La cúpula del gobierno cubano ha desplegado un inusitado aparato propagandístico y político para celebrar la entrega de dos viviendas construidas a partir de contenedores marítimos, un hecho que evidencia la aguda crisis del sector de la construcción, la ruina económica del país y la utilización de la vivienda como herramienta de control político y recompensa clientelar.
La maquinaria mediática al servicio del poder en la isla ha orquestado una intensa campaña para presentar la entrega de un par de viviendas modulares como un hito trascendental en la solución de los problemas habitacionales que aquejan a la población. El Noticiero Nacional de Televisión, junto a portales oficiales de agitación como Cubadebate y la versión digital del periódico Granma, dedicaron amplios espacios para ensalzar una iniciativa que, en lugar de reflejar progreso, subraya la precariedad material a la que ha sido sometida la sociedad cubana tras décadas de fracasos en la planificación centralizada.
El análisis de la información difundida revela las verdaderas intenciones y mecánicas del sistema. La prensa oficialista intentó edulcorar la noticia centrando la atención en la condición de «jóvenes madres» de las beneficiarias. Sin embargo, la lectura detenida del texto demuestra que la selección no respondió a una necesidad social prioritaria evaluada de manera objetiva, sino a la lealtad política comprobada de las receptoras. Una de ellas encabeza el comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en su centro de trabajo, habiendo ingresado a dicha organización desde los catorce años, mientras que la otra se desempeñó como delegada de circunscripción por dos mandatos.
Esta dinámica de asignación de recursos básicos expone la naturaleza del regimen de La Habana, donde el acceso a un derecho fundamental como es la vivienda está condicionado a la afiliación y el servilismo político. La entrega de estas moradas metálicas a cuadros y colaboradoras del aparato estatal no es más que la continuación de la vieja y eufemística política oficial de evaluar los «méritos sociales y laborales» de los ciudadanos, un eufemismo que en la práctica significa premiar la docilidad ideológica y castigar la disidencia o la apatía.
El mensaje dirigido a los cientos de miles de familias que vegetan en albergues estatales, muchas veces durante decenios, es igualmente revelador. Al beneficiar a una persona que residía en uno de estos centros de hacinamiento y promiscuidad desde hacía más de trece años, la dictadura lanza un guiño macabro: existe la posibilidad de salir de la indigencia habitacional, pero solo para aquellos que se presten a hacerle el juego al sistema y mantengan un expediente político intachable. La vivienda se utiliza así como un instrumento de chantaje y control social.
La desproporción del evento resulta, cuando menos, alarmante y constituye un termómetro inequívoco de la decadencia institucional y material de la nación. Para la inauguración de dos modestas casitas hechas a partir de contenedores, se movilizó a la máxima jerarquía del Estado. El acto fue presidido por Miguel Díaz-Canel, primer secretario del único partido permitido y presidente de la República, acompañado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Partido, Roberto Morales Ojeda; así como los generales que ocupan los cargos de ministro del Interior y secretario del Consejo de Ministros. Incluso el ministro de las Fuerzas Armadas supervisó la terminación de las obras.
El despliegue de la plana mayor del poder civil y militar para cortar la cinta de dos estructuras metálicas demuestra cuán precarios son los logros que el gobierno cubano puede exhibir en la actualidad. El subtítulo empleado por la prensa oficialista, que califica el evento como «un programa que entusiasma», resulta una bofetada a la inteligencia de la población y una prueba irrefutable del estado ruinoso en que se encuentra el país. Si la terminación de dos viviendas de contenedor requiere la supervisión de miembros del Buró Político, es evidente que el colapso de la infraestructura estatal es total.
Resulta obligatorio recordar los ambiciosos planes de construcción que la propaganda castrista anunció a lo largo de las décadas. En el paroxismo de sus promesas incumplidas, el fundador de la dinastía llegó a enarbolar la meta de construir cien mil viviendas anuales. En un país de supuesta economía planificada, esa cifra nunca se alcanzó ni de lejos. La involución económica sufrida por la isla, caracterizada por la falta de inversiones, el envejecimiento de la planta industrial y la carencia crónica de combustibles, ha reducido a su mínima expresión la producción de cemento y materiales de construcción, empujando al Estado a recurrir a soluciones de emergencia como los contenedores.
