Las autoridades de la isla intentan detener a Oscarleydis Blanco Lobaina, un activista de 36 años residente en Baracoa, tras su participación en las protestas surgidas este lunes en los barrios de Bermejal y Cabacú. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha amenazado con procesarlo por desobediencia si no se entrega voluntariamente, en un nuevo episodio de criminalización de la protesta social en Cuba.
Según relató la madre del activista, Clara Lobaina, el jefe de sector acudió a la vivienda familiar con la intención de llevarse al joven, quien no se encontraba en el lugar. Los agentes dejaron un ultimátum: presentarse en la estación policial o enfrentar un cargo por desobediencia. La mujer denunció la selectividad de la represión, señalando que la protesta fue masiva, pero el aparato policial se enfoca en silenciar a su hijo. \»Cuando el policía me dice para lo que era le contesté que se iban a tener que llevar a Bermejal entero\», manifestó la madre en clara alusión a que la indignación es generalizada.
El estallido ocurrió en la noche del lunes, cuando los vecinos de Cabacú salieron a las calles tras soportar un apagón de más de 24 horas. La respuesta ciudadana, que incluyó cacerolazos y gritos de reclamo, trascendió la simple queja por la falta de electricidad para convertirse en una expresión del malestar acumulado por la profunda crisis estructural que atraviesa el país. Sin embargo, la respuesta del régimen de La Habana ha sido la habitual: desplegar la fuerza policial para intimidar a la población y buscar cabezas de turco para escarmentar al resto.
Un historial de persecución política
Oscarleydis Blanco Lobaina no es un objetivo casual para la dictadura cubana. El joven, quien tiene vínculos pasados con la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuenta con un amplio historial de activismo y represión documentado por el observatorio de derechos humanos EyeOnCuba. La organización ha registrado constantes episodios de vigilancia, hostigamiento y amenazas por parte de la Seguridad del Estado, incluyendo advertencias directas de que \»la celda ya lo estaba esperando\» si continuaba con sus actividades cívicas en su comunidad.
La persecución contra Blanco Lobaina se remonta a años anteriores. En febrero de 2021, fue víctima de actos de repudio tras protestar frente al edificio del Ministerio de Cultura en Baracoa, conocido como \»Casa del Chocolate\», debido a las interminables colas para adquirir productos básicos. Asimismo, su nombre figura en los listados de detenidos y desaparecidos durante la ola represiva que siguió a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando fue privado de libertad y sometido a un proceso penal por el supuesto delito de \»resistencia\».
La cacería contra este activista refleja la estrategia del gobierno cubano de descabezar cualquier intento de organización civil, especialmente en medio del colapso del sistema eléctrico y la escasez extrema de alimentos y medicinas. Mientras la crisis empuja a miles de cubanos a las calles por necesidades básicas, el Estado prioriza la intimidación y el encarcelamiento preventivo. Esta dinámica deja a la ciudadanía en una encrucijada: soportar el infortunio en silencio o enfrentar el peso de un aparato judicial diseñado para aplacar la disidencia, lo que augura un escenario de mayor tensión social y represión en los meses venideros.
