La diputada y directora del CENESEX, Mariela Castro Espín, ha vuelto a desplegar la retórica oficial del régimen de La Habana para desacreditar el activismo independiente en Cuba, acusando a Estados Unidos de financiar una oposición «inventada y mercenaria». En medio de contactos diplomáticos bilaterales, la hija del dictador Raúl Castro cruzó insultos personales contra líderes extranjeros y defendió el monopolio estatal sobre los movimientos feministas y LGBTIQ, ignorando los persistentes informes internacionales sobre la crisis de derechos humanos en la Isla.
En un encuentro reciente con activistas internacionales vinculados a la denominada coalición Convoy Nuestra América, Castro Espín reprodujo una vez más el manual de deslegitimación empleado por la dictadura cubana frente a cualquier manifestación de disidencia. La también parlamentaria de la Asamblea Nacional aprovechó la tribuna para lanzar graves insultos y descalificaciones contra el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien tildó de «ignorante profundo» y acusó de desconocer la política y los derechos humanos, en un evidente intento de polarizar el debate y desviar la atención de la crisis interna que atraviesa el país.
Las declaraciones de la hija del exmandatario no se limitaron a la política exterior, sino que se adentraron en el ámbito sociocultural, donde el régimen busca mantener un control hegemónico absoluto. Castro Espín afirmó que desde Washington se instrumentaliza el activismo feminista y LGBTIQ para erosionar al gobierno desde dentro. Según su narrativa, Estados Unidos recluta a ciudadanos dentro de la Isla para construir «una oposición ficticia, inventada, mercenaria, por dinero», criminalizando de facto a cualquier ciudadano que decida ejercer su activismo al margen de las estructuras estatales.
Esta arremetida contra el activismo independiente refleja la incomodidad del régimen ante la pérdida de control narrativo en sectores que tradicionalmente había logrado encapsular. El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Castro Espín, ha operado durante años como la única institución rectora visible en materia de políticas de diversidad sexual en el país. Sin embargo, el surgimiento de colectivos y activistas independientes ha puesto en evidencia la falta de autonomía real del movimiento LGBTIQ cubano, sometido a las directrices del Partido Comunista y a la censura sistemática cuando sus demandas superan los límites permitidos por el Estado.
En su intervención, la funcionaria también atacó a la prensa occidental, acusándola de difundir versiones inventadas sobre el descontento popular y de intentar promover una «revolución de colores» en la Isla. Esta acusación forma parte de la paranoia institucionalizada del régimen de La Habana, que interpreta cualquier expresión de inconformidad ciudadana, por legítima y pacífica que sea, como un complot orquestado desde el extranjero. La afirmación de que «les ha salido el tiro por la culata» busca proyectar una imagen de fortaleza gubernamental que contrasta dramáticamente con la profunda crisis económica, social y migratoria que sufre la población cubana.
El discurso de Mariela Castro choca frontalmente con la realidad documentada por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. Informes recientes de Human Rights Watch han evidenciado que en Cuba persisten más de 700 presos políticos, una cifra que demuestra la naturaleza represiva de la dictadura. Entre los encarcelados se encuentran figuras prominentes del arte y el activismo, como el artivista Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo único delito ha sido exigir el cumplimiento de las libertades fundamentales que el gobierno cubano viola sistemáticamente.
A esta denuncia se suma Amnistía Internacional, que ha alertado sobre la opacidad y la discrecionalidad con las que el régimen maneja las supuestas liberaciones e indultos de presos. La organización ha reiterado de manera firme la exigencia de excarcelación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a presos de conciencia como el propio Otero Alcántara y el músico Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo. La negativa del gobierno a liberar a estos activistas desmiente las afirmaciones de Castro Espín sobre una supuesta «oposición ficticia», demostrando que la disidencia es real, perseguida y encarcelada.
Resulta paradójico que estas agresivas declaraciones se produzcan en un contexto de acercamiento diplomático entre La Habana y Washington. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) confirmó la realización de un encuentro bilateral en la Isla, en el que participaron altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense y viceministros cubanos. Según el subdirector general a cargo de Estados Unidos en el MINREX, Alejandro García del Toro, el intercambio se desarrolló «de forma respetuosa y profesional», sin plazos ni planteamientos conminatorios, lo que evidencia la doble moral del régimen: dialoga institucionalmente mientras lanza diatribas hostiles a nivel público.