Para intentar legitimar esta evidente manifestación de crisis, los comunicadores del régimen han afirmado que se trata de «una tecnología que es una práctica internacional». Esta alusión a supuestos antecedentes extranjeros busca ocultar que la medida no nace de una opción arquitectónica vanguardista, sino de la pura indigencia material. La comparación es falaz y omite un factor determinante: la geografía y el clima. La mayor de las Antillas no se encuentra en una zona templada, sino en un área tropical. Habitar estructuras metálicas en el Caribe implica soportar temperaturas infernales durante el verano, convirtiendo estos espacios en verdaderos hornos sin el uso de sistemas de climatización, un lujo inalcanzable para la inmensa mayoría de la población debido a los constantes apagones y los altísimos precios del mercado energético.
Contexto de la crisis habitacional en Cuba
El problema de la vivienda en Cuba es uno de los dramas sociales más profundos y prolongados generados por el modelo totalitario. Se estima que el déficit habitacional en la isla supera las ochocientas mil unidades, una cifra astronómica para una población de poco más de once millones de habitantes. Más del cincuenta por ciento del fondo habitacional del país se encuentra en estado regular, malo o pésimo, con una alta proporción de inmuebles en riesgo de derrumbe, especialmente en zonas históricas como La Habana Vieja o Centro Habana.
A lo largo de las décadas, la falta de mantenimiento estatal, la prohibición o severa limitación durante muchos años para que los particulares construyeran o repararan sus viviendas por cuenta propia, y la ineficiencia burocrática han provocado un deterioro acelerado del parque inmobiliario. Los desastres naturales, como huracanes y fuertes lluvias, agravan sistemáticamente la situación, provocando derrumbes que dejan a cientos de familias sin hogar de un día para otro. La respuesta institucional ha sido reubicar a estas personas en albergues temporales, escuelas clausuradas o solares cedidos, donde permanecen durante años en condiciones de hacinamiento, falta de privacidad e insalubridad, a la espera de una solución que rara vez llega.
El monopolio estatal sobre la importación y distribución de materiales de construcción ha generado un lucrativo mercado negro, donde el robo de recursos de las obras estatales es la única vía posible para que los ciudadanos puedan reparar sus hogares de manera autónoma. La incapacidad del Estado para garantizar los recursos básicos ha llevado a la normalización de la autoconstrucción con materiales de desecho, lo que incrementa el riesgo estructural y la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos. En este contexto de fracaso absoluto de las políticas estatales, la entrega de viviendas de contenedores no es más que una gota en un océano de necesidades insatisfechas.
Un reflejo de la desigualdad impuesta por la dictadura
Es previsible que los actos de entrega de viviendas construidas con contenedores se repitan en el futuro, presentados como grandes conquistas revolucionarias. Sin embargo, el número total de estos módulos difícilmente se acercará a las cifras necesarias para paliar el déficit estructural. Estos eventos seguirán siendo presididos por la misma dirigencia que hoy celebra la miseria disfrazada de innovación, una élite política y militar que reside en antiguos palacetes expropiados, ubicados en repartos residenciales que en otra época ostentaban nombres en inglés y que hoy gozan de seguridad, mantenimiento y comodidades vedadas al ciudadano común.
La escena de los máximos líderes cortando cintas frente a cajas de metal para celebrar que dos familias por fin tienen un techo, mientras ellos regresan a sus mansiones con aire acondicionado y abastecimiento garantizado, sintetiza la hipocresía y el fracaso del sistema. La verdadera solución a la crisis habitacional cubana no llegará mediante contenedores entregados a militantes fieles, sino con el desmontaje del modelo económico que ha destruido la capacidad productiva de la nación y con el fin de la política de represión y control que condiciona el acceso a los derechos más básicos a la sumisión política.
