En una nueva muestra de desconexión con la realidad, funcionarios del régimen de La Habana afirmaron en la televisión estatal que el consumo de arroz y papa «no es un hábito cubano», intentando redirigir la culpa por el colapso del sector agropecuario hacia la ciudadanía. La estrategia comunicacional del gobierno cubano busca normalizar la escasez extrema reinterpretando la dieta nacional, mientras evade su responsabilidad directa en la profunda crisis de abastecimiento que mantiene a millones en la indigencia alimentaria.
El programa televisivo «Cuadrando la caja», un espacio de la Televisión Cubana diseñado para debatir las distorsiones económicas bajo el estricto marco del «socialismo cubano», ha sido el escenario de unas declaraciones que han generado un profundo rechazo social. Durante una emisión centrada en la crítica situación de la producción de alimentos en la isla, los invitados oficiales reconocieron la incapacidad del Estado para satisfacer la demanda interna, pero en lugar de ofrecer soluciones estructurales, optaron por cuestionar las preferencias culinarias de los cubanos.
El doctor en Ciencias Roberto Caballero Grande, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, fue el encargado de articular este despropósito. Caballero sostuvo que uno de los grandes obstáculos para la soberanía alimentaria radica en que en Cuba «nos habituamos a comer cosas que no son propias de nuestro país». Con un tono paternalista, el funcionario descartó de tajo la papa como un alimento nacional, argumentando que es un cultivo de origen andino que requiere insumos y semillas importadas que la economía centralizada no puede sostener.
Para reforzar su tesis, el especialista recurrió a una anécdota en la que un ciudadano italiano cuestionaba la inversión estatal en la papa frente a la disponibilidad de viandas tradicionales como el boniato, la yuca, el ñame o la malanga. La afirmación de que con el dinero invertido en la papa se podría «inundar al país» de tubérculos ignora una realidad ineludible: ni siquiera estas viandas consideradas «autóctonas» logran llegar de manera estable a las mesas cubanas debido a la ineficiencia en la cadena de distribución y la falta de combustible para el transporte agrícola.
El ataque contra la dieta básica de los cubanos se extendió al arroz, pilar fundamental de la nutrición en la isla. Caballero calificó de «desmesurados» los niveles de consumo de este cereal y lanzó una afirmación que roza lo absurdo: «Nosotros no somos asiáticos. Eso no es un hábito cubano». Ante la lógica observación de la presentadora del espacio, quien recordó que el consumo de arroz es ya una tradición arraigada en la población, el experto respondió que «eso se cambia», sugiriendo de manera cínica que la propia escasez forzará a los ciudadanos a adaptarse a otros alimentos.
Estas declaraciones exponen la naturaleza del discurso oficial frente a la crisis: un ejercicio de manipulación psicológica o gaslighting estatal. En lugar de asumir la responsabilidad por el fracaso de las políticas agrícolas, la dictadura intenta convencer a la población de que sus necesidades y gustos son los equivocados. Millones de cubanos asocian hoy el arroz y la papa no solo con la tradición, sino con la mera supervivencia en un contexto donde la inflación galopante y el deterioro del poder adquisitivo han convertido cualquier fuente de calorías en un lujo inalcanzable.
El ingeniero José Carlos Cordovés Urquiza, director general de política industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, aportó una visión institucional igualmente desalentadora, aunque más anclada en la realidad económica. Cordovés reconoció de manera explícita que la producción de alimentos en Cuba no satisface la demanda de la población, un fracaso que atribuyó a la crisis energética, la dependencia de importaciones y los bloqueos financieros del propio sistema. La admisión de que la industria alimentaria está paralizada por la falta de recursos contrasta con la retórica triunfalista que suele emanar de las altas esferas del poder.
El funcionario defendió la existencia de una infraestructura industrial creada durante décadas, insinuando que con mejores flujos financieros podría recuperarse. Sin embargo, este argumento omite la causa raíz de la parálisis: el control estatal absoluto y la falta de incentivos para el sector privado. La agricultura en Cuba está asfixiada por un modelo de planificación central que impone precios topes irracionales, obligando a los productores a operar con pérdidas. Como señaló Caballero, «el agricultor no puede vender a un precio inferior a lo que le cuesta hacerlo», una máxima básica de la economía que el gobierno cubano se empeña en ignorar mediante decretos y regulaciones asfixiantes.
El mito de la agricultura sostenible como máscara de la pobreza
Uno de los ejes centrales del programa televisivo fue la promoción del concepto de «agricultura sostenible» como solución milagrosa a la crisis. Desde la óptica del régimen, esta forma de agricultura se presenta como eficiente en el uso de recursos, resiliente y socialmente justa. No obstante, para el cubano común, la «agricultura sostenible» impuesta por la fuerza de las circunstancias se traduce en el abandono de la mecanización, la falta de fertilizantes y un retroceso a métodos de subsistencia que limitan drásticamente los rendimientos productivos.
El debate sobre la soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones es un caballo de batalla recurrente del régimen de La Habana. Desde los años noventa, durante el colapso económico conocido como «Periodo Especial», el Estado ha utilizado este discurso para maquillar su incapacidad de mantener los niveles de importación que sostenían la falsa prosperidad subsidiada por la antigua Unión Soviética. La actual crisis energética y financiera no es más que una repetición de aquel periodo, ahora agravada por el endurecimiento de la represión y la fuga masiva de fuerza de trabajo.
La realidad contextual de Cuba demuestra que la escasez no es producto de malos hábitos de consumo, sino de un sistema totalitario que monopoliza la tierra, los insumos y la comercialización. La dictadura mantiene un control asfixiante sobre la tenencia de la tierra y el crédito agrícola, impidiendo que los productores privados puedan desarrollar sus potencialidades. Cuando un campesino no tiene garantizado el acceso a combustible para sus tractores o fertilizantes para sus cultivos, el problema no es que la población demande papa o arroz, sino que el Estado ha destruido las capacidades productivas del país.
Normalizar el hambre como política de Estado
La estrategia de «Cuadrando la caja» y de los funcionarios invitados se enmarca en una campaña más amplia de la dictadura para normalizar el hambre y la miseria. Al sugerir que la ciudadanía debe adaptarse a la escasez y modificar sus hábitos alimenticios, el gobierno cubano busca diluir la indignación social. Se trata de un ejercicio de reingeniería social donde el ciudadano es culpado por exigir lo mínimo indispensable para vivir, mientras la cúpula del poder mantiene sus privilegios y su acceso a productos importados y de alta calidad.
La soberanía alimentaria real no se logra con decretos ni con programas televisivos que pretenden reeducar el paladar de la población. Se logra garantizando la propiedad privada de la tierra, liberando los mercados, permitiendo la libre importación de insumos y eliminando la burocracia parasitaria que mediatiza cada etapa del proceso productivo. Mientras el régimen de La Habana continúe culpando a los cubanos de su propia desgracia, la crisis alimentaria seguirá profundizándose y la frustración popular seguirá acumulándose contra un sistema que ha demostrado ser incapaz de proveer lo más elemental: el derecho a comer.
