La directora del CENESEX y diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Castro Espín, ha protagonizado un nuevo episodio de beligerancia verbal desde La Habana, asegurando que a su padre, el exgobernante Raúl Castro, «nadie lo va a secuestrar». Las declaraciones se producen tras la desclasificación de una acusación penal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general retirado y otros altos mandos del régimen por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La amenaza velada y la retórica combativa sirvieron como eje de una movilización oficialista orquestada para blindar a la dictadura frente a un escrutinio judicial que amenaza con desmantelar la impunidad histórica de la cúpula castrista.
Durante un acto convocado en la Tribuna Antiimperialista José Martí, la también hija del exmandatario elevó el tono confrontacional atribuyendo a Raúl Castro una frase de desafío absoluto: «A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo». Este tipo de declaraciones, lejos de reflejar una fortaleza institucional, exponen la mentalidad de una élite gobernante acostumbrada a operar por encima de la ley y a tratar las acusaciones de terrorismo de Estado como simples afrentas políticas. La actitud de la familia Castro, que según sus propias palabras observa la situación «sonriendo», ilustra el desprecio histórico del régimen hacia las víctimas del derribo aéreo perpetrado en la década de los noventa.
La concentración, liderada por Miguel Díaz-Canel en su calidad de primer secretario del Partido Comunista, contó con la presencia de las principales figuras del aparato estatal, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero; y el secretario de Organización del PCC, Roberto Morales Ojeda. La presencia de la nomenclatura en pleno respondió a una clara directriz del gobierno cubano: activar la maquinaria de movilización estatal para intentar cohesionar a la base militante en medio de una profunda crisis de legitimidad y un colapso socioeconómico sin precedentes.
El detonante de esta nueva campaña de exaltación patriotera es la acusación formal emitida por el Departamento de Justicia estadounidense, que señala directamente a Raúl Castro Ruz y a otros cinco funcionarios o exfuncionarios del régimen —Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez— por su presunta participación en el ataque aéreo. La acción judicial enumera cargos graves que incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
Los hechos que motivan la acusación constituyen uno de los episodios más luctuosos de la política exterior de la dictadura. Dos avionetas civiles Cessna, desarmadas y operadas por la organización Hermanos al Rescate, fueron interceptadas y derribadas por cazas militares cubanos sobre aguas internacionales. El ataque, ejecutado bajo una cadena de mando supervisada directamente por Raúl Castro, acabó con la vida de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses. La organización se dedicaba a labores humanitarias, localizando y asistiendo a balseros cubanos en el estrecho de Florida.
Ante la contundencia de la acusación, el régimen de La Habana ha recurrido a su habitual manual de desinformación y victimización. A través de una declaración publicada en el diario oficial Granma, el gobierno cubano calificó la medida como una «provocación política» y reiteró su versión de que Hermanos al Rescate era una «organización terrorista» que violaba el espacio aéreo de la isla. Sin embargo, las evidencias internacionales y los registros de radar demostraron que los aviones fueron atacados fuera del territorio cubano, desmintiendo la narrativa oficial que busca justificar lo injustificable: el uso de misiles aire-aire contra blancos civiles indefensos.
En el escenario de la Tribuna Antiimperialista, la retórica de Mariela Castro Espín no escatimó en referencias a un supuesto «zafarrancho de combate». La diputada afirmó que la población estaba «esperando la orden de a dónde tenemos que ir», presentando a Cuba como un «país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo». Esta narrativa victimiza a la dictadura mientras ignora que la pobreza del país es consecuencia directa de las políticas del propio régimen y de la corrupción sistémica de la cúpula militar que ella misma representa.
El acto también sirvió para revalidar la lealtad de otros sectores del aparato represivo e institucional. Rolando López Meriño, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, aseguró que la imputación «carece de toda legitimidad», repitiendo el discurso oficial que busca deslegitimar cualquier proceso judicial que cuestione los crímenes de la dirigencia. De igual forma, el exespía Gerardo Hernández Nordelo, actualmente coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), aprovechó el espacio para agradecer en nombre de Raúl Castro y reafirmar que «en Cuba hace tiempo no se baja la cabeza».
La presencia en el mitin de figuras como Alejandro Castro Espín y Raúl Guillermo Rodríguez Castro —hijo y nieto del exgobernante, conocido este último por su influencia en la cúpula de inteligencia y seguridad del Estado— evidencia el carácter dinástico y hermético del poder en Cuba. La defensa de Raúl Castro no es solo una cuestión de política de Estado, sino un mecanismo de protección de los intereses y la impunidad de una familia que ha monopolizado el control del país durante más de seis décadas.
Al afirmar «Vengan, los estamos esperando», la directora del CENESEX no solo lanza un desafío al gobierno de Estados Unidos, sino que pretende enviar un mensaje de invulnerabilidad al interior de la isla. No obstante, esta fachada de cohesión y combatividad contrasta dramáticamente con la realidad cotidiana de un país sumido en la escasez, los apagones prolongados y la migración masiva. El llamado a las armas de la élite contrasta con el descontento silencioso de una población que ya no responde con la misma fervor a las consignas del régimen.
Contexto histórico y político
El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, endureciendo la política de embargo y llevando a la promulgación de la Ley Helms-Burton. Durante décadas, la impunidad rodeó a los responsables materiales e intelectuales de este ataque, que el régimen celebró como una acción defensiva legítima. La desclasificación de la acusación penal representa un hito jurídico, ya que es la primera vez que el Departamento de Justicia estadounidense señala de manera tan directa al general Raúl Castro, figura central de la estructura de poder castrista y arquitecto de la cúpula militar que sostiene al actual gobierno cubano.
La estrategia del régimen frente a las presiones internacionales ha sido históricamente la movilización callejera y la retórica antiimperialista. Sin embargo, en el contexto actual, la capacidad de convocatoria del gobierno cubano se ha visto severamente mermada por el deterioro de las condiciones de vida. Las concentraciones oficiales, conocidas popularmente como actos de repudio, son frecuentemente percibidas por la ciudadanía como eventos de asistencia obligatoria, desprovistos de la espontaneidad que el régimen intenta proyectar hacia el exterior. La utilización de la Tribuna Antiimperialista para blindar a Raúl Castro evidencia la dependencia del sistema en el miedo y el control social para mantener su hegemonía frente al creciente reclamo de justicia.
Reflexión final
El desafío lanzado desde La Habana por Mariela Castro no oculta la vulnerabilidad jurídica e histórica de un régimen acostumbrado a evadir las consecuencias de sus acciones. Las amenazas de combate y las proclamas de invulnerabilidad por parte de la familia Castro y su séquito de funcionarios son el último recurso de una dictadura que se aferra al poder mediante la coacción y el discurso victimista. Mientras la cúpula militar se blinda contra la justicia internacional, la sociedad cubana continúa sufriendo las consecuencias de un modelo totalitario en descomposición. La acusación del Departamento de Justicia no solo busca reparar un agravio cometido hace décadas, sino que envía un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado, sin importar el tiempo transcurrido, no deben quedar en la impunidad.
