La dictadura cubana ha iniciado una intensa campaña de persecución contra los operadores privados de divisas y remesas, acusándolos de actividades delictivas. Esta ofensiva, que incluye cientos de investigaciones y confiscaciones millonarias, evidencia la incapacidad estructural del modelo económico comunista para ofrecer soluciones y su histórica hostilidad hacia cualquier forma de acumulación de riqueza que escape a su control.
La economía cubana se encuentra inmersa en una profunda crisis estructural, resultado de décadas de aplicación de doctrinas marxistas-leninistas que han ahogado cualquier intento de desarrollo sostenible. La Constitución de 2019, en lugar de abrir horizontes, consolidó la prohibición de la acumulación de riqueza, estableciendo un marco legal que justifica la persecución sistemática contra cualquier actividad privada generadora de valor. El régimen de La Habana no tolera la eficiencia ajena y la castiga con la fuerza del aparato estatal.
Un ejemplo reciente de esta hostilidad se evidencia en la nota publicada por el órgano oficial Granma, relativa al desmantelamiento de supuestas estructuras delictivas en el mercado de divisas. La información detalla la apertura de más de 300 investigaciones y procesos penales bajo el escrutinio de la Fiscalía. El delito fundamental de estos ciudadanos no es otro que haber suplido las deficiencias del Estado mediante la provisión de un servicio cambiario eficiente y haber obtenido ganancias por ello, una práctica inaceptable para la ortodoxia comunista.
Esta ofensiva adquiere especial relevancia en el contexto de los recientes diálogos entre el gobierno cubano y Estados Unidos. Mientras el régimen busca proyectar una imagen de apertura hacia el exterior para atraer inversiones y alivios económicos, en el interior endurece su represión contra los actores económicos privados que intentan mantener a flote la maltrecha economía nacional. La hipocresía institucional es evidente: se negocia a nivel internacional mientras se asfixia al sector privado nacional que resuelve las necesidades básicas de la población.
El origen de esta situación radica en el fracaso del sistema cambiario flotante implementado recientemente por el Estado. Tras años de inacción, el gobierno cubano intentó formalizar la relación del peso cubano con las principales divisas, un servicio básico en cualquier economía funcional. Sin embargo, la falta de liquidez y de confianza hizo que el sistema estatal colapsara rápidamente, empujando a los actores económicos a recurrir, una vez más, al mercado informal que ya operaba con eficiencia en la isla.
Es contra este mercado no formal donde se ha dirigido la furia represiva. El teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, del Ministerio del Interior, calificó este fenómeno como una prioridad que impacta la estabilidad macroeconómica. En declaraciones televisivas, el oficial aseguró que estas estructuras mueven volúmenes significativos de dinero e involucran a cubanos en el exterior como financistas. Lo que las autoridades omiten es que estas redes existen y crecen porque la economía nacional no produce y el Estado es incapaz de proveer las divisas necesarias para el funcionamiento del comercio minorista.
La represión a los cambistas privados tiene un efecto contraproducente: su eliminación no traerá divisas al sistema estatal, sino que secará las fuentes de financiamiento para operaciones indispensables, acelerando el desplome de la moneda nacional. Las acusaciones de extorsión y manipulación esgrimidas por las autoridades ignoran que las tasas de conversión en el mercado informal se rigen por la ley de oferta y demanda, con un margen de ganancia que oscila entre el seis y el doce por ciento, una comisión lógica por el riesgo asumido en un entorno hostil y sin garantías jurídicas.
Al régimen le incomoda profundamente que el dinero se quede en el exterior para financiar importaciones directas, evitando así los controles estatales y la apropiación de divisas por parte del Banco Central. También le irrita la existencia de recaudadores en la Isla que, en lugar de depositar los fondos en bancos estatales insolventes, los conservan para distribuirlos como remesas en moneda nacional. La dictadura exige un monopolio absoluto sobre el flujo de dinero, aunque sea incapaz de gestionarlo adecuadamente para el beneficio de la población.
