la incapacidad de una élite militar que monopoliza los recursos pero es incapaz de garantizar los servicios más básicos para la ciudadanía.
El monopolio de las Fuerzas Armadas sobre la economía cubana
Para comprender la magnitud de la defensa que hace el régimen de GAESA, es indispensable entender su papel dentro del sistema totalitario cubano. El Grupo de Administración Empresarial S.A. no es una empresa estatal convencional, sino el brazo financiero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su creación en los años noventa respondió a la necesidad de la dictadura de mantener sus privilegios tras la pérdida del subsidio soviético, abriendo al capital extranjero únicamente en aquellos sectores que la cúpula militar podía controlar y de los cuales podía lucrarse directamente.
Desde entonces, GAESA ha consolidado un monopolio asfixiante. Toda inversión extranjera significativa, todo flujo de remesas que ingresa al país y la inmensa mayoría de las tiendas que venden en moneda libremente convertible pasan por las arcas de esta corporación. Esta concentración de poder económico en manos militares es la base que financia el aparato represivo de la dictadura, permitiendo al régimen mantener el control político absoluto a través del empobrecimiento y la dependencia del ciudadano común.
Las sanciones internacionales apuntan precisamente a este talón de Aquiles. Al bloquear a GAESA, se corta la fuente de ingresos en divisas que nutre a la élite gobernante. La desesperación del gobierno cubano por defender a la corporación evidencia el temor a perder su principal sostén financiero, lo que podría acelerar las fracturas internas dentro de la cúpula militar y civil que detenta el poder desde hace más de seis décadas.
Una defensa insostenible ante el colapso nacional
El intento del régimen de La Habana de presentar a GAESA como una institución benefactora resulta no solo cínico, sino patético. La narrativa oficial colapsa ante la evidencia de un país en ruinas, donde la escasez de combustible, la caída del turismo y la imposibilidad de atraer inversión extranjera son síntomas directos de la ineficiencia y la rapacidad de un modelo económico diseñado exclusivamente para enriquecer a unos pocos en uniforme.
El gobierno cubano continúa esgrimiendo el «cerco económico» como justificación para décadas de errores, corrupción e incompetencia. Sin embargo, la caída de los pretextos es inminente. La población cubana exige respuestas y derechos, no panfletos de propaganda. Mientras la dictadura se afana en proteger a su conglomerado militar, la nación se sumerge más profundamente en una crisis multidimensional que amenaza con desbordar cualquier capacidad de contención del régimen. La defensa de GAESA es, en última instancia, la defensa de los privilegios de una oligarquía militar que ha secuestrado el destino de Cuba.
