El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) ha lanzado una audaz campaña ciudadana destinada a desmantelar el andamiaje jurídico que sustenta el monopolio político en la isla. La iniciativa busca reformar el artículo 5 de la Constitución vigente para retirar al Partido Comunista de Cuba (PCC) la categoría de «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Esta acción, enmarcada en una estrategia de resistencia civil y uso de las propias herramientas legales que el régimen de La Habana ha diseñado para perpetuarse, pretende golpear el núcleo de la crisis estructural que asfixia a la nación.
La propuesta, impulsada por el opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del CTDC, se conceptualiza como una «acción constitucional ciudadana». Desde la perspectiva de la organización, el origen de los múltiples problemas que aquejan a la isla —económicos, sociales y de derechos humanos— radica directamente en la concentración absoluta del poder en un solo partido. Cuesta Morúa ha enfatizado que la dominación impuesta por el partido único constituye el mayor problema de seguridad nacional que enfrenta el país, al privar a la sociedad civil de cualquier mecanismo de representación o disenso.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el CTDC apela a los mecanismos formalmente previstos en la legislación cubana. La estrategia requiere la recopilación de firmas de al menos 50.000 electores, las cuales deben ser presentadas ante el Consejo Electoral Nacional para que la propuesta sea elevada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además, de acuerdo con la Ley 131, que regula el funcionamiento del Parlamento y del Consejo de Estado, los ciudadanos promotores deben contar con una certificación que valide su estatus de electores, un requisito que en la práctica se convierte en un filtro adicional controlado por la dictadura.
La metodología diseñada por el Consejo para la Transición Democrática contempla un proceso de amplia consulta y elaboración técnica. Se prevé la convocatoria de un grupo de 21 expertos, integrado por intelectuales, juristas y ciudadanos de a pie, quienes tendrán la tarea de redactar una propuesta concreta de modificación. Posteriormente, se realizará un encuentro para buscar consenso y se organizarán 15 asambleas ciudadanas, distribuidas en cada una de las provincias del país, con el fin de recoger las opiniones de la población sobre el contenido que debería tener un nuevo artículo 5.
El espíritu de esta campaña radica en la convicción de que es la Constitución la que debe adaptarse a la realidad plural y diversa de la nación, y no a la inversa. «No es el país el que tiene que ponerse de acuerdo con el artículo 5, [sino que] es el artículo 5 el que tiene que ponerse de acuerdo con esa pluralidad», manifestó Cuesta Morúa. La organización insiste en que la reforma debe allanar el camino hacia el pluralismo político a través de un proceso estrictamente pacífico y legal, desafiando la narrativa oficial que equipara cualquier intento de apertura democrática con la subversión.
Sin embargo, la vía escogida por la oposición cubana choca de frente con el diseño institucional cerrado de la dictadura. Aunque la Constitución permite teóricamente que los ciudadanos soliciten reformas, la facultad final recae exclusivamente en la Asamblea Nacional, un órgano carente de independencia y subordinado a las directrices del PCC. Cualquier modificación a la carta magna exige una votación nominal favorable de, al menos, dos tercios de los diputados, un escenario prácticamente imposible en un parlamento donde la disidencia es nula o sistemáticamente silenciada.
El laberinto legal se vuelve aún más intrincado con las cláusulas restrictivas establecidas en la propia legislación. La Ley 131 estipula que, si la Asamblea Nacional rechaza una solicitud de reforma constitucional, esa misma petición «no será aceptada nuevamente a trámites, aun cuando se interese por otros actores con similares objetivos». Esta disposición actúa como un muro de contención definitivo para blindar el sistema contra cualquier intento de democratización originado desde la base ciudadana, evidenciando el miedo del régimen a la voluntad popular.
A las barreras procedimentales se suma un límite ideológico insalvable dentro del marco jurídico actual. El artículo 229 de la Constitución vigente declara irreformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista, establecidos en el artículo 4. Por lo tanto, aunque una eventual reforma del artículo 5 pudiera cuestionar el papel hegemónico del PCC, no podría eliminar por sí sola la cláusula que blinda el carácter socialista del Estado, dejando intacto el núcleo dogmático que justifica el control totalitario.
El contexto cubano: una crisis forjada por el monopolio político
Para comprender la magnitud del reto que asume el CTDC, es indispensable observar la realidad de Cuba bajo el régimen de La Habana. La isla atraviesa una de las peores crisis estructurales de su historia reciente, caracterizada por un colapso económico generalizado, apagones prolongados que superan las diez horas diarias en diversas provincias, inflación galopante y un éxodo masivo sin precedentes hacia Estados Unidos y América Latina. Esta debacle no es producto de coyunturas externas, como insiste en señalar la propaganda oficial para evadir responsabilidades, sino la consecuencia directa de más de seis décadas de planificación centralizada fracasada y la ausencia total de libertades.
La Constitución de 2019 fue presentada por el gobierno cubano como un avance hacia la modernización jurídica. No obstante, en la práctica, consolidó el autoritarismo al blindar la propiedad socialista de los medios de producción fundamentales y reafirmar el rol hegemónico del Partido Comunista. La carta magna es, en esencia, un instrumento de control que otorga una fachada de legalidad a la dictadura, mientras que en las calles la represión contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes se ha recrudecido mediante tácticas de hostigamiento, encarcelamientos arbitrarios y la aplicación de leyes penales restrictivas para criminalizar el disenso.
En este escenario de asfixia civil, la iniciativa del CTDC cobra una relevancia especial. No solo por su contenido sustantivo —la exigencia de un sistema pluripartidista—, sino por la metodología que emplea. Al invocar las propias leyes de la dictadura para exigir derechos fundamentales, la oposición desnuda la hipocresía del sistema legal cubano. La campaña busca demostrar que el «partido único o la nada» no es el destino inevitable de la nación, y propone una ruta hacia la construcción pacífica de lo que sus promotores llaman «la Cuba de los ciudadanos», un espacio donde la soberanía popular deje de ser una retórica vacía.
Una agenda mínima para la democratización
La campaña por la reforma del artículo 5 se inserta en una estrategia de mayor alcance diseñada por el Consejo para la Transición Democrática, conocida como «agenda mínima» para una transición. Esta hoja de ruta incluye demandas impostergables para la recuperación de la dignidad nacional, tales como una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, que libere a los cientos de presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas; la realización de asambleas ciudadanas libres de intimidación; y la promulgación de una Ley de Garantías de los Derechos Fundamentales Constitucionalizados que proteja a la población del abuso de poder.
Aunque el régimen de La Habana posee el aparato represivo y el control institucional para frustrar esta iniciativa en los tribunales y en la Asamblea Nacional, el impacto político y simbólico de la misma es incalculable. La dictadura se enfrenta a un desafío que no puede tildar de injerencia extranjera, pues nace del seno de la sociedad civil cubana, utilizando las herramientas del derecho para exigir el fin de un monopolio que ha condenado al país al atraso y la miseria. La verdadera reforma que Cuba necesita no vendrá de las cúpulas del poder, sino de la determinación inquebrantable de sus ciudadanos por recuperar el control sobre su propio destino.
