En medio de la ofensiva del régimen de La Habana por retomar el control de las remesas y asfixiar a la pequeña empresa privada, Sandro Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro, prepara el lanzamiento de su plataforma de compraventa de divisas, «Vampicash». Mientras las autoridades cubanas persiguen y encarcelan a ciudadanos comunes por especular con el dólar, el heredero de la dinastía disfruta de una impunidad absoluta, amparado por su linaje y sus estrechos vínculos con la cúpula militar y empresarial de la isla.
La repentina discreción de Sandro Castro en sus redes sociales respecto a sus negocios de remesas y venta de motos eléctricas no obedece a un arrepentimiento, sino a una maniobra de protección calculada. La ofensiva emprendida por el gobierno cubano contra las mipymes incluidas en la lista negra y contra los operadores del mercado informal ha comenzado a cobrar víctimas. Sin embargo, el joven empresario es plenamente consciente de que su cuello está a salvo gracias a la protección que le otorga su apellido. Su estrategia consiste en mantener un perfil bajo hasta que la tormenta represiva amaine y, de paso, agilizar la legalización de su controvertida plataforma financiera.
El proyecto «Vampicash» no es una ocurrencia surgida en la frivolidad de las fiestas del entorno castrista, sino una jugada respaldada por miembros de su propia familia conocedores del terreno. La intención es simular una fachada de legalidad para un negocio que, en la práctica, compite directamente con el monopolio cambiario de la empresa militar GAESA y del Banco Central de Cuba. Mientras la dictadura amenaza con la cárcel a cualquier ciudadano que opere en el mercado paralelo de divisas, el nieto del exgobernante tramita una licencia para hacer exactamente lo mismo, gozando de un trato preferencial que ningún otro cubano podría siquiera soñar.
La hipocresía del sistema queda al descubierto al observar cómo ciertos negocios vinculados a la élite son protegidos e incluso premiados. Un ejemplo de ello es el mercado que administra su prima, Lisa Titolo, ubicado en las inmediaciones del EFE Bar de Sandro. A pesar de vender productos importados y operar con dólares utilizando la tasa del mercado informal, este establecimiento ha sido galardonado con la categoría de Proyecto de Desarrollo Local. Esta distinción no solo blinda al negocio de cualquier persecución, sino que le garantiza acceso a fondos de ayuda internacional que, paradójicamente, terminan engrosando las arcas del régimen cubano.
La plataforma de Sandro Castro aspira a suplir un mercado cambiario oficial que el Banco Central no ha logrado instrumentar, perpetuamente estancado a la espera de permisos que en el castrismo solo se otorgan por la voluntad o el capricho de la cúpula. El joven heredero, sobrado de influencias y respaldo familiar, busca posicionarse como el único intermediario «legalizado» para la especulación con divisas. Sus anuncios públicos, donde presume de ser un «financista», evidencian el descaro de quien puede operar al margen de la ley sin temor a las consecuencias, a diferencia de los cientos de cambistas que hoy enfrentan procesos penales.
Las empresas del nieto de Raúl Castro, a excepción del conocido bar, operan en una franja de ilegalidad tolerada solo para los elegidos. Existen fuertes indicios de que sus negocios de remesas y vehículos eléctricos se desarrollan en sociedad con su amigo Erick Ruiz, y que las ganancias se comparten con verdaderos financistas radicados en el extranjero, específicamente en Cancún y Miami. Estas conexiones se habrían gestado a través de figuras como el exempresario Geoffrey Rodríguez y el repatriado Santiago Rivero Morales, este último célebre por sus declaraciones a favor de la dictadura tras su regreso a la isla.
Resulta llamativo que el Departamento de Delitos Económicos del Ministerio del Interior (MININT), dirigido por el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, parezca ajeno a estas operaciones ilícitas. La cruzada oficial contra el mercado informal de divisas y contra plataformas independientes se ensaña con los ciudadanos de a pie, pero gira la mirada ante los movimientos del entorno del poder. La impunidad de Sandro Castro es un reflejo claro de cómo la justicia en Cuba está supeditada al estatus político y a los lazos de sangre con la élite gobernante.
