El gobierno cubano ha implementado un nuevo sistema de gestión y asignación de divisas mediante el Decreto-Ley 113, una medida que, bajo el pretexto de «corregir distorsiones», consolida la dolarización de la economía isleña mientras mantiene un control asfixiante sobre el flujo de moneda extranjera. La iniciativa expone la incapacidad del Estado para sostener su propio marco monetario y relega a la población a una marginación económica sin precedentes.
El régimen de La Habana ha dado un giro sustancial en su política económica al promulgar el Decreto-Ley 113, un marco normativo diseñado para regular, con mano de hierro, las transacciones en moneda extranjera dentro del territorio nacional. Presentada por la maquinaria propagandística oficial como un paso indispensable para «reordenar la economía» y corregir supuestas distorsiones, la realidad que esconde esta legislación es la aceptación tácita y desesperada del fracaso de las políticas monetarias implementadas en años recientes. La nación se encuentra sumida en una crisis estructural de proporciones catastróficas, marcada por la escasez crónica de divisas, una inflación galopante que devora los salarios y la ineficacia estructural del Estado para garantizar el suministro de bienes básicos para la población.
Bajo este nuevo esquema legal, el gobierno cubano fortalece la planificación centralizada, otorgando al Ministerio de Economía y Planificación (MEP) el poder absoluto y discrecional para autorizar cualquier operación en divisas. El Estado se erige como el único ente capaz de decidir quién opera en moneda extranjera, bajo qué condiciones y con qué nivel de supervisión. Esta centralización extrema prioriza de manera exclusiva las actividades vinculadas a la exportación y la sustitución de importaciones, dejando a un lado cualquier atisbo de libertad de mercado y sometiendo la actividad económica nacional a la arbitrariedad de la burocracia. La planificación central, que históricamente ha demostrado su ineficacia en la isla, se impone una vez más como el dogma inquebrantable, a costa del desarrollo nacional.
Un elemento clave de este paquete restrictivo desde el punto de vista económico es la creación de la Capacidad de Acceso a Divisas (ACAD). A través de este opaco mecanismo, el régimen determinará qué entidades, incluso aquellas que no generan moneda extranjera por sí mismas, podrán acceder a recursos en divisas. Aunque las autoridades se apresuran a calificar estas disposiciones como un diseño temporal para enfrentar contingencias, el alcance y el grado de injerencia estatal sugieren una reestructuración profunda y permanente de la economía. Se consolida así un modelo donde el dólar fluye únicamente a través de los canales que el Estado considera oportunos, marginando a la mayoría de los actores económicos y perpetuando la dependencia absoluta hacia las decisiones gubernamentales.
El Decreto-Ley 113 también alcanza al sector no estatal, permitiendo teóricamente que ciertos negocios privados, cooperativas y trabajadores por cuenta propia reciban pagos en moneda extranjera. Sin embargo, esta supuesta apertura está condicionada a la aprobación previa del MEP, lo que la convierte en una concesión arbitraria más que en un derecho reconocido. Los actores privados que logren obtener esta autorización deberán abrir cuentas en divisas bajo la estricta y vigilante supervisión del Banco Central de Cuba, sometiéndose a un monitoreo permanente que anula cualquier independencia financiera. El régimen no tolera la prosperidad autónoma; cualquier éxito en el sector privado debe estar subordinado a la voluntad y el control del aparato estatal.
El control sobre el sector privado se intensifica aún más con la obligación de entregar el veinte por ciento de los ingresos en moneda extranjera al Banco Central de Cuba, calculado a una tasa de cambio oficial que dista abismalmente de la realidad del mercado informal. Esta exigencia, detallada en la Gaceta Oficial, es una medida de carácter confiscatorio que limita severamente la capacidad de reinversión de los pequeños negocios y asfixia el ya maltrecho sector privado. Además, las normativas imponen restricciones draconianas sobre la conversión de divisas a pesos cubanos, impidiendo que estos ingresos puedan dinamizar el mercado interno o contribuir a mejorar el poder adquisitivo de la población general, que permanece ajena a estos circuitos de privilegio.
