La profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba ha dejado al descubierto la fragilidad y el cinismo del supuesto sistema de bienestar social del régimen de La Habana. Casos como el de Yanelis Beatriz Torres Pedro, una madre residente en Guanabacoa que sobrevive junto a sus dos hijas menores en medio de la indigencia y el hambre, evidencian la incapacidad, la desidia y la crueldad estructural del gobierno cubano para proteger a los sectores más vulnerables de la población, violando flagrantemente los derechos humanos más básicos.
Yanelis, de 31 años, reside en el municipio habanero de Guanabacoa y enfrenta una situación de precariedad extrema que refleja el colapso total de la red de seguridad social en la isla. Tras el fallecimiento de su madre, su panorama empeoró drásticamente, quedando sin recursos para asegurar la alimentación diaria de sus dos hijas, de 10 y 13 años. Las declaraciones de esta mujer son un testimonio estremecedor de la realidad que intenta ocultar la maquinaria propagandística oficial: «Las madres estamos pasando bastante trabajo; hasta hambre», relató con desesperación, confirmando que la inanición es una amenaza constante en los hogares cubanos.
Las condiciones habitacionales de esta familia son igualmente alarmantes y ponen de manifiesto el deterioro de la infraestructura y el abandono estatal. Torres Pedro detalló que no cuenta con un espacio adecuado ni con los implementos necesarios para cocinar, lo que agrava severamente la inseguridad alimentaria que padecen. Además, la infestación de chinches en sus camas obligó a la familia a deshacerse de los colchones, quedando sin un mobiliario básico para el descanso. Esta escena de desamparo material contrasta violentamente con las promesas de equidad y justicia social que durante décadas ha esgrimido la dictadura para justificar su control absoluto sobre la sociedad.
La tragedia de Yanelis no se limita a la falta de alimentos y mobiliario, sino que se profundiza por la arbitrariedad y la falta de empatía de las instituciones estatales. Tiempo atrás, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Guanabacoa le retiró la pensión por incapacidad que percibía. El argumento burocrático esgrimido por los funcionarios fue que, al estar su hija menor en edad escolar, la madre ya se encontraba en condiciones físicas de incorporarse al mercado laboral, ignorando por completo la compleja realidad familiar y psicológica que la rodea.
La pensión, que ascendía a poco más de 1,000 pesos cubanos, resultaba absolutamente insuficiente frente a la inflación galopante que asola la isla, pero representaba la única red de sostén para esta familia monoparental. «Es verdad que 1,000 y pico de pesos no alcanzan para nada por lo caro que está todo, pero peor es no tener nada como ahora», explicó Torres Pedro. La decisión de retirar este subsidio demuestra la desconexión total entre el aparato estatal y las necesidades reales de la ciudadanía, priorizando el recorte de gastos burocráticos sobre la supervivencia humana.
La imposibilidad de trabajar de Yanelis radica en el delicado estado de salud de sus hijas, un factor que la burocracia ignoró de manera implacable. La mayor de las niñas sufre crisis vagales que requieren supervisión constante y atención médica, mientras que la menor presenta una marcada desestabilización emocional tras la pérdida de su abuela. Al exponer esta situación a la funcionaria encargada de su caso, la respuesta fue de una frialdad institucional alarmante: «me dijo que no le importaba nada de eso», denunció la madre, evidenciando la deshumanización profunda que impera en la administración pública del régimen.
Ante el vacío dejado por el gobierno cubano, la supervivencia de esta familia depende exclusivamente de la solidaridad ciudadana y de instituciones religiosas que intentan suplir las obligaciones estatales. Vecinos de la localidad son quienes, en múltiples ocasiones, han proporcionado alimentos a las menores, convirtiéndose en el único muro de contención frente a la inanición. Asimismo, la Iglesia Católica y la maestra de la niña más pequeña colaboran para asegurar que la menor reciba desayuno y merienda escolar, mitigando así el hambre en el entorno educativo.
Este no es el primer episodio de abandono que sufre Torres Pedro. En el contexto de la fallida «Tarea Ordenamiento», una política económica del régimen que provocó un caos financiero e inflacionario sin precedentes en la historia reciente, esta madre ya había denunciado su desamparo. En aquella ocasión, la presión mediática logró que le otorgaran una chequera de 1,300 pesos. Sin embargo, la represión y el olvido institucional han vuelto a imponerse, demostrando que cualquier ayuda otorgada por el régimen es precaria, clientelista y revocable al capricho de sus funcionarios.
Contexto: El colapso del mito de la seguridad social en Cuba
La situación que enfrenta esta familia habanera no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis humanitaria compleja que se profundiza de manera acelerada en toda la isla. La economía cubana atraviesa una recesión prolongada, exacerbada por el fracaso histórico del modelo centralizado, la dependencia crónica de importaciones que el Estado no puede financiar y la caída estrepitosa de la producción nacional. La inflación ha devaluado drásticamente los salarios y las pensiones, empujando a amplios sectores de la población a la pobreza extrema y a la indigencia.
El sistema de seguridad social, en su momento presentado a nivel internacional como uno de los logros fundamentales de la revolución, se encuentra en estado de colapso terminal. Las pensiones no cubren ni una mínima fracción de la canasta básica de alimentos, y los subsidios para personas en situación de vulnerabilidad están sujetos a una burocracia ineficiente, opaca y corrupta. Las madres solteras, los enfermos crónicos y los ancianos son los más perjudicados por esta red de asistencia fallida, quedando a la merced de la caridad o forzados a integrar las olas migratorias que desertan del país.
Además, el régimen de La Habana ha desmantelado progresivamente cualquier red de apoyo comunitario independiente, monopolizando la asistencia social y fallando sistemáticamente en su distribución. Organizaciones como la Iglesia Católica y pequeños grupos de la sociedad civil intentan cubrir los inmensos huecos dejados por el Estado, pero sus recursos son limitados frente a la magnitud de la miseria. La represión y el acoso contra quienes denuncian públicamente estas condiciones de vida también actúan como un mecanismo de control para silenciar la verdadera gravedad de la crisis.
La inseguridad alimentaria en Cuba ha alcanzado niveles críticos, con cientos de familias reportando días enteros sin ingerir alimentos o subsistiendo a base de arroz y azúcar. El desabastecimiento constante de los mercados estatales y los precios inalcanzables en la economía informal obligan a la población a desarrollar estrategias de supervivencia extremas. En este panorama desolador, el hambre se consolida como una herramienta indirecta de represión y de vulneración de derechos humanos por parte de la dictadura, que mantiene a la sociedad en un estado de dependencia y desesperación permanente.
Cierre
La denuncia de Yanelis Beatriz Torres Pedro es un grito de auxilio que desmantela, sin necesidad de grandes análisis, la fachada de bienestar y protección maternal que tanto defiende el gobierno cubano en los foros internacionales. Mientras el régimen destina cuantiosos recursos a la represión policial, al aparato de vigilancia y a la propaganda, madres e hijos enfrentan el hambre, las enfermedades y el abandono en la más absoluta desesperanza. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben poner la mirada en estas realidades invisibilizadas, exigiendo al régimen de La Habana el cumplimiento ineludible de sus obligaciones básicas para con su población, antes de que la indigencia y la inanición cobren más vidas silenciadas en la isla.
