Lázaro Yunier del Castillo Bringuier, un padre de 38 años, lucha por mantener a salvo a sus seis hijos en el albergue Solidaridad de Arroyo Naranjo, donde sobrevive sin agua potable y bajo la amenaza constante de la madre de los menores, quien ha intentado asesinarlos en varias ocasiones. Las autoridades de la isla mantienen una total inacción ante sus reiteradas denuncias.
El hombre reside desde hace más de siete años en una antigua escuela convertida en viviendas de tránsito, una solución temporal del gobierno cubano que se ha convertido en permanente para más de 50 familias en situación de vulnerabilidad. El inmueble, ubicado en el poblado de Las Guásimas, carece de las condiciones mínimas de habitabilidad: los huecos de las ventanas están cubiertos con cartón y nailon, y el suministro de agua es inexistente. Para acceder al líquido vital, Castillo Bringuier debe bajar y subir tres pisos cargando pesados cubos, una situación que afecta de manera alarmante a los decenas de niños y mujeres embarazadas que también residen en el lugar.
Inseguridad y omisión institucional
A la precariedad material se suma un peligro inminente para la familia. La madre de los menores, Dariannis Silvera, se encuentra internada en la sala de psiquiatría del Hospital Clínico Quirúrgico \»Julio Trigo López\» tras varios intentos de quitarles la vida, incluyendo agresiones con cuchillos y el intento de lanzarlos desde un tercer piso. Sin embargo, la paciente ha logrado comunicarse con el exterior amenazando con fugarse, algo que ya ha ocurrido en el pasado. A pesar de que desde septiembre el padre interpuso una denuncia formal en la estación policial El Capri, la dictadura cubana ha hecho caso omiso de la situación, dejando a los menores en total desamparo legal y físico.
El caso de Castillo Bringuier es un reflejo del colapso estructural que sufre la isla. El déficit habitacional, la ineficacia de los albergues estatales y la grave falta de atención a la salud mental se entrelazan con la inoperancia del sistema judicial. Las instituciones del régimen de La Habana solo parecen reaccionar cuando los ciudadanos se ven obligados a formar un escándalo en la vía pública, evidenciando un modelo de gestión basado en la contención social más que en la protección real de los sectores más vulnerables.
“Es la vida de mis hijos la que está en peligro, no es la de ningún jefe, ni la de ningún dirigente del Gobierno”, sentenció el padre, exigiendo respuestas a una burocracia que ignora el dramático panorama de su familia. Mientras tanto, la falta de voluntad política para resolver las necesidades más básicas de la población sigue empujando a ciudadanos como Lázaro a un limbo de supervivencia, donde la esperanza de una vida digna se diluye entre el abandono estatal y la indolencia de las instituciones.