A pesar de la retórica oficial que insiste de manera maníaca en mantener al peso cubano en el centro del sistema financiero, la realidad económica de la isla dicta una historia completamente distinta. La expansión de las operaciones en dólares, presentada ahora como un «mecanismo ordenado», no es más que la formalización de una dependencia que el propio Estado intentó combatir y demonizar durante la fallida Tarea Ordenamiento. La coexistencia de múltiples tasas de cambio, la persistencia de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y el desplome vertiginoso del peso cubano en el mercado informal evidencian el descrédito absoluto de la moneda nacional. El peso ha perdido su función de reserva de valor y medio de cambio, reducido a una mera ficha para el control interno de la población.
Este nuevo sistema de autorizaciones consolida un escenario donde la moneda nacional pierde sus funciones básicas, restringiendo aún más el acceso de la población a bienes y servicios esenciales. El régimen de La Habana, al concentrar el control sobre el flujo de divisas, institucionaliza una economía de apartheid donde el acceso al dólar ya no depende del esfuerzo, la productividad o la innovación, sino de la aprobación administrativa, las conexiones institucionales y criterios opacos que favorecen a las élites gubernamentales y a sus allegados. La desigualdad se cimenta como política de Estado, creando una fractura social insalvable entre quienes pueden operar en el circuito dolarizado y quienes dependen de un salario en pesos que no alcanza para sobrevivir.
La población cubana, carente de acceso directo a divisas y sometida a la devaluación constante del peso, queda excluida y marginada de este circuito económico. Mientras una minoría seleccionada opera dentro de los márgenes permitidos por la dictadura, la inmensa mayoría de los cubanos se ve obligada a sobrevivir en una economía de subsistencia, dependiendo de remesas o del mercado negro. La implementación de este modelo no solo confirma la incapacidad del Estado para sostener el marco monetario que impuso, sino que subraya la profundidad de la crisis estructural que asola a la isla. El gobierno prefiere sacrificar el bienestar de millones antes que renunciar a su hegemonía económica y política.
Contexto: El laberinto económico de la isla y el fracaso del modelo centralizado
Para comprender la magnitud y el cinismo de esta medida, es necesario remitirse a la Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria implementada por el gobierno cubano que prometía unificar las monedas, eliminar el dólar paralelo y estabilizar la economía. Aquella política resultó en un desastre sin precedentes, disparando una inflación incontrolable, destruyendo por completo el poder adquisitivo de los salarios y evidenciando la ineficiencia absoluta del modelo centralizado. Ante la imposibilidad de generar riqueza por vías productivas, el régimen recurrió a la dolarización de facto, abriendo tiendas en MLC para captar remesas y divisas del exilio, mientras el peso cubano se hundía sin remedio en el mercado informal, llegando a cotizaciones que evidencian la falta de confianza en la soberanía monetaria del Estado.
La economía isleña ha sido históricamente dependiente del flujo de moneda extranjera, ya sea por turismo, exportaciones de servicios médicos o remesas familiares. Sin embargo, la falta de políticas que fomenten la producción nacional, la hostilidad hacia la propiedad privada y la insistencia en el control estatal absoluto han convertido a Cuba en un país donde la moneda local carece de valor real. La supervivencia cotidiana depende del acceso a divisas que el Estado se reserva el derecho de administrar y distribuir según su conveniencia. Las recientes medidas no son más que un parche sobre un sistema fracturado, un intento desesperado por captar dólares sin ceder el control político que otorga la gestión económica.
Cierre: Un ciclo de fracasos y control perpetuo
El reconocimiento práctico de la dolarización y la creación de nuevos mecanismos para gestionarla confirman que la economía cubana permanece atrapada en un ciclo de ajustes improvisados, controles rígidos y políticas que eluden de manera deliberada el origen real de la crisis. El régimen de La Habana prefiere ahogar la iniciativa privada, limitar la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos y sacrificar el bienestar general antes que ceder el monopolio del poder económico. La dolarización selectiva y controlada no es una solución, sino una herramienta de dominación.
Mientras la dictadura mantenga su afán de control sobre cada dólar que ingresa al país, cualquier intento de reanimación económica estará condenado al fracaso. La falta de libertades económicas es el principal obstáculo para el desarrollo de la isla. La población cubana continúa siendo rehén de un modelo obsoleto e insostenible, donde la supervivencia se ha convertido en un privilegio otorgado por el Estado, y la prosperidad, un horizonte cada vez más lejano bajo la sombra de la represión y la ineficiencia gubernamental.
