El Banco Central de Cuba autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a entregar efectivo en moneda nacional o divisas a los receptores de remesas en la Isla, una maniobra desesperada que expone la profunda crisis de captación de divisas del régimen y pone a la agencia bajo el escrutinio de las autoridades federales de Estados Unidos.
El gobierno cubano, a través del Banco Central de Cuba (BCC), ha tomado una decisión insólita que rompe con el estricto monopolio histórico que el aparato militar mantiene sobre el flujo de divisas en la Isla. Mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial, se autorizó a la empresa con sede en Hialeah, Cubamax Travel Inc., a «entregar efectivo en moneda nacional o en divisas» a los receptores de remesas dentro del territorio nacional. Se trata de un permiso que ni siquiera filiales del conglomerado empresarial GAESA, como FINCIMEX, ostentaron de manera tan abierta en el pasado reciente.
Para los observadores de la realidad cubana, esta medida no representa una flexibilización del mercado financiero, sino un acto de desesperación extrema por parte de la dictadura. El nivel de asfixia y acorralamiento económico que agobia al régimen comunista lo ha obligado a buscar alternativas fuera de su tradicional y hermético círculo de control. Sin embargo, al otorgar este privilegio a una empresa radicada en territorio estadounidense, La Habana coloca a Cubamax en el ojo del huracán, exponiéndola a un posible escrutinio exhaustivo por parte del Departamento de Estado y otras agencias federales.
Las sospechas sobre los vínculos entre la directiva de Cubamax y el régimen de La Habana no son nuevas. La empresa ha tejido una red de relaciones con la cúpula del poder en la Isla que levanta serias interrogantes sobre su verdadera naturaleza. En el pasado, la agencia fue patrocinadora de un cuestionado evento cultural promovido por Lis Cuesta Peraza, esposa del dictador Miguel Díaz-Canel. Además, directivos de la compañía han viajado a La Habana para reunirse personalmente con el mandatario en el Palacio de Convenciones, consolidando una imagen de cercanía que hoy rinde sus frutos en forma de licencias financieras.
El historial de favores mutuos es extenso. Durante el cierre de aeropuertos provocado por la pandemia, el gobierno cubano concedió a Cubamax un permiso especial para operar vuelos chárter entre Miami y La Habana. Aquella operación resultó sumamente lucrativa para la empresa, la cual cobraba tarifas exorbitantes por cada libra de equipaje enviada a la Isla. Esa confianza acumulada es la que ahora le permite actuar como un brazo financiero del régimen en territorio estadounidense, realizando una tarea que históricamente ha estado celosamente custodiada por los militares de GAESA.
La intromisión de un actor externo en un esquema tan cerrado como el de las remesas en Cuba obedece a una orquestación directa del aparato militar. Aunque la resolución emana del BCC, todo indica que la orden proviene de las altas esferas de GAESA, que controla cada centavo de dólar fresco que entra al país. Al abrirle las puertas a Cubamax, la dictadura estaría sacrificando la discreción en favor de la liquidez inmediata, una jugada arriesgada que podría terminar por quemar las naves que el castrismo había colado silenciosamente en territorio enemigo bajo el pretexto de «burlar el bloqueo».
Desde la perspectiva de la política internacional, esta maniobra también puede leerse como una trampa tendida por el régimen para alimentar su narrativa de victimización. Al elegir a una empresa asentada en Miami-Dade justo en medio de un proceso de fiscalización sobre operaciones con presuntos vínculos al gobierno cubano, La Habana parece estar preparando el terreno para culpar al embargo estadounidense de los inminentes fracasos financieros. Cuando la guerra contra el mercado informal de divisas fracase y la devaluación del peso cubano llegue a niveles insostenibles, la dictadura tendrá un nuevo pretexto para señalar a las sanciones de Washington como los únicos culpables de la ruina nacional.
La reacción en el exilio no se ha hecho esperar. Funcionarios de origen cubanoamericano en Florida, como el recaudador de impuestos de Miami-Dade, han exigido a las autoridades federales una revisión minuciosa de los reportes financieros y operativos de Cubamax. La concesión de esta licencia, en medio de una ofensiva gubernamental contra remesadores y financistas que operaban al margen del control institucional de la dictadura, refuerza la sospechosa confianza del régimen en este ente externo. Un escrutinio profundo podría desmantelar un esquema meticulosamente armado por los militares durante décadas.
Para el ciudadano común en Cuba, esta decisión institucional no representa alivio alguno. Mientras el régimen de La Habana juega con fuego en el ámbito internacional y financiero, la población continúa sumida en la pobreza extrema, enfrentando una inflación galopante y un desabastecimiento crónico. Las remesas, vitales para la supervivencia de millones de familias, seguirán siendo instrumentalizadas por el poder para inyectar oxígeno a una maquinaria represiva y militar que se niega a abrir espacios de libertad económica y política.
Contexto histórico y financiero
El control de las divisas en Cuba ha sido, desde los inicios del proceso revolucionario, una herramienta de poder y subordinación. Con la creación del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el régimen militarizó la economía dolarizada, concentrando en manos de las Fuerzas Armadas la gestión de hoteles, tiendas, y el procesamiento de remesas. FINCIMEX, una de sus filiales más conocidas, monopolizó durante años el envío de dinero desde el exterior, hasta que las sanciones del gobierno de Estados Unidos obligaron a empresas internacionales a suspender sus operaciones en la Isla. Ante el cierre de estos canales formales, el mercado informal explotó, privando al Estado de ingresos millonarios y fomentando un mercado negro de divisas que ha desestabilizado por completo la ya frágil economía nacional. La actual medida hacia Cubamax es un intento tardío y desesperado por reconducir esos flujos hacia las arcas del Estado.
Cierre
La alianza táctica entre el régimen de La Habana y Cubamax es un síntoma claro de la decadencia de un sistema que ha preferido asfixiar a su propio pueblo antes que ceder el poder. Al jugar con la legalidad internacional y exponer a sus aliados comerciales, la dictadura demuestra que su única estrategia es la supervivencia a corto plazo, sin importar las consecuencias a largo plazo. El fuego con el que juegan hoy en los pasillos de la banca central y en las oficinas de Hialeah terminará, inevitablemente, consumiendo los cimientos de un modelo económico que ha demostrado su fracaso absoluto.
