La ineficiencia estructural del modelo económico cubano ha llegado a un punto de absurdidad tal que el Estado confisca la producción de los campesinos para luego venderla como un supuesto logro de distribución. En Las Tunas, la confiscación de más de 500 quintales de plátano ha dejado al descubierto no solo la profunda crisis alimentaria que asola la Isla, sino la naturaleza depredadora de un sistema que castiga al productor privado mientras se jacta de ofrecer migajas a una población hambrienta.
La provincia de Las Tunas ha sido el reciente escenario de una medida que sintetiza a la perfección el fracaso del centralismo planificado. Las autoridades locales, a través de un operativo de control y represión económica, decomisaron más de 508 quintales de plátano que intentaban ser comercializados por particulares. En lugar de reconocer la incapacidad del Estado para abastecer el mercado, el régimen de La Habana optó por la incautación, entregando el producto a la Empresa de Acopio, el ente estatal históricamente responsable del desabastecimiento en el país.
La mercancía confiscada fue destinada a hospitales, centros educativos y, posteriormente, a la venta regulada en los mercados del municipio cabecera. El gobierno cubano estableció un precio de 35 pesos cubanos por libra, imponiendo un estricto límite de 10 libras por persona. La distribución se llevó a cabo en puntos específicos como los mercados El Mambí, Leningrado y El Tunero, así como en diversas placitas de la localidad. La priorización de embarazadas y donantes de sangre evidencia la gravedad de la situación: en la Cuba actual, acceder a un alimento básico como el plátano se ha convertido en un privilegio condicionado a la vulnerabilidad del ciudadano.
La narrativa oficial intentó vender esta requisatoria como un mecanismo de equidad social, una vía para garantizar el acceso a alimentos básicos en medio de la escasez. Sin embargo, la población cubana, cada vez más consciente de las causas reales de la crisis, no tardó en alzar su voz de protesta en las redes sociales. Cibernautas y ciudadanos comunes calificaron la medida de vergonzosa, señalando que el Estado recurre al robo institucionalizado para enmascarar su propia inutilidad. Detrás de esos productos, recordaron los internautas, hay personas que trabajan duramente para llevar el sustento a sus hogares y que ven cómo su esfuerzo es confiscado por una maquinaria burocrática ineficiente.
La crítica ciudadana se centra en un punto fundamental: castigar al que produce o vende no resuelve el problema de abastecimiento; lo agrava. La confiscación desincentiva la inversión y el trabajo agrícola, empujando a los campesinos al mercado negro o, peor aún, al abandono de sus tierras. Como señalaron diversos usuarios, la dictadura insiste en cometer el mismo error de intervenir la economía esperando resultados diferentes. El «acceso equitativo» que pregona el gobierno es, en la práctica, una miseria equitativamente repartida a costa del decomiso a personas naturales que asumen todos los riesgos de la producción sin recibir insumos estatales.
Este episodio en Las Tunas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad terminal en la agricultura cubana. El propio régimen, a través de sus figuras más altas en el sector, ha tenido que admitir la magnitud del desastre. En una de sus recientes intervenciones en el programa estatal Mesa Redonda, el ministro de Agricultura de Cuba, Ydael Pérez Brito, trazó un panorama desolador sobre la producción agropecuaria en la Isla, reconociendo severas dificultades en la producción de alimentos básicos y una caída drástica en los principales renglones de la economía rural.
Las estadísticas aportadas por el funcionario son escalofriantes y dibujan el colapso total de la soberanía alimentaria. La producción avícola ha sufrido una mengua alarmante: mientras que en el pasado el país contaba con ocho millones de gallinas, en la actualidad la cifra se ha desplomado a apenas tres millones. La cría porcina ha seguido una trayectoria similar, pasando de 96.000 reproductoras a solo 26.000. En el caso de los huevos, un pilar fundamental de la dieta cubana, la situación es crítica. De una capacidad que llegó a alcanzar entre cuatro y cinco millones de huevos diarios, la producción actual no logra superar los 200.000, una fracción insuficiente para una población de millones de habitantes.