El escenario donde Castro Espín emitió estas declaraciones tampoco es casualidad. El Convoy Nuestra América, promovido por la coalición Internacional Progresista, se presenta como una iniciativa de ayuda humanitaria, pero ha servido como plataforma para consolidar alianzas ideológicas con sectores afines a la izquierda internacional. La diputada cubana forma parte del Consejo Asesor de esta coalición, lo que le permite influir en su dirección estratégica y utilizar estos espacios para lavar la imagen del régimen en el exterior, ocultando la severa crisis de represión y pobreza que azota a la Isla.
El contexto de la represión y el control sociocultural en Cuba
Para comprender la magnitud de las declaraciones de Mariela Castro, es necesario situarlas en el contexto histórico y político de la Cuba actual. El régimen de La Habana ha cimentado su permanencia en el poder a través de un control absoluto sobre la sociedad civil, la prensa y la economía. Durante más de seis décadas, la dictadura ha monopolizado el discurso público, impidiendo la existencia de partidos políticos alternativos, medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales que no estén subordinadas a los designios del Estado. Cualquier intento de autonomía es inmediatamente estigmatizado como «contrarrevolucionario» o «mercenario», una etiqueta que el gobierno ha utilizado desde sus primeros años para justificar el silenciamiento y la persecución de sus críticos.
El control del activismo social, particularmente en el ámbito de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, es una pieza clave en la estrategia de supervivencia del gobierno. Al permitir la existencia de instituciones como el CENESEX, el régimen simula una apertura progresista, pero en realidad utiliza estas estructuras para acotar las demandas ciudadanas y evitar que desembocuen en una crítica frontal al sistema. Los activistas independientes que rechazan la tutela estatal sufren acoso, detenciones arbitrarias, campañas de difamación y marginación, demostrando que la tolerancia del gobierno cubano hacia la diversidad es meramente instrumental y profundamente autoritaria.
Además, el régimen recurre constantemente a la externalización de sus problemas internos. La acusación de que la oposición es una fabricación extranjera es un mecanismo de defensa para evadir la responsabilidad sobre el colapso del modelo económico y la violación sistemática de los derechos humanos. Mientras la cúpula militar y política, liderada por la familia Castro y sus aliados, mantiene sus privilegios, la población enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y medicines, y una represión policial que se ha recrudecido tras las protestas masivas populares, dejando un saldo de cientos de procesados y encarcelados por ejercer el derecho a la protesta pacífica.
La figura de Mariela Castro es, en sí misma, un síntoma de la naturaleza dinástica y autoritaria del sistema. Su relevancia pública no emana de un proceso democrático o de un reconocimiento genuino de la sociedad civil, sino de su linaje como hija del dictador Raúl Castro. Esta posición de poder le otorga una impunidad absoluta para insultar a mandatarios extranjeros, descalificar a la prensa internacional y criminalizar a activistas, todo mientras se presenta ante sus aliados internacionales como una defensora de los derechos humanos. Esta contradicción es la esencia del discurso oficial cubano: un doble rasero que busca mantener el control interno mediante el miedo y la represión, proyectando hacia el exterior una imagen de supuesta resistencia antiimperialista.
Una oposición real frente a la ficción del régimen
El intento de Mariela Castro de deslegitimar a la sociedad civil independiente calificándola de «ficticia» o «mercenaria» no logra ocultar la realidad palpable de una nación que exige cambios profundos. Los cientos de presos políticos, los periodistas enjuiciados por ejercer su profesión, los activistas acosados en las calles y los miles de cubanos que emigran cada día ante la falta de horizontes, son la prueba irrefutable de que la oposición en Cuba no es una invención de Washington, sino una respuesta natural y valiente frente a la asfixia de una dictadura que ha fracasado en todos sus frentes.
El régimen de La Habana puede seguir recurriendo a figuras como Castro Espín para maquillar su discurso con un supuesto progresismo social, pero las cifras de represión hablan por sí solas. La verdadera ficción no reside en la oposición cubana, sino en la narrativa oficial que pretende mostrar un país estable y respetuoso de los derechos humanos mientras mantiene tras las rejas a quienes piensan diferente. La comunidad internacional y la prensa occidental, tan criticadas por la hija del dictador, tienen la responsabilidad ineludible de seguir denunciando esta doble moral y de respaldar, sin titubeos, la lucha incondicional de los cubanos por su libertad y democracia.