Las autoridades han detallado la metodología represiva, que incluye la penetración y desarticulación de estos grupos. Han clasificado los roles con una precisión burocrática: financistas en el exterior, remeseros en el territorio nacional, traficantes de efectivo transfronterizo y operadores de recargas simuladas. Paradójicamente, para descubrir este funcionamiento —que es de dominio público desde la implementación de la Tarea Ordenamiento— el Estado ha destinado enormes recursos de la policía política y la Fiscalía, recursos que escasean en áreas vitales como la salud y la educación.
La crudeza de la represión se materializa en los operativos y confiscaciones. En el municipio capitalino de Diez de Octubre, fuerzas del Minint allanaron dos viviendas, incautando más de 183,000 dólares, 15,000 euros y 1.5 millones de pesos cubanos, además de vehículos, cajas fuertes y equipos electrónicos. En Plaza de la Revolución y El Cerro, otro operativo resultó en la detención de dos individuos y la ocupación de decenas de miles de dólares y euros, millones de pesos, motos eléctricas y equipo tecnológico. Incluso un cliente que acudía a realizar un depósito para su negocio privado fue arrestado en el lugar, demostrando la implacabilidad de la redada.
Un tercer caso expuesto con triunfalismo oficial involucra a un ciudadano en El Vedado y otro en Mariel, acusados de operar con efectivo, MLC, CUP y criptomonedas. Los registros arrojaron cifras menores en divisas pero significativas en pesos cubanos, junto con tarjetas bancarias y equipos de videovigilancia. La dictadura presenta estas herramientas de trabajo —máquinas de contar dinero, laptops, discos duros— como pruebas de un «entramado delictivo», cuando en realidad son los instrumentos básicos de cualquier negocio de cambio en el mundo. La criminalización de la actividad económica es la única respuesta del sistema ante su propia ineficiencia.
La fiscal jefa de Procesos Penales de La Habana, Yudenia San Miguel Ramírez, reveló la verdadera motivación detrás de estos operativos: el estudio de la acumulación patrimonial. La funcionaria expresó su alarma por el hecho de que los cambistas inviertan sus ganancias en negocios privados e importaciones. Para la fiscalía comunista, el progreso individual es un delito. La imputación de tráfico ilegal de divisas, evasión fiscal y lavado de activos es el mecanismo legal para arrasar con los derechos de propiedad y eliminar a quienes han demostrado que se puede prosperar fuera del control estatal.
Contexto: El callejón sin salida del modelo económico cubano
La persecución contra los operadores de divisas no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las políticas implementadas desde la llamada Tarea Ordenamiento. Esta reforma económica, que unificó parcialmente la moneda pero eliminó el subsidio a la canasta básica, disparó la inflación y destruyó el poder adquisitivo de la población. Ante la imposibilidad de adquirir divisas en el sistema bancario oficial, los cubanos tuvieron que crear un mercado paralelo que reflejara el verdadero valor del peso cubano frente al dólar y al euro, un mercado que el Estado ahora pretende destruir sin ofrecer alternativas viables.
En este contexto, las remesas y las importaciones privadas se convirtieron en el principal motor de supervivencia para millones de familias. Sin embargo, la Constitución vigente prohíbe explícitamente la concentración de la riqueza, un precepto que el régimen utiliza como espada de Damocles sobre cualquier emprendedor que logre escalar su negocio. La criminalización del éxito económico es el principal lastre que impide la recuperación de la isla, perpetuando un sistema donde la escasez y el control político prevalecen sobre el bienestar material de los ciudadanos.
La erradicación de estos operadores cambiarios no resolverá la crisis macroeconómica de Cuba; por el contrario, la profundizará. Al cerrar las vías informales que permiten la inyección de divisas y el abastecimiento del mercado interno, el régimen de La Habana corta una de las pocas arterias que mantenían viva a la economía real. Los cubanos, desde el pequeño agricultor hasta el trabajador por cuenta propia, se enfrentan ahora a un escenario aún más adverso, donde la falta de liquidez y la represión institucional se combinan para ahogar cualquier atisbo de prosperidad. Mientras la dictadura celebre la incautación de máquinas de contar dinero y cajas fuertes, la sociedad civil contempla cómo se esfuman sus opciones de supervivencia en un sistema que castiga la iniciativa y premia la sumisión.
