ENTRADILLA: En medio de una profunda crisis humanitaria y estructural, el régimen de La Habana persiste en su obsesión por controlar la economía mediante decretos. La reciente publicación de normativas para la comercialización de productos agropecuarios evidencia, una vez más, la desconexión total de la dictadura con la realidad del campo cubano, ignorando que sin propiedad privada y sin libertad de producción no existe distribución eficiente que pueda alimentar a la población.
La paradoja define la actual coyuntura económica de la isla. Mientras la máxima dirigencia del gobierno cubano se llena la boca hablando de «transformaciones» y perfeccionamiento del modelo económico, la maquinaria burocrática del régimen de La Habana publica en la Gaceta Oficial normativas de corte netamente intervencionista que ahondan el colapso del sector agropecuario. El Decreto 143, acompañado de su respectivo reglamento para la comercialización de la producción agropecuaria y forestal, es la última tentativa de un sistema caduco por legislar lo que por naturaleza escapa a su control.
Resulta llamativo el silencio cómplice de la prensa oficialista respecto a estas nuevas disposiciones. Si se aplicaran en su totalidad, no harían más que clavar el dedo en la llaga de un sector que sangra por décadas de ineficiencia. La dictadura parece no comprender, o se niega a aceptar, que no es viable desvincular la comercialización de los productos del campo de las condiciones técnico-productivas y, sobre todo, de la estructura de propiedad de los medios de producción. Separar ambos conceptos es la receta garantizada para el desabastecimiento crónico.
Desde hace más de seis décadas, tras las masivas expropiaciones de tierras justificadas bajo el eufemismo de la Reforma Agraria, el régimen castrista ha demostrado una incapacidad absoluta para administrar la soberanía alimentaria. La planificación central y el control estatal absoluto han esterilizado la tierra. Para que los productos agrícolas lleguen de manera estable a la mesa del consumidor, no basta con dictar cómo se deben vender; es indispensable garantizar la libertad en los procesos desde el origen, integrando la organización de la propiedad en los intercambios comerciales.
Un simple vistazo a modelos agropecuarios exitosos en otras latitudes, como el caso español con sus denominaciones de origen para el aceite, el jamón ibérico o los vinos, demuestra que el éxito radica en la estrecha e indisoluble relación entre las condiciones técnico-productivas, la propiedad privada y la distribución final. En Europa, esta interdependencia funciona porque el agricultor es dueño de su destino y de sus recursos. En Cuba, por el contrario, los comunistas nadan a contracorriente de la historia y la economía, empecinados en extraer de su chistera decretos que solo multiplican la burocracia.
Este nuevo paquete normativo se ampara en leyes previas de soberanía alimentaria y comercialización que llevan años en vigor sin haber logrado revertir el desastre productivo. Estas disposiciones anteriores no lograron dar respuesta a las transformaciones económicas necesarias porque, en el fondo, el gobierno cubano rehúye el verdadero problema: la socialización de los medios de producción. Pueden redactar todas las letanías legislativas que quieran, pero mientras omitan, de manera malintencionada, el origen y la propiedad de las condiciones de producción, la distribución final seguirá siendo un fracaso.
Es lícito preguntarse si esta insistencia en normativas estériles obedece a la torpeza o a la mala intención de las autoridades. Probablemente, haya una mezcla de ambas. Por un lado, persiste la fe dogmática del régimen en que publicar resoluciones en la Gaceta Oficial tiene el poder de alterar mágicamente la realidad económica. No lo logra; lo único que consigue es asfixiar aún más la escasa actividad productiva que sobrevive en la isla. Por otro lado, la mala intención radica en el empecinamiento de la dictadura por no soltar el control de la tierra, el recurso más estratégico, para evitar el surgimiento de una clase campesina próspera e independiente.
La ironía más cruel de la política agraria del régimen es que el propio sistema se encarga de desmentirse. El tabaco, uno de los pocos cultivos que logró sortear de mejor manera la ola expropiatoria histórica y que mantiene cierta estructura de manejo particular, es paradójicamente uno de los que mejores resultados ha arrojado, sosteniendo incluso ingresos por exportación. La dirigencia comunista debería leer su propia historia, pero el autoritarismo impide el aprendizaje. Nadie debe esperar una reforma sustancial en el Decreto 143, pues sigue siendo un instrumento de dominación emanado de la planificación central.
Pretender regular con un intervencionismo asfixiante una actividad tan natural y milenaria como la agricultura carece de sentido lógico. El gobierno cubano sigue convencido de que sus normas «científicas» y centralizadas son la única vía para organizar la vida de las personas y empresas. Se han equivocado durante más de sesenta años, y este nuevo decreto, largo, redundante y hueco, no merece mayor análisis en su contenido, pues repite los errores del pasado. Segmentar el proceso productivo y empezar a legislar a partir de la cosecha, ignorando las decisiones previas que toma el productor, es el gran error metodológico que condena al campo cubano al fracaso estructural.
El estancamiento del campo bajo el yugo estatal
Para entender la magnitud del desastre agropecuario en Cuba, es indispensable observar el contexto histórico y estructural en el que se desenvuelve. La isla, que en otras épocas poseía una capacidad exportadora significativa en rubros como el azúcar y el ganado, hoy depende de importaciones masivas para alimentar a su población. La tierra, en su mayoría improductiva, está en manos del Estado, el cual la entrega en usufructo a campesinos que carecen de insumos, maquinaria, combustible y, lo más importante, de libertad para decidir qué sembrar y a quién venderle.
La crisis alimentaria es, en esencia, una crisis de modelo. La dictadura ha monopolizado la importación de fertilizantes y piensos, creando un cuello de botella que asfixia al productor privado. Cuando un agricultor logra producir a pesar de los obstáculos, se topa con un sistema de acopio estatal que fija precios arbitrarios, obligándolo a entregar su cosecha a entidades ineficientes que se apropian del margen de ganancia y desperdician los alimentos por falta de logística. El resultado directo de esta ingeniería social comunista es la mesa vacía del cubano de a pie y el continuo sufrimiento de la población civil.
Las zonas rurales de Cuba sufren un proceso acelerado de envejecimiento y despoblamiento. Los jóvenes, al ver la falta de incentivos y el asedio burocrático, emigran hacia las ciudades o abandonan el país. La tierra queda en manos de ancianos que no pueden laborearla eficientemente. En este panorama desolador, el régimen de La Habana responde con más decretos que regulan el transporte, el envasado y las infracciones, en lugar de entregar la tierra en propiedad, eliminar el sistema de acopio obligatorio y permitir la libre importación de insumos por parte de los productores.
La publicación de estas nuevas normativas no es más que un síntoma de la decadencia terminal del modelo totalitario cubano. Mientras el régimen se aferra a sus manuales de planificación central para ejercer el poder político, la realidad material se impone con dureza: la tierra no produce bajo el miedo y la burocracia. Mientras la dictadura no reconozca el derecho sagrado a la propiedad privada y libere las fuerzas productivas, cualquier intento de regular la comercialización será, simplemente, un maquillaje sobre una economía moribunda. El campo cubano no necesita más reglamentos de La Habana; necesita libertad.