El cultivo de arroz, alimento esencial en la mesa cubana, tampoco ha escapado de la ruina. Aunque la nación tiene una capacidad instalada para sembrar hasta 200.000 hectáreas, en el último ciclo agrícola apenas se logró cultivar una tercera parte de esa superficie. A esto se suma un déficit insalvable en la producción de pienso, vital para el desarrollo ganadero y porcino. El sistema agropecuario demanda entre 1.200.000 y 1.500.000 toneladas anuales de alimento animal, pero la industria nacional apenas ha logrado producir 200.000 toneladas, dejando a los productores en una situación de indefensión total.
La falta de recursos básicos es el talón de Aquiles de la agricultura en la Isla. El ministro admitió que el sector opera con menos del 10% del combustible necesario para la maquinaria y el transporte, mientras que los sistemas de riego funcionan a un paupérrimo 7% de su capacidad real. A esto se le suma la ausencia casi total de fertilizantes, de los cuales no se han importado en años, salvo para cultivos privilegiados como el tabaco y la papa. Esta carencia de insumos condena al fracaso a cualquier intento de revivir el campo cubano bajo las directrices actuales.
Contexto: El fracaso histórico del control estatal en el campo cubano
Para comprender la magnitud de la actual crisis alimentaria, es indispensable remontarse a la estructura económica impuesta por la dictadura desde sus inicios. La eliminación de la propiedad privada y la nacionalización de las tierras agrícolas destruyeron el sector agropecuario más productivo de América Latina en su época. La creación de la Empresa de Acopio, un monopolio estatal encargado de comprar y distribuir la producción, despojó al campesino de su autonomía y lo sometió a los caprichos y la ineficiencia de la burocracia en La Habana.
Durante décadas, el régimen subsidió su ineficiencia agrícola con los cuantiosos recursos provenientes de la antigua Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela. Cuando estas fuentes de financiación externa se secaron, la verdadera cara del modelo agrícola cubano quedó expuesta. Sin insumos, sin combustible y sin libertad para comerciar, el campo cubano se fue convirtiendo en un yermo improductivo. Las promesas de reformas y las medidas «flexibilizadoras» anunciadas en los últimos años han sido pura retórica, chocando siempre con la negativa del gobierno cubano a perder el control absoluto sobre la distribución de alimentos.
La inseguridad jurídica es otro factor determinante en este colapso. Los productores privados que intentan dinamizar la economía se enfrentan constantemente a operativos de control, confiscaciones y trabas burocráticas, tal como se evidenció en el caso de los plátanos en Las Tunas. El régimen de La Habana ve en el éxito del sector privado una amenaza a su hegemonía política, prefiriendo mantener a la población en la miseria antes que permitir el florecimiento de una clase campesina próspera e independiente.
El fracaso de un sistema que se devora a sí mismo
La situación alimentaria no muestra indicios de mejoría. Cada mes que pasa, las consecuencias de esta crisis prolongada se perciben con mayor crudeza en el plato de cada cubano. La desnutrición, el estrés constante por conseguir alimentos y la dependencia de las remesas enviadas desde el extranjero se han normalizado en la sociedad cubana. La dictadura ha convertido un país con un potencial agrícola inmenso en una nación mendiga de su propia sustento.
La farsa de vender plátano decomisado como un acto de justicia social es la metáfora perfecta del agotamiento del modelo castrista. Un Estado que no produce, que confisca lo poco que los ciudadanos logran cultivar y que luego lo reparte con cuentagotas a precios impuestos, no es un gobierno, sino una maquinaria de extorsión institucionalizada. Mientras el régimen de La Habana siga castigando la productividad y manteniendo su control asfixiante sobre la economía, la crisis alimentaria en Cuba no hará más que profundizarse, llevando al país hacia un abismo del que será cada vez más difícil retornar.