El reciente escándalo que culminó con la destitución y posterior señalamiento del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, es un recordatorio de la arbitrariedad que reina en la cúpula castrista. Gil fue convertido en chivo expiatorio, despojado de su cargo y exhibido como ejemplo de corrupción cuando el régimen necesitaba desviar la atención de la profunda crisis económica. Este precedente demuestra que cualquier excentricidad, incluida la legalización de una plataforma como «Vampicash», es susceptible de concretarse en un sistema que ha gobernado durante más de seis décadas a base de improvisación y ensayo y error, sin alcanzar un solo acierto económico.
El nombre elegido para la plataforma, «Vampicash», no podría ser más acertado y lúgubre para describir la esencia del modelo económico cubano. Evoca la forma violenta en que el castrismo, bajo el histórico lema de «patria o muerte», ha drenado los recursos y los bolsillos de la población. La pretensión de la dictadura de monopolizar las remesas se basa en la creencia de que todo flujo de divisas es propiedad del Estado, criminalizando cualquier vía alternativa y obligando a los cubanos a utilizar los canales oficiales de GAESA, donde el dólar se diluye en una moneda virtual sin valor real.
El control de las remesas y el ahogo económico en Cuba
Para comprender la magnitud de la ofensiva gubernamental contra los cambistas y remesadores, es necesario observar el contexto de asfixia económica que atraviesa la isla. Cuba depende de manera vital de las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, para sostener el consumo interno y, en última instancia, para inyectar divisas frescas al sistema. Sin embargo, el régimen de La Habana ha visto cómo el mercado informal y las pequeñas empresas privadas han capturado una porción significativa de estos flujos, escapando al control estricto de las autoridades.
La creación de las mipymes abrió una brecha en el monopolio estatal, permitiendo la circulación de divisas fuera de las garras de GAESA. Ante la incapacidad del Banco Central para ofrecer un mercado cambiario funcional y frente al desplome del peso cubano, la población recurrió a plataformas independientes y a cambistas callejeros para determinar el valor real de su dinero. Esta pérdida de control ha sido interpretada por el gobierno cubano como una amenaza directa, desatando una campaña de criminalización que ignora la responsabilidad estatal en el colapso monetario.
En este escenario de escasez y represión, la figura de Sandro Castro representa la máxima expresión de la desigualdad y el nepotismo. Mientras el ciudadano común es acosado por el MININT por intentar sobrevivir mediante la intermediación cambiaria, los herederos de la dictadura negocian con millones de dólares, importan productos de lujo y diseñan plataformas financieras con total impunidad. La doble moral del sistema es la herramienta principal para mantener el control: se reprime al sector privado independiente, pero se protege y se financia a la burguesía estatal disfrazada de emprendedurismo.
La naturaleza calculadora de la élite
El comportamiento de Sandro Castro, que oscila entre exigir el fusilamiento de funcionarios caídos en desgracia y coquetear públicamente con figuras de la oposición como José Daniel Ferrer, no es más que una táctica de supervivencia. Como miembro de la dinastía, carga en la sangre la naturaleza calculadora y fría que ha caracterizado al castrismo. Sus deslices políticos y sus muestras de supuesta apertura son pólizas de seguro para garantizar su posición en caso de que el panorama político se vuelva insostenible para el régimen que defiende.
Finalmente, la eventual aprobación de «Vampicash» como un proyecto legal confirmaría lo que la sociedad cubana ya padece: la justicia y la economía en la isla están secuestradas por una familia y su entorno militar. Mientras la dictadura continúe succionando los escasos recursos de la nación y protegiendo a su progenie, el futuro de Cuba seguirá secuestrado por los mismos vampiros que han gobernado su destino durante más de medio siglo.
