Ante el reciente llamado del régimen de La Habana para captar capitales de la diáspora, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) ha emitido un pronunciamiento categórico: no habrá inversiones del exilio mientras se mantenga el sistema totalitario en la Isla. La coalición opositora advierte que la ausencia de Estado de derecho y garantías jurídicas convierte cualquier aporte económico en un simple salvavidas para la maquinaria represiva del gobierno cubano.
La propuesta impulsada desde las altas esferas del gobierno cubano, concretamente por el viceministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, sugiere abrir las puertas a la inversión de emigrados y sus descendientes. Sin embargo, esta maniobra institucional ha chocado de frente con la postura de la oposición organizada. Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC, ha articulado una respuesta que desmonta la viabilidad de dicha iniciativa bajo las condiciones políticas y económicas actuales del país.
El dirigente opositor subraya una contradicción insalvable: resulta impensable que el exilio cubano, conformado por millones de personas que huyeron de las políticas de un mismo sistema, vaya a inyectar capital en la estructura que provocó su destierro. La dirigencia de la ARC argumenta que no tiene sentido que los cubanos en el exterior vayan a arriesgar su patrimonio bajo la misma dictadura que creó las circunstancias de miseria y represión que obligaron a millones a abandonar su tierra natal.
Desde una perspectiva estrictamente pragmática y jurídica, los expertos y dirigentes de la coalición explican que el éxito de cualquier empresa privada depende intrínsecamente de un marco institucional que en Cuba sencillamente no existe. En una sociedad carente de transparencia informativa, donde los ciudadanos no tienen el derecho de organizarse libremente, reclamar ante tribunales independientes o ejercer la libertad laboral, la inversión privada está condenada al fracaso o, peor aún, a la expropiación velada por el Estado.
El análisis de la coalición profundiza en la naturaleza ideológica del régimen. Gutiérrez-Boronat recuerda que los sistemas comunistas poseen un ADN profundamente anticapitalista. Aunque intenten introducir parches o reformas económicas para aliviar crisis coyunturales, estas siempre chocan con la eficiencia y la lógica de una sociedad libre. El mercado, argumenta, no es un ente aislado que pueda ser manipulado a voluntad, sino el resultado natural de una sociedad que goza de Estado de derecho y libertades civiles plenas.
La advertencia de la ARC también apunta directamente a la desesperación financiera del gobierno cubano. El hecho de que el régimen acuda a aquellos a quienes históricamente catalogó como «escoria» o «gusanos» para solicitar financiamiento evidencia el nivel de colapso de las arcas estatales. Esta actitud revela una hipocresía institucional que busca instrumentalizar a la diáspora, utilizándola como un banco proveedor de recursos para sostener una estructura de poder en franca decadencia.
En su comunicado oficial, la Asamblea de la Resistencia Cubana es explícita al acusar al gobierno cubano de intentar despojar al exilio de sus ahorros para, posteriormente, desviar esos fondos hacia la maquinaria de represión que mantiene sometido al pueblo de la Isla. La coalición sostiene que el régimen pretende usar al exilio cubano como su nuevo banquero, solo para continuar perpetuando las violaciones de los derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el control absoluto sobre la población civil.
Por ello, el llamado a la diáspora es a la contención estratégica. La ARC exhorta a los cubanos en el exterior a abstenerse de inyectar capital hasta que se materialice un cambio político genuino. La inversión extranjera, señalan, debe ser un instrumento de prosperidad para una sociedad saludable y libre, no un oxígeno para una dictadura que ha llevado a la nación a la condición de Estado fallido, plagado de presos políticos, censura y miseria estructural.
La organización reitera su respaldo al «Acuerdo por la Democracia» y al «Acuerdo de Liberación de Cuba», dos iniciativas fundamentales impulsadas por el exilio y la oposición interna que trazan una hoja de ruta hacia la transición política. Solo bajo este paradigma de transformación democrática, donde exista libertad de expresión y el pueblo pueda debatir e informarse sin censura, tendrá sentido el flujo de capitales hacia la nación caribeña. La Asamblea de la Resistencia Cubana, fundada como una coalición unitaria, mantiene su labor como puente entre la disidencia interna y el exilio, abogando invariablemente por la ruptura democrática.
El contexto del colapso estructural y la migración masiva
Para comprender la magnitud del rechazo de la ARC, es indispensable observar la situación interna de Cuba. La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia contemporánea, agravada por la ineficiencia crónica del modelo centralizado, el desplome de la producción azucarera y agrícola, y la escasez permanente de combustible, medicamentos y alimentos básicos. El llamado «Ordenamiento Monetario» implementado por el régimen de La Habana fracasó estrepitosamente, disparando una hiperinflación que ha empobrecido a la clase trabajadora y destruido el poder adquisitivo de los salarios estatales.
Este escenario de asfixia económica ha desencadenado una crisis migratoria sin precedentes en el hemisferio. En los últimos años, cientos de miles de cubanos han abandonado el país, huyendo de la falta de oportunidades y del autoritarismo. Esta diáspora, que el gobierno cubano intenta ahora atraer con promesas de inversión, fue en muchos casos forzada a salir bajo coacciones políticas y económicas, perdiendo sus propiedades, empleos y derechos ciudadanos en el proceso. La paradoja de pedir dinero a quienes se obligó a marcharse es un reflejo de la bancarrota ideológica del sistema.
La ausencia de un marco legal confiable es otro factor determinante que respalda la postura de la ARC. La constitución cubana y sus leyes complementarias subordinan la empresa privada y la inversión extranjera a los designados del Partido Comunista. Los tribunales carecen de independencia y responden a la dirección política, lo que significa que cualquier inversor quedaría a merced de la arbitrariedad estatal. En este ecosistema, la propiedad privada no es un derecho fundamental, sino una concesión revocable que el Estado puede anular en cualquier momento si el capitalista se desvía de las directrices oficiales o se atreve a cuestionar la narrativa oficial.
Un pulso entre la sobrevivencia del régimen y la libertad de Cuba
El planteamiento de la Asamblea de la Resistencia Cubana establece un pulso claro sobre el futuro de la nación. Por un lado, el gobierno cubano busca parchear su ineficiencia estructural con remesas e inversiones de la diáspora, intentando mantener el status quo político intacto mientras evita reformas democráticas reales. Por el otro, la oposición organizada exige que no se conceda legitimidad económica a una dictadura que restringe las libertades fundamentales y mantiene a la población bajo un yugo de hierro.
La postura de la ARC refleja una convicción profundamente arraigada en amplios sectores del exilio y de la sociedad civil dentro de la Isla: la verdadera reconstrucción de Cuba no puede comenzar con transacciones financieras, sino con el desmontaje del aparato represivo. Mientras la nación no cuente con un sistema democrático donde la ley proteja al ciudadano y al inversor por igual, cualquier capital foráneo o de la diáspora corre el riesgo de convertirse en cómplice involuntario de la perpetuación del sufrimiento del pueblo cubano. La consigna es clara: primero la libertad, luego la inversión.
