Cuba atraviesa una de las fases más críticas de su prolongada crisis energética tras el cese del suministro petrolero venezolano. Ante esta coyuntura, el gobierno cubano ha optado por surtir exclusivamente con combustible aquellos servicentros que operan en dólares estadounidenses, dejando en el abandono a la inmensa mayoría de la población que depende del salario en pesos cubanos. Esta medida, que profundiza la desigualdad social y paraliza los servicios básicos, evidencia una vez más la incapacidad del régimen para gestionar la economía y su tendencia a dolarizar la supervivencia en detrimento de los ciudadanos de a pie.
La interrupción del flujo de petróleo proveniente de Venezuela, aliado histórico que llegaba a cubrir cerca del 30% de la demanda energética de la Isla, ha dejado al sistema nacional en una situación de colapso inminente. El abrupto cese de este apoyo externo ha desnudado la fragilidad estructural del modelo económico cubano, incapaz de generar sus propios recursos o de mantener una infraestructura energética mínimamente funcional. Ante la escasez, la respuesta institucional ha sido implementar una política de venta de gasolina y diésel en divisas extranjeras, aislando de facto a quienes no tienen acceso al dólar.
En provincias como Santiago de Cuba, y específicamente en municipios como Songo La Maya, el impacto de esta estrategia discriminatoria se palpa en cada esquina. Los establecimientos de la red de Cuba Petróleos (CUPET) han comenzado a comercializar combustible a precios que oscilan entre 1,20 y 1,30 dólares por litro. La condición indispensable para acceder a este recurso no es la necesidad, sino la tenencia de tarjetas en moneda libremente convertible, como Visa o MasterCard. El pago en moneda nacional o en efectivo ha sido directamente excluido de la ecuación, marginando a millones de cubanos que sobreviven con salarios estatales devaluados por la inflación.
Esta dinámica ha generado un contraste abismal y cruel en la sociedad. Mientras una minoría con acceso a divisas puede abastecerse e incluso acaparar combustible —sorteando los límites de compra establecidos mediante el uso de terceros o múltiples transacciones—, la inmensa mayoría de los cubanos se ve obligada a recurrir a un mercado informal cada vez más hostil. En este mercado negro, el litro de gasolina supera los 1.000 pesos cubanos, una cifra absolutamente inalcanzable para un trabajador cuyo salario mensual no cubre ni una fracción de las necesidades alimentarias básicas.
Las consecuencias de esta dolarización forzada se traducen en una paralización casi total del transporte público. Las empresas estatales sufren retrasos interminables en sus asignaciones de combustible, lo que obliga a cancelar rutas vitales de manera constante. Trabajadores, médicos y estudiantes se ven atrapados en una encrucijada: o no asisten a sus centros de labor y estudio, o se ven forzados a pagar precios exorbitantes por transporte privado, cuyas tarifas se han duplicado en cuestión de semanas en rutas intermunicipales e interprovinciales, ahogando la ya precaria economía familiar.
Testimonios desde el oriente del país ilustran la tragedia cotidiana. Estudiantes de medicina y maestros relatan cómo el colapso del transporte estatal les impone una carga económica insostenible. Pagar cientos de pesos diarios para viajar a comunidades rurales donde ejercen su labor se ha vuelto una misión imposible, especialmente cuando sus salarios en pesos cubanos no alcanzan para subsistir. La educación y la salud, sectores vitales ensalzados por la propaganda oficial, se desmoronan por la simple incapacidad de los profesionales de movilizarse hacia sus centros de trabajo.
Los expertos en economía han alertado sobre las dimensiones de esta catástrofe. Analistas señalan que la pérdida del suministro venezolano y la actual gestión de la crisis podrían derivar en una caída drástica del Producto Interno Bruto, un aumento desproporcionado en los costos de transporte y un encarecimiento generalizado de los alimentos. La dolarización del combustible no es una solución, sino un parche que beneficia a una élite, a turistas y a empresas extranjeras, mientras acelera el empobrecimiento de la población nativa.
El efecto dominó de esta escasez no se limita a la movilidad. La falta de diésel para el transporte de carga ha disparado el encarecimiento de los alimentos, ya que los productores y distribuidores trasladan los altos costos del transporte privado al precio final de los productos en los mercados agropecuarios. El mercado informal, lejos de ser una anomalía, se ha consolidado como el único mecanismo real de distribución en la Isla. Sin embargo, este mercado negro está dominado por aquellos que tienen el capital inicial para comprar dólares y tarjetas en divisas, marginando aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana.
El panorama en La Habana no difiere del resto del país. Los usuarios de plataformas estatales para la asignación de combustible en pesos cubanos reportan tiempos de espera que se extienden por meses. Las estaciones que operan en moneda nacional permanecen secas o clausuradas, mientras que aquellas habilitadas para el cobro en divisas exhiben largas colas. La capital es testigo de una división socioeconómica palpable, donde el acceso a la movilidad está dictado por la posesión de tarjetas extranjeras, evidenciando un apartheid financiero impuesto por el Estado.
Contexto: Un modelo energético en ruinas y dependencia crónica
La crisis actual no es un fenómeno aislado, sino el clímax de décadas de mala gestión por parte del régimen de La Habana. La dependencia histórica de la Isla respecto a subsidios externos —primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela— ha impedido el desarrollo de una infraestructura energética soberana y eficiente. Las termoeléctricas cubanas sufren un deterioro sistémico por falta de mantenimiento y piezas de repuesto, lo que agrava los apagones prolongados que azotan a la población. Al perder el apoyo venezolano, el gobierno cubano ha quedado expuesto ante su propia ineficiencia, optando por medidas de shock que trasladan el costo del fracaso estatal directamente a los bolsillos de los ciudadanos.
Durante años, la dictadura justificó las limitaciones internas apelando al embargo estadounidense, mientras ocultaba su propia ineptitud administrativa y su rechazo a implementar reformas estructurales que permitieran la libre empresa y la inversión nacional. La dolarización impulsada en los últimos años, lejos de ser una apertura económica, ha sido un mecanismo de extracción de divisas para el Estado, que ahora se intensifica en medio del colapso. Las promesas de reactivación se desvanecen cuando un ciudadano no puede siquiera pagar el pasaje para ir a trabajar, evidenciando que el modelo no solo ha fracasado, sino que se sostiene mediante la explotación y el sacrificio de la población.
Cierre: La supervivencia como privilegio en divisas
La decisión de vender combustible exclusivamente en dólares es mucho más que una política económica de emergencia; es una declaración de principios del régimen frente a su pueblo. El gobierno cubano ha consolidado un sistema donde la dignidad y la movilidad humana están subordinadas al poder adquisitivo en moneda extranjera. La crisis del combustible en Cuba ha dejado de ser un simple problema logístico para convertirse en un símbolo de la profunda desigualdad y el abandono institucional que define la realidad de la Isla. Ante un Estado que privatiza los beneficios y socializa la miseria, el acceso a bienes esenciales se ha transformado en un lujo que la mayoría de los cubanos simplemente no puede pagar.
