El condado de Miami-Dade retiró el Impuesto Local de Negocios a 20 empresas que operaban sin la debida autorización federal para comerciar con Cuba. La medida, ejecutada por la oficina del recaudador Dariel Fernández, busca cortar el flujo de recursos hacia el régimen de La Habana desde territorio estadounidense.
El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, anunció la revocación inmediata de las licencias fiscales tras un proceso de auditoría iniciado a finales de octubre. Las sanciones se amparan en los estatutos de Florida y el código local de Miami-Dade, los cuales obligan a negar o retirar permisos a negocios que violan las leyes federales de Estados Unidos al mantener transacciones comerciales con la isla. Fernández fue tajante al afirmar que la jurisdicción que dirige no será utilizada como plataforma para financiar a un gobierno que reprime a su pueblo y vulnera la legislación nacional.
El escrutinio comenzó cuando se enviaron 75 notificaciones a empresas sospechosas, exigiendo documentación que acreditara permisos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). Mientras que 48 compañías lograron demostrar su cumplimiento o que no tenían vínculos con la isla, 20 entidades ignoraron los requerimientos tras dos avisos formales. Entre las sancionadas se encuentran agencias de viajes y envíos como Havana Sky Travel Inc., Globi Multiservices Inc., Yumury Envios & Travel LLC, Latin Logistics LLC y Xael Charters Inc., las cuales quedan inhabilitadas para operar legalmente bajo pena de enfrentar futuras acciones legales.
El rol del comercio exterior frente a la maquinaria represiva
Esta acción local en Florida adquiere una dimensión mayor al contextualizarse con la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La dictadura cubana depende históricamente del flujo de remesas y del comercio desde el exilio para sostener una economía ineficiente y, sobre todo, para financiar su aparato de seguridad y represión social. Mientras la ciudadanía enfrenta un colapso generalizado de los servicios públicos, hiperinflación y un éxodo migratorio sin precedentes, las autoridades de La Habana priorizan el control político, utilizando los ingresos externos para perpetuar un modelo autoritario que viola sistemáticamente los derechos humanos.
El funcionario anticipó que esta ofensiva es apenas el inicio de una fiscalización más amplia, advirtiendo que en las próximas semanas más empresas serán notificadas y sancionadas si no cumplen con la normativa. La decisión de Miami-Dade envía un mensaje contundente a la comunidad empresarial sobre el riesgo de evadir las sanciones económicas, y presiona para que el cumplimiento de las medidas contra el ejecutivo cubano se endurezca a nivel local. En última instancia, estas acciones buscan asfixiar financieramente las vías paralelas que nutren al régimen, planteando un nuevo escenario de exigencia legal y política desde el sur de la Florida.
